El corruptor del 'caso Azud' se enfrenta al fiscal: “Cinco meses en prisión por un PDF publicitario sobre Luxemburgo”

El penalista Manolo Mata, abogado del presunto corruptor del 'caso Azud', ha lamentado en un recurso la “muy preocupante situación anímica, emocional y de deterioro síquico” del empresario Jaime Febrer. El cliente de Mata “ha estado cinco meses en prisión mientras se le localiza un supuesto dinero en el extranjero que no existe, pero que en cualquier caso sería suyo pues no es fruto de un quebranto económico de la administración”, indica el recurso.

“Mi mandante estuvo cinco meses en prisión por un PDF publicitario sobre Luxemburgo”, agrega en referencia a un documento denominado “Luxembourg Financer” intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el servidor del despacho de Febrer.

El recurso asegura que la defensa del empresario desconoce qué hechos se le imputan y sostiene que las operaciones que analiza la UCO son “ruinosas” para Jaime Febrer. La investigación, agrega, “criminaliza varias actividades” del empresario al analizar su agenda de reuniones y los contratos con “decenas de profesionales”, entre ellos “alguno que trabaja a resultado pero al ser ex jefe de la Agencia Española de la Administración Tributaria no se le investiga”, desliza el letrado Manolo Mata.

Ocho terabytes de documentación

La defensa de Febrer tilda la instrucción de “prospectiva” y sostiene que “siempre que se busca, con suficiente ahínco, en una investigación criminal, se encuentra algo”. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, encargada del 'caso Azud', aún no ha puesto a disposición de las defensas los aproximadamente ocho terabytes de documentación que permanecen bajo secreto debido a problemas de orden técnico y de falta de recursos de la administración de justicia. “El secreto de las actuaciones no es total”, lamenta el recurso, que sostiene que los 500.000 folios, según sus cálculos, bajo secreto contienen los elementos de defensa y “contribuirían a aclarar las novelescas interpretaciones de la investigación”.

“No dudamos que las cinco piezas secretas también estarán vinculadas a políticos, próximos a políticos o familiares de políticos, de los que además se sospechará que tienen bienes ocultos”, profetiza el escrito.

La poca agilidad de la administración de justicia, una plaga endémica, para entregar los terabytes a las defensas ha propiciado un pique entre el penalista Manolo Mata, exportavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, y el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. En respuesta a un recurso anterior de Mata, el representante del Ministerio Público le espetaba: “Los problemas y la carencia de medios en la justicia valenciana deberían ser de sobras conocidos por el recurrente, dada su condición de político, y dirigir los reproches a las entidades encargadas de suministrar los medios, puesto que bien sabe que no existe ninguna partida presupuestaria asignada a Juzgados o a la Fiscalía”.

La respuesta del penalista no se ha hecho esperar: “Desde mi colegiación en febrero de 1984 jamás había leído un escrito de un representante del Ministerio Público que aludiera a una condición personal, en este caso la militancia política y el ejercicio de cargos públicos de manera esporádica, no ya del recurrente, sino del letrado del recurrente”, responde Mata en su escrito (como la cabra tira al monte, también se refiere a la “proverbial carencia de medios de la administración de justicia, muy atemperada en estos últimos años con importantísimas inversiones, pero que es trasladable a cualquier ámbito de gestión pública, educación, sanidad o atención social”).

La mención del fiscal a la condición política del letrado, abunda el recurso, “refleja una animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción”. De hecho, el escrito también se refiere al próximo juicio oral —“de extensa duración”— del 'caso Alquería' en el que fiscal y letrado figuran como acusación y defensa, respectivamente. “El trabajo de las defensas no es buscar la verdad, es defender, a diferencia de los poderes del estado”, recuerda el penalista.

¿Corrupción o 'lobby'?

Tras el ajuste de cuentas, Mata entra en materia y enmarca la actividad de su cliente en la “colaboración público-privada” e incluso alude a la ley autonómica que regula los grupos de interés. “Es imposible que los poderes públicos puedan resolver los conflictos que se plantean en las sociedades, o simplemente mejorar la vida de la ciudadanía sin conocer propuestas, razones o incluso ensoñaciones que particulares, empresas y profesionales alimenten, y para ello es fundamental que los políticos mantengan reuniones con particulares, empresas, firmas que defienden intereses de terceros o profesionales de la abogacía”, argumenta el letrado.

En la línea del rifirrafe con Anticorrupción, el escrito reprocha que “la imagen que traslada la UCO en sus informes, que hace suyos el Ministerio Fiscal y valida el Juzgado, es que la corrupción es generalizada, que empresarios, políticos y funcionarios son masivamente corruptos y corruptores y no es así”. El abogado argumenta que su cliente y el exvicealcalde Alfonso Grau “son amigos desde hace muchísimos años estando ambos vinculados al Rotary Club”. Además, también defiende que el exconcejal socialista Rafael Rubio “no llevaba las competencias ni de Urbanismo ni de Hacienda” en las fechas en que se produjo una de las operaciones investigada por la UCO (la acusación sostiene que el también ex subdelegado del Gobierno cobró 300.000 euros de la presunta trama por su silencio).

Manolo Mata, que también se ha adherido al recurso de José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, afirma que la investigación “sólo es posible si se determina que dos abogados, [el presunto conseguidor socialista José Luis] Vera y Corbín, al estar vinculados a la política indirectamente (uno vinculado de alguna manera y otro familiarmente) son unos absolutos inútiles y sólo se les puede contratar si es para corromper”.

En definitiva, reza el escrito, “la actividad política es una de las más nobles actividades a las que se puede dedicar una persona”. “De ahí a criminalizar reuniones o conversaciones con políticos, investigar a sus conmilitantes, familiares, próximos hasta la extenuación sólo por ser políticos o estar vinculados a ellos, vulnerando derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, supone una distorsión del procedimiento penal”, abunda el recurso. 

El escrito de Mata considera “terrible” que se “criminalice” comportamientos de personas fallecidas, como Néstor Ramírez (“uno de los más brillantes juristas de la ciudad de Valencia, que durante más de treinta años ejerció las más altas responsabilidades en la asesoría jurídica municipal, con todo tipo de gobiernos, buscando todo tipo de soluciones en defensa de los ciudadanos, siendo muy relevantes sus acerados artículos semanales en el diario Levante”); Juan Antonio Altés (“redactor del Plan General de Valencia de 1988, servidor público donde los haya, con una extraordinaria calidad humana y que ha ejercido sus funciones con todo tipo de gobiernos”) y Carlos Masía (“responsable de Aumsa desde su creación, con todo tipo de gobiernos, y que ha prestado extraordinarios servicios a la ciudad”).