El Gobierno valenciano aprueba este viernes recuperar la gestión de las resonancias que Zaplana privatizó, causando sobrecostes millonarios

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se dispone a recuperar uno de los servicios sanitarios privatizados en el año 2000 por el expresidente de la Generalitat del PP, Eduardo Zaplana, quien decidió ceder al sector privado los diagnósticos de resonancia magnética en los hospitales públicos.

El pleno del Gobierno valenciano aprueba este viernes la recuperación pública de este servicio a partir del próximo 15 de diciembre, momento en el que los 113 empleados de la concesionaria, la unión temporal de empresas (UTE) Erescanner Salud, pasarán a formar parte del departamento que dirige la consellera Ana Barceló como personal laboral a extinguir, con un coste anual estimado de 5,4 millones de euros. La UTE está formada por Grupo Ascires (Eresa e Iberdiagnosis), Clínica Benidorm, y Ribera Salud.

Como informó elDiario.es, este modelo impulsado por Zaplana, actualmente investigado en el marco del caso Erial por las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico, ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas.

En concreto, según un informe de la Sindicatura de Comptes del año 2013, con el PP al frente del Consell, el “ahorro potencial anual” del servicio entre 2008, año en que se adjudicó, y 2018, cuando vencía, oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”. Es decir, el sobrecoste en los 10 años de contrato habría oscilado entre los 30,3 millones y los 160,7 millones en un contrato que de inicio se adjudicó por un importe de 497 millones. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros si fuera de gestión directa.

El informe aborda también los controles que la conselleria ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.

En los siete años anteriores en los que el servicio también fue de gestión privada practicamente por las mismas empresas, también se produjeron sobrecostes millonarios. En el año 2008, el diputado socialista Ignacio Subías puso números a estas valoraciones y denunció el sobrecoste de 100 millones de euros -un 60% respecto al dinero inicialmente estimado- que había supuesto a las arcas públicas privatizar las resonancias magnéticas.

El primer concierto, que expiraba en septiembre de 2008 y que se puso en marcha en enero de 2001, contemplaba un gasto de 167 millones de euros. Cada año se había ido sobrepasando el gasto previsto, y por ello los ingresos de las concesionarias, hasta el punto de que en 2006 ya se habían rebasado los 167 millones.