Interinidad en la política valenciana

“Apàtrides extasiats

amb la passió del retorn

idearen el parany d’Ítaca.

Una vegada més, els savis,

pronosticant l’edat del somni,

esdevingueren còmplices de la història“

 Lluís Alpera. ‘Els fidels dits del cant’. València, 1990

El pistoletazo de salida lo ha disparado Yolanda Díaz con la puesta de largo de su opción política Sumar. Los partidos valencianos se aprestan a tomar posición sin vuelta atrás. Podemos revive su fundación y yerra al interferir ante lo que debería asumir sin reticencias la formación morada, hoy desmochada y en declive. Compromís asiente y participa. La travesía será larga y dura. 

Hay dos clases de política. La política que interesa a los partidos políticos y la que señala destino y marca  época:  la que conviene a los ciudadanos. Angel Ganivet se preguntaba: ¿Qué somos? Somos lo que todos saben, lo que es todo en España: una interinidad. Y añadía, “pero hay mil modos de entender lo que es una interinidad”. Los procesos políticos son siempre consecuencia de algo. El País Valenciano ha pasado 36 años, desde que renegó a su denominación preautonómica, gobernado por el bipartidismo. La Generalitat Valenciana atravesó por diversas etapas de bipartidismo. Primero puro, entre PSOE y Partido Popular, desde Joan Lerma a Alberto Fabra. Después, los socialistas coaligados con Compromís bajo el signo del Espíritu de Morella, como ideario de gobierno. El primer movimiento, previo al Pacte del Botànic en mayo de 2015, condujo a la desmembración del Bloc Nacionalista Valencià en aras al bien superior de Compromís. Asalto a Troya con la utilización de caballo repleto de cómplices en aras al poder que se venteaba tras la estela del movimiento imperante de los “indignados”. Desde 1978, con la presidencia de José Luís Albiñana Ollmos, en la Generalitat , el País Valencino no ha salido de la interinidad. Los gobiernos de Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luís Olivas, Alberto Fabra y ahora el Consell presidido por Ximo Puig, no han conseguido desembarrancar la nave de un territorio histórico que nunca alcanza la autonomía plena, lejos de desafíos independentistas. Y seguimos en la interinidad.

Quimera

Con las Corts Valencianes disueltas ante la convocatoria electoral del 28 de mayo de 2023, los valencianos tienen la disyuntiva entre  perseguir una quimera o sumergirse en la desazón. No es posible la autonomía política sin autonomía financiera. Ideológicamente es contradictoria la apariencia de un aparato institucional autonómico con pretensiones, cuando cualquier decisión política, de gestión o inversión, se ve agraviada por la incapacidad de llevarla a cabo sin el permiso y la autorización de los sucesivos gobiernos del Reino de España. Si esa es la ilusión autonómica que se persigue, las fuerzas políticas deberían devolver la ficha autonómica a la casilla de inicio para rediseñar el proceso autonómico con capacidad de ser y posibilidad de pervivir e ilusionar. Aunque se repite hasta el aburrimiento que los españoles hemos de ser iguales en todo, la realidad es otra: bastantes españoles no son iguales ante el cuerpo legal ni cuando otean su porvenir. En cuanto a los servicios básicos del estado de bienestar (sanidad, educación, cultura, nivel de vida o de asistencia social) es un hecho comprobado que los vascos y los navarros son los más favorecidos porque reciben más (como el doble en todo) y pagan menos. Madrileños y andaluces disfrutan de prebendas fiscales de factura conservadora. Las autonomías uniprovinciales (Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja) gozan  de las ventajas de un anacronismo electoral que perpetró la Restauración monárquica y consolidaron los cachorros del Régimen franquista ( Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Fernando Abril Martorell, en nuestro caso), para seguir mandando de acuerdo con los cánones de la  Transición esculpida en la Constitución de 1978. Las despobladas y marginales se benefician mucho sin demografía que lo justifique ni resortes económico-sociales que lo sustenten.

Cruda realidad

La Comunidad Valenciana que hemos conseguido es la de los fracasos consentidos y continuados. Suspendemos en reindustrialización (a menos constantemente después de cinco lustros), en productividad, en competitividad, en relanzamiento agroalimentario, en escuelas de negocios que formen los cargos directivos domésticos, en la red de entidades financieras  - de las que disponíamos- (Banco de València, Bancaixa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de la Exportación, Promobanc, Cajas Rurales, Banco de Alicante, Caja de Ahorros de Castellón), en Cámaras de Comercio a la deriva o en quiebra, en instituciones feriales, en  convivencia con puertos comerciales estratégicos dependientes del Estado, en infraestructuras de transporte ferroviario ( las más atrasadas entre los territorios españoles con igual o inferior nivel económico), en política cultural y en expectativas de superación social.

Dos vías

Aunque el demonizado cantautor Lluís Llach en su premonitorio ‘Viatge a Ítaca’,  advirtió que el viaje habría de ser largo, “ple d'aventures, ple de coneixences”, también insistía en que convenía“ir a ciudades para aprender de los que saben”. La inquietud se cierne sobre los valencianos ante la expectativa electoral y política que les sobreviene. Hagamos balance. Desde 1978 a 1983 funcionó el fundacional Consell del País Valencià, hasta las primeras elecciones autonómicas. Durante estos años se incurrió en contradicciones, renuncias, claudicaciones, traiciones y se conculcó la legalidad así como el espíritu que inspiró la creación de la autonomía valenciana. La intervención del aparato político centralista de UCD y de Alianza Popular, después fusionados, consiguieron neutralizar el desarrollo de las libertades y del autogobierno valenciano. Fueron los albores de una larga noche de claudicaciones reiteradas que nos llevan en 2023 a dos opciones posibles: primero, la reedición hipotética del Pacte del Botànic III con un PSOE desgastado y un Compromís con liderazgo improvisado – tras la debacle irrecuperable de Mónica Oltra– en la persona de Joan Baldoví. Segundo, la reconquista del poder por parte de la derecha conservadora con el alicantinista Carlos Mazón como figura estelar que habría de relanzar la Comunidad Valenciana desde una Generalitat en la que no cree

Los de siempre

Si contemplamos los últimos años transcurridos a pesar de la resistencia intemperante y ademocrática por parte de la derecha y la extrema derecha (PP, Vox y Cs), en la Comunidad Valenciana han seguido mandando los de siempre: los poderes fácticos económico-empresariales( AVE, CEV, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, empresas prepotentes), los confesionales atrincherados en las creencias y en la buena fe de los parroquianos, los políticos ( condensados en el bipartidismo de PSOE y PP, con Compromís, Vox, el rescoldo de Ciudadanos, U. Podemos de carrera desastrosa en el País Valenciano y lo que queda de Izquierda Unida del PV.). Por parte de los estamentos universitarios –severamente castigados por la proliferación de clones pseudo universitarios- y las entidades culturales en regresión, es evidente su influencia decadente y el menosprecio agresivo de los grupos de presión efectivos que no consienten la existencia de teóricos competidores con los que compartir la hegemonía en el poder.

Dos caídas

Puestos a ser incisivos  habría que preguntarse por las causas y razones de dos ceses significados en la política valenciana: la salida forzada (mayo 2022) de Vicent Soler i Marco (Rocafort, 1949) de la conselleria de Hacienda y la defenestración de Aurelio Martínez  (Zaragoza, 1947) en la presidencia de la Autoridad Portuaria de València–llevaba ocho años–, tras el descarrilamiento de la ampliación norte del puerto de València en el Consejo de Ministros y su implicación en un asunto turbio relacionado con la Fundación del Valencia CF. Aparte de los panegíricos orquestados–Vicente Boluda manda mucho–, hace un par de años circuló la caída en desgracia de Aurelio Martínez. Ximo Puig no daba el paso adelante con el pretexto de no disponer de sustituto. Había, sobre todo, pactos secretos. Ahora ha  sido reemplazado, como en el caso de Vicent Soler, por persona próxima y de la máxima confianza del ‘president’: Joan Calabuig ha sustituido al catedrático de Económicas de 76 años y Arcadi España, socialista todoterreno, alma e inspirador de la política de la Generalidad, recogió el testigo de la conselleria de Hacienda. La más ingrata e incómoda del Consell de Ximo Puig. La Comunidad Valenciana sigue incrementando su deuda sin fin ante el Estado –una trampa propia de usurero–, por la deficiencia del sistema de financiación autonómica  en el que coinciden PSOE y PP.  Si no cambia el signo político del País Valenciano hacia la defensa de la justicia y de los intereses reales de los valencianos, no hay posibilidad de auténtico saneamiento económico y político.

Carambola

La expectativa barajable es una nueva carambola a dos o tres bandas que dé lugar a un recompuesto gobierno de coalición a la izquierda del PSOE. El nubarrón que se cierne sobre la  próxima singladura electoral  es la involución en el proceso autonómico de la Comunidad Valenciana a cargo del peor candidato posible: el secesionista alicantino Carlos Mazón, decidido por el lugarteniente de Pablo Casado, Teodoro García Egea, flanqueado por J.M. García Margallo, Vicente Martínez Pujalte, Manuel Broseta y el presidente murciano Fernando López Miras. Mazón en la actualidad preside la Diputación Provincial de Alicante, por cuenta del Partido Popular. Los grupos de presión económico-empresariales apuestan sin disimulo por la recuperación del poder por parte de la derecha. Suponen  que ese cambio que ansían  beneficia a sus negocios, a pesar de que ese relevo supone poner fin a la esperanza para normalizar la financiación e inversiones que necesita imperiosamente el País Valenciano para progresar.