El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE se niega a declarar ante la jueza del 'caso Azud'

José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE suspendido de militancia en el partido a raíz de su imputación en el 'caso Azud', se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargada de la investigación. Cataluña figura como investigado en la pieza principal del sumario. En el registro de su vivienda, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron anotaciones manuscritas que aludirían, según la tesis de los investigadores, a presuntas comisiones por obra pública.

El exdirigente socialista ha bromeado a su llegada a la Ciudad de la Justicia, donde estaba citado a declarar a primera hora de la mañana. “Soy el plato fuerte”, ha dicho tras declinar hacer declaraciones. Cataluña se ha limitado a asegurar que está “tranquilo”.

La tanda de declaraciones de este jueves continúa con Carmen Saurí Rodrigo, exjefa del servicio de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, y el ingeniero Salvador Grané. María Pilar Quintana Trenor, esposa del exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (ambos están investigados en la causa), cierra La Ronda de declaraciones.

Las pesquisas de la Guardia Civil salpican de lleno al PSPV-PSOE. La documentación hallada en la vivienda de Jose María Cataluña apunta, según los investigadores, a presuntas comisiones del 6% vinculadas a una UTE formada por Acciona y Construcciones Luján en el marco del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Ambas empresas fueron adjudicatarias, por 39,7 millones de euros, en un concurso de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente al frente del cual estaba en aquella época Cristina Narbona, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El 'caso Azud' ha sacado a flote una presunta trama de corrupción vinculada a proyectos urbanísticos del empresario Jaime Febrer, principalmente con administraciones controladas por el PP, especialmente el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de la alcaldesa Rita Barberá, y también con algunos consistorios gobernados por el PSPV-PSOE. Los investigadores de la UCO localizaron una lista de de objetivos prioritarios para proyectos urbanísticos (24 del PP y 13 del PSPV-PSOE).