Corrupción cañí
La generación que nos legó el modelo de democracia que hoy conocemos anduvo fascinada con la integración europea por unas comprensibles ansias de legitimidad democrática e internacional. Este tótem empieza a ser cuestionado entre nosotros por las nuevas cohortes, en base a las desigualdades económicas estructurales Norte-Sur tras las sucesivas ampliaciones y las flagrantes invasiones en parcelas de la soberanía nacional que antes pasaban inadvertidas.
Tal entreguismo, dimanante del hambre de homologación pasado, suscita una interacción que transita entre la dependencia propia y la condescendencia ajena. Sensaciones que se desprenden del reciente informe –febrero del corriente- de la Comisión Europea en materia de corrupción, que no es hecho diferencial aquí pero sí plusmarca.
El citado informe parte de un Eurobarómetro Especial planteado en 2013 alrededor de este tema central, el cual afecta diariamente, según cifras del sondeo en cuestión, a un 63% de los españoles, muy por encima del promedio del 26% de la UE. El repaso al marco legal e institucional de partida sitúa a España en la onda de los países comunitarios, pero la sucesión de leyes referidas a regeneración y transparencia desde principios de 2013 alerta de las omisiones y debilidades de las regulaciones precedentes. Europa, por su parte, se concede un tiempo prudencial para, desde una postura buenista, juzgar los resultados.
El análisis comunitario enfatiza los aspectos estructurales, autóctonos en este caso, de la corrupción española, centrándose en el desproporcionado crecimiento del urbanismo y el endogámico corporativismo de los partidos y las componendas en su financiación a cargo de una Banca fuertemente cooptada por ellos.
La siguiente tara se achaca al déficit funcional del sistema, es decir, a la lentitud y la ineficacia por la falta de medios. Un número creciente de casos complejos que se eternizan y unas sanciones que llegan tarde y con un efecto disuasorio consiguientemente mermado.
Por último, la diversidad territorial inherente a la naturaleza del Estado es considerada como una dificultad añadida desde instancias comunitarias y se aduce como prueba la disparidad interterritorial baremada por sus indicadores al efecto. Sorprende un tanto esta aseveración, proviniendo de una entidad multilateral –cada vez más estatalizada, eso es cierto- y que a este paso va a convertir su original ensalzamiento de las regiones en mera literatura, precisamente en una coyuntura en la que el concepto de proximidad tiende a revalorizarse como reacción a determinados efectos perniciosos de la globalización.
El rapapolvo europeo se promulga, como habíamos comentado, desde una posición condescendiente, con abuso mediante en el texto del informe de la expresión “un paso hacia delante”, referida a los intentos de sutura efectuados.
Por estos lares, la plasmación, resulta más tremendista y, desgraciadamente, atinada: según Transparency International, España es el segundo país, tras Siria, donde más aumenta la percepción de corrupción.
