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La defensa de Camps en 'Gürtel' no logra debilitar las pesquisas policiales sobre la “estructura al servicio del delito”

El inspector Manuel Morocho (a la izquierda, con chaqueta gris) y el letrado de Francisco Camps, el penalista Pablo Delgado (en el recuadro).

Lucas Marco

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El abogado de Francisco Camps lo intentó por tierra, mar y aire. Sin embargo, la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana no logró debilitar las conclusiones de las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el 'caso Gürtel', comandadas por el inspector jefe Manuel Morocho. Han sido en total “14 años de investigación de una estructura al servicio del delito”, destacó el testigo perito ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Camps, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

En un interrogatorio repleto de apercibimientos al abogado de Camps —“le está contestando pero apenas empieza a hablar usted le interrumpe”, le llegó a decir el magistrado José Antonio Mora Alarcón— no afloró ningún punto oscuro de las pesquisas policiales.

El penalista Pablo Delgado se quejó de la publicación “en todos los medios de Prisa” de las “conocidísimas” conversaciones telefónicas entre Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Francisco Camps. El policía recordó que los pinchazos telefónicos se hicieron por orden judicial del instructor: “Las noticias en medios de comunicación son ajenas a la investigación y al Grupo 21 [de la UDEF] del que yo era responsable”.

La defensa de Camps también recurrió a las afirmaciones del comisario José Manuel Villarejo, en una entrevista en el diario Abc, según las cuales el 'caso Gürtel' se habría iniciado a petición del exministro socialista del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. El magistrado le indicó que ese “material” no consta en la causa que se juzga en la Audiencia Nacional y la fiscal anticorrupción recordó que el Tribunal Supremo ha validado hasta en siete sentencias las intervenciones telefónicas.

Acto seguido, el letrado de Camps preguntó al testigo perito por la intervención en la investigación del 'caso Gürtel' del comisario José Luis Olivera, el exjefe de la UDEF muy cercano a Villarejo. “Era el responsable último de la unidad, tenía conocimiento de los avances, la norma legal así lo dice”, explicó Morocho, quien también negó que Olivera participara en la confección de informes.

Su jefe, matizó el policía, tenía la función de “conocer qué investigaciones existen en la unidad de la que es responsable”. Las únicas reuniones con sus superiores, agregó Morocho, fueron sobre cuestiones de intendencia que tenían que ver con los recursos con los que contaba para llevar a cabo las pesquisas.

Los informes que conforman los sumarios de 'Gürtel' pasaban antes de llegar a manos de los jueces instructores a su jefe de sección. “Lo que ya hiciera con ellos, él sabrá”, añadió.

Los “escasos” recursos humanos de la UDEF

Durante el interrogatorio, el responsable de la investigación lamentó la falta de recursos de la unidad policial: “Cuando estábamos elaborando estos informes, tenemos otro conjunto de piezas [del 'caso Gürtel] en Madrid, en otros juzgados, y los recursos humanos son escasos, tenemos que buscar la manera de ser eficientes”, aseguró. “En otros escenarios hubiéramos profundizado muchísimo más peor los recursos que teníamos son limitados”, apostilló.

La defensa de Camps trató de cuestionar al Bigotes, cuya confesión tras un pacto con Anticorrupción apuntala la acusación contra el expresidente valenciano. Así, le letrado preguntó al inspector jefe si comprobó las aseveraciones del delegado de 'Gürtel' en Valencia en relación con los regalos navideños que Camps y su familia (incluyendo a su esposa, sus hijos, sus padres y sus suegros) recibieron de Orange Market, insinuando que fueron devueltos. “Todo lo que se dice [en las conversaciones telefónicas] tiene visos de realidad porque, al final, los documentos intervenidos lo han confirmado”, argumentó Morocho.

Los agentes encargados de la investigación no hallaron rastro alguno de devoluciones de regalos, ni en los registros de la sede de Orange Market ni en las contestaciones a los requerimientos por parte de los establecimientos de lujo en los que El Bigotes los compraba. Morocho también recordó que el “espacio temporal” en que se pinchó los teléfonos de los miembros de la trama fue “muy limitado”.

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