Un alto cargo de Fabra culpa al expresident por el fraude de la Fórmula 1
La compra con dinero público de Valmor, la empresa a la que la Generalitat otorgó a dedo la gestión de la Fórmula 1 en Valencia, fue una decisión de Alberto Fabra avalada por el gobierno valenciano en pleno. Así lo han declarado casi todos los testigos que han desfilado por el juzgado que investiga el asunto. El último, Luis Lobón, exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos.
Lobón era directivo de Circuito del Motor, la empresa pública que compró Valmor por un euro y la asunción de sus 33 millones de deuda. El exalto cargo de la Generalitat asegura que la operación, ruinosa para el erario público, fue impulsada, sin mencionarlo, por el presidente de la Generalitat y su gobierno en pleno.
Durante su interrogatorio, Lobón ha dejado claro que el consejo de administración de Circuito del Motor ni siquiera debatió sobre la compra de una empresa que estaba al borde de la suspensión de pagos. Tampoco realizó, con anterioridad a la operación, ningún informe sobre la conveniencia de la adquisición. Y ha reconocido que la sociedad pública, con estrechos lazos con Valmor por la colaboración público-privada en la organización de la competición, era conocedora de la inviabilidad de la empresa privada.
Pese a todo ello, la dirección de la empresa aceptó las órdenes de la Generalitat. ¿Por qué?, se ha preguntado durante la comparecencia. Porque las órdenes venían de órganos superiores. ¿Qué órganos superiores? Las instancias con mando sobre Circuito del Motor, conselleria del ramo aparte, eran el presidente de la Generalitat -Fabra- y el gobierno valenciano en pleno (el Consell), ha explicado Lobón.
Lobón, que es uno de los altos cargos valencianos juzgado en el caso Nóos, se ha desmarcado sin ambages de la compra de Valmor. Antes ya lo hicieron dos de los cargos de la empresa impulsada por otro expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, para sacar la Fórmula 1 del ámbito de la gestión pública, José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y Fernando Roig, empresario con intereses variados.
Otro exalto cargo del PP, Nicolás Figueras, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, aseguró que su firma fue falsificada para justificar la compra. La Fiscalía Anticorrupción imputa a Camps, una de sus exconselleras, Lola Johnson, y Jorge Martínez 'Aspar', socio de Valmor con Olivas y Roig, los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sobre Fabra, de momento, no pesa imputación alguna.
