Imputada la presidenta de la CHJ por las irregularidades en Vaersa
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el caso Vaersa -la empresa pública Valenciana de Aprovechamientos Energéticos y Residuos-, ha imputado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, por su etapa en Vaersa, por presuntamente autorizar como consejera delegada de esta última entidad complementos de productividad al margen de la ley.
Así mismo, la magistrada ha imputado en este procedimiento judicial a la jefa de recursos humanos de Vaersa por autorizar presuntos pagos irregulares a un abogado externo que también ha sido imputado.vAsí consta en sendas resoluciones facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
“Sólo queda Juan Cotino”
El diputado de Compromís Juan Ponce ha asegurado tras conocer esta información que “el único que queda por imputar es Juan Cotino”, que fue presidente de la empresa pública.
Para Ponce, “esta imputación se añade a la larga lista de casos de corrupción que inundan las administraciones e instituciones valencianas que han sido gobernadas durante dos décadas por el Partido Podrido. Ahora es el turno de Ureña quién, además, había sido también Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y consejera delegada de Vaersa con el PP”.
“Todo esto es una consecuencia de la permisividad y la corrupción instaladas en el seno del PP mientras ha gobernado. Ahora lo que hace falta es poner punto y final a esta situación tan vergonzosa, que deja por tierra la imagen de la empresa pública. Y la mejor manera de hacerlo es que Ureña dimita”.
Tres piezas del caso
El caso Vaersa se divide en tres piezas, la principal y otras dos -estas dos últimas se centran en las contrataciones presuntamente irregulares de vehículos denunciadas por dos sindicatos y en el abono de servicios de asesoría y defensa jurídica a un abogado-. En todos los casos figuran como imputados los ex directivos de Vaersa Felipe Espinosa y Enrique Simó.
La apertura de la causa principal se acordó el 23 de junio de 2014 a raíz de una querella de Fiscalía interpuesta contra Felipe Espinosa y Enrique Simó como presuntos autores de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Este caso se inició por una investigación sobre el reparto de caudales públicos en concepto de productividad.
Respecto a la exconsejera delegada María Ángeles Ureña, Espinosa manifestó en su declaración como imputado como ésta era la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad, y señaló que si ella no lo hubiese autorizado, no se hubiera pagado. Ha sido citada a declarar al entender que presuntamente autorizó el abono de cantidades importantes en concepto de productividad al margen de la legislación vigente, “con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”.
Por su parte, respecto al letrado imputado, Enrique Bru, prestó servicios en Vaersa como abogado externo desde abril de 1995 hasta el 17 de enero de 2012, fecha en que presentó su dimisión. Presentaba facturas semestrales a las que daba su conformidad la directora del Departamento de Recursos Humanos -imputada-, Ana Bayarri.
Pagos al letrado
Entre el 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2011, Bayarri, Espinosa y Simó abonaron al letrado la suma de 470.000 euros por servicios de asesoría y defensa jurídica por el concepto genérico de 'redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa'.
En el mismo periodo también pagaron al letrado hasta un total de 1.831.665,25 euros por asuntos concretos individualizados, pese a la existencia de un Convenio de Asistencia Jurídica suscrito en febrero de 2006 entre Vaersa y el Consell de la Generalitat. En virtud de este convenio, el Gabinete Jurídico de la Generalitat prestaba asistencia jurídica a Vaersa por medio de los letrados integrados en dicho órgano.
Además, los servicios prestados por el abogado se realizaron sin formalización del correspondiente contrato administrativo con Vaersa. Y, por otra parte, siendo la entidad una empresa pública de la Generalitat, para efectuar los pagos a un letrado tiene que acudir en las minutas a los honorarios fijados por los respectivos Colegios de Abogados.
Bayarri, en su calidad de directora de Recursos Humanos, controló el abono de las facturas presentadas por el abogado, emitiendo las correspondientes certificaciones de conformidad pese a la “inexistencia” de servicios facturados como prestados, “con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas”, según se indica en la resolución judicial.
