Sagunt y los municipios del Camp de Morvedre solicitarán a la Generalitat la declaración como zona de mercado residencial tensionado

El Ayuntamiento de Sagunt ha aprobado una moción en el pleno ordinario de junio para solicitar a la Generalitat Valenciana que inicie los trámites para la declaración de Sagunto como zona de mercado residencial tensionado, tal y como se establece en la ley por el derecho a la vivienda. El acuerdo también contempla abordar la problemática de acceso a la vivienda junto al resto de ayuntamientos del Camp de Morvedre, así como coordinar estrategias y medidas a nivel comarcal ante la administración autonómica.

La moción fue presentada en el pleno por el grupo político EU-PODEM a través de su portavoz, Roberto Rovira. Respecto a la votación, la moción fue aprobada con los votos del PSPV, Iniciativa Porteña, Compromís y EU-PODEM; mientras que el PP y VOX votaron en contra.

En el texto de la moción también se especifica solicitar a la Generalitat Valenciana que inicie los trámites para la declaración de otros municipios de la Comunidad como zona de mercado residencial tensionado “para orientar de este modo las actuaciones públicas en materia de vivienda en las zonas en las que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población y proporcionar unos alquileres asequibles”. De igual modo, también concretaron dar cuenta del acuerdo aprobado a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Tal y como se recoge en el apartado de exposición de motivos de la proposición, la especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente miles de personas y que afecta a amplios sectores de la población, “en la comarca del Camp de Morvedre, y muy especialmente en la ciudad de Sagunt, la situación se ve agravada ante las expectativas de trabajo generadas en torno a la futura gigafactoría y el resto de las industrias. La oferta de alquiler en toda la comarca no solo es muy limitada en número, sino que los precios están desorbitados, algo inasumible para las familias”.

En el texto de la moción aprobada también se establece que la vivienda es un “derecho reconocido internacionalmente como uno de los derechos humanos básicos y fundamentales” y, ante el grave problema de acceso a la misma, las instituciones deben adoptar una “posición activa”. Por ello, tal y como se explica en el documento, “e necesario acabar con los precios abusivos e ir adoptando mecanismos, uno de nuestros compromisos, que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada”.