La Generalitat cobrará hasta 167 euros al mes por la sanidad a los excluidos del sistema
El gobierno valenciano aprobó el viernes 20 de diciembre, a las puertas de navidad, y publicó el martes 24, horas antes de la celebración de Nochebuena, el decreto que regula el acceso a la sanidad de los colectivos más desfavorecidos, entre otros, los inmigrantes sin papeles o las personas que no cotizan a la seguridad social por, por ejemplo, carecer de empleo y haber agotado todas las prestaciones sociales.
El decreto, la aplicación de la normativa estatal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, fija entre 60 y 157 euros al mes, en función de la edad, el coste de la atención. Muchos seguros privados son más baratos. Quienes quieran acogerse a esta posibilidad, además, deberán probar que residen en España al menos durante un año, han de estar empadronados en la Comunitat Valenciana y deben carecer de acceso a la sanidad pública por cualquier otra vía.
¿Atención asegurada?
La Conselleria de Sanidad asegura que está norma está diseñada “para personas sin derecho a cobertura sanitaria pública, que, disponiendo de recursos económicos, deseen adherirse a la misma”, al tiempo que recuerda que los inmigrantes sin papeles “tienen garantizada la asistencia urgente”. En aplicación de la normativa estatal, las embarazadas y los menores acceden a la sanidad pública en las mismas condiciones que cualquier ciudadano que cotice a la seguridad social.
La oposición, sin embargo, ha criticado el decreto. Mónica Oltra, diputada de Compromís, crítica la “falta de lógica” de que “el coste de acogerse a la asistencia sanitaria pública sea muy superior al que la Conselleria está abonando por paciente a las empresas de gestión privada de hospitales públicos”, en referencia al Hospital de Alzira y otros centros de titularidad pública y gestión privada. Compromís pide a Sanidad que dé marcha atrás.
Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida, tampoco ha ahorrado críticas. “Este decreto es la materialización de la inhumanidad del Consell”, asegura. “Hay una segunda discriminación para los pobres, porque los que tengan dinero podrán acceder a la sanidad, pero los que no tengan continuarán fuera del sistema sanitario”.
