¿Quién mató a las cámaras de comercio?

“Totes les invasions

i tots els mestissatges

son llavor de dolor.

Defensareu com una illa

el vostre territori“ .

Emili Rodríguez Bernabeu, Alacant-.1996

Las Cámaras de Comercio han sido desvirtuadas por iniciativa política de las dos grandes formaciones que ejercen el bipartidismo en España: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Con el pretexto de eliminar las cuotas obligatorias a estas corporaciones de derecho público se las ha dejado inermes. Sin previo aviso se suprimió su sistema de financiación original que reunía las condiciones de ser ponderado y razonable. Muchos no pagaban, otros muy poco y siempre en función de los beneficios declarados. El hachazo definitivo corrió a cargo del pusilánime gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, quien mediante decreto Ley de 3 de diciembre de 2010 suprimió no sólo la aportación automática de los empresarios a sus instituciones, sino además eliminó irresponsablemente la representatividad de estas instituciones centenarias, base de su existencia y de su razón de ser. Conocí la noticia en el despacho del director del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España en Bruselas, Fernando Puerto, quien me dijo: “las Cámaras de Comercio acaban de ser ejecutadas”. Me sorprendió recabando información para escribir la única historia editada de las Cámaras españolas con motivo de su 125 aniversario (2011).

Vacío empresarial

Nadie tuvo en cuenta su historia, ni su necesidad, ni su carácter insustituible, ni su eficiencia, ni su capilaridad por medio de las 88 Cámaras arraigadas por la geografía hispana y las 35 que defienden los colores del comercio exterior en 31 países. Delito de humanidad: nadie pensó en los más de 5000 empleados que se quedaron al descubierto sin saber cuál iba a ser su futuro. Lo más grave: la inhibición de los dirigentes y técnicos camerales de alto nivel ante tal despropósito. Se tiraba por la borda la trayectoria ejemplar de las Cámaras de Comercio en España desde su creación mediante decreto firmado por la Reina María Cristina en 1886, ante la incapacidad de empresarios y agentes económicos de ordenar sus intereses colectivos en plena crisis poscolonial del Estado. incluido el crac bursátil de las sociedades por acciones con base en València a finales del siglo XIX.

Responsabilidad

La creación de riqueza y empleo es la base de un país que pretende vivir en régimen de libertades. Esta misión es responsabilidad primordial de empresas y empresarios que, además de salvaguardar sus haciendas particulares han de contribuir al interés general de la economía en el territorio que les alberga. Con precisión se explica en el preámbulo del Decreto Ley fundacional (abril de 1886) donde se afirma en las tres primeras líneas que los esfuerzos para desarrollar la vida económica se habían estrellado contra la falta de una organización suficiente de sus protagonistas, los empresarios. Las organizaciones empresariales –eliminados los gremios, las Bolsas y la ligas, por antiguos– no existían y los empresarios eran incapaces de asociarse y organizarse en 1886. Igual que ahora cuando las patronales– CEOE y sus filiales– más que entidades representativas del tejido productivo y de negocio, son oligopolios y lobbies– reconocido por el presidente de la CEV, Salvador Navarro– que persiguen intereses particulares de una minoría frente a los que afectan a todos los empresarios y al bien común. Los gobiernos alternativos de la democracia constitucional  -UCD, PSOE y PP– se han caracterizado por contribuir a la polarización de la sociedad española, inclinando la balanza hacia los más poderosos e inhibiéndose en cuanto al logro de la representatividad plural y equitativa de los empresarios. Las Cámaras de Comercio independientes, por múltiples razones, eran el instrumento genuino para conseguirlo al ser corporaciones de derecho público que existen por Ley. Se cedió al acoso de las grandes empresas y compañías multinacionales para anular la capacidad universal de las Cámaras de Comercio en España.

Acoso vertical

Corría el mes de enero de 1996, un sábado frío y soleado, cuando me convocó en Poeta Querol, al despacho de presidencia. en la novena planta, de la Cámara de Comercio de València su titular, Arturo Virosque Ruíz. Desde 1988 dirigía – ocho intensos años– el Área de Comunicación de la Cámara y era miembro del equipo de dirección. Asistía a los comités ejecutivos, durante la presidencia de Enrique Silla, donde se veía la actitud de cada bando. Era testigo incómodo de lo que se avecinaba. Llevábamos varios meses de amenazas e intimidación sobre los trabajadores de la Cámara con el rumor creciente de un expediente de regulación de empleo (ERE) revoloteando sobre las cabezas de las cien almas que componían su plantilla. Virosque había elegido la mañana del sábado, cuando la Cámara permanecía prácticamente vacía y en la planta de presidencia sólo estaba su secretaria, Pilar López, que era pariente suya. Inició la conversación con una intensa mirada sobre la bolsa de compras de rebajas que llevaba en la mano y me espetó: “no compres tanto que igual te quedas sin empleo”. Así me hizo saber sobre qué tema iba a versar la conversación: mi inclusión en el ERE que ya nos había anunciado a Pepe Martorell -secretario en funciones de la institución– y a mí en el trayecto de un viaje de trabajo a Ontinyent. Habían de ser once los concernidos en el expediente y se tenía que impedir que nadie estuviera de baja por enfermedad. Era una orden. Previamente a lo largo de 1995 habían dimitido bajo presiones el expresidente Enrique Silla y el secretario general, José María Gil Suay, con la acusación infundada de ser socialistas ambos, infundio propagado por el diario “Las Provincias” que comandaba María Consuelo Reyna. Así confirmé el motivo del encuentro en el que, entre explicaciones inconvenientes, dejó entrever que alguien le imponía la lista de los once represaliados a despedir, en la que presentía que habría de incluirme. La conversación incrementó la tensión hasta proponerme que si solicitaba por escrito que despidiera a todo mi equipo del área de Comunicación que dirigía -- cinco personas– me aseguraba mi permanencia en la Cámara vendiendo a mis compañeros. Le respondí que hiciera lo que estimara conveniente y que no se preocupara por mí. Ese día ya tenía muy claro que iba a resistir hasta el despido –que finalmente la justicia sentenció nulo–, pero que no podía participar en el desmantelamiento de la institución que estaba programada y conjurada entre: Luís Espinosa, José María Jiménez de la Iglesia, José Lladró Dolz, Silvino Navarro Vidal, Salvador Fernández Calabuig, Vicente Marzal, Arturo Virosque Ruíz, Federico Félix.

Mínima expresión

El objetivo de quienes mandaban desde el sanedrín compuesto por AVE y CEV, bajo las directrices de Luís Espinosa Fernández, secretario de ambas entidades, era reducir la plantilla de la Cámara en más del 50% y dejar sólo la presidencia y secretaría general –sin más servicios–con sus subalternos: secretarias, conductores, ordenanzas y algún técnico. En la primavera de 1996, con la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la Ley de 1993, que esperaban de signo contrario según sus interferencias judiciales, Arturo Virosque se convirtió en el presidente más cameral, con sueldo y prebendas, los siguientes quince años.  La decisión prevaricadora de consumar varios de los despidos ilegales en marzo de 1996, ya había sido ejecutada. Previamente varios técnicos y directivos de la Cámara – Ismael Sospedra, Ignacio Tormo, Guillermo Simó –al no soportar el ambiente enrarecido y el hostigamiento, optaron por dejar la institución a cambio de negociar su salida tal como se encargaron de ofrecer quienes tenían asegurada su permanencia. Previamente en los últimos meses de 1995 se intimidó a los 25 técnicos de mayor nivel salarial de la corporación para que firmaran la petición de reducir voluntariamente su sueldo con el compromiso de Virosque de que así no se despediría a nadie. Palabra de “caballero” que no se cumplió. Mientras unos nos rebajamos el sueldo, quienes negociaban las insidias de presidencia de la Cámara, se incrementaban su remuneración y acaparaban los cargos apetecidos. Contraviniendo el informe preceptivo de la dirección provincial de Trabajo de València, aprobó el ERE con fraude de Ley, el director general de Trabajo de la Generalitat Valenciana, José Luís Colvée Millet. Después fue agraciado por Arturo Virosque y Eduardo Zaplana con la dirección del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, cargo de designación política.

España sin Catalunya

Desde la Ley de bases de 2014 las 88 Cámaras de Comercio se amparan, teóricamente bajo la cúpula de la Cámara de España. Esta entidad radicada en Madrid surgió para sustituir los entes fracasados de la Marca España. y del Consejo Empresarial de la Competencia, Desde donde actúan de patronos 17 razones de las grandes empresas del Ibex –Francisco González de BBVA, Rafael del Pino por Ferrovial, Florentino Pérez de ACS, Emilio Botín de B. Santander, Isidro Fainé por Gas Natural y CaixaBank, Antonio Hueras de Mapfre, J. M. Entrecanales de Acciona, Antonio Brufau de Repsol, Javier Moll de Prensa Ibérica, César Alierta por Telefónica) con Mercadona, el Corte Inglés y el Instituto de la Empresa Familiar. Así se liquidó el histórico Consejo de Cámaras de Comercio de España, fundado por Basilio Paraiso en 1921, después de muchos años de activismo cameral que inició como promotor de la Asamblea de Cámaras (Zaragoza) de 1898.

Del cava a Madrid

Preside desde hace ocho años la Cámara de España, José Luís Bonet que a sus 81 años ha sido designado–diciembre de 2022– para renovar el cargo por cuatro años más. Bonet, salió de la Feria de Barcelona, después de presidirla durante catorce años, por sus fervientes posiciones españolistas que chocaron con los inicios de la radicalización del soberanismo en Catalunya. Su relevo en Fira por el convergente Pau Relat coincidió con su fracaso al frente de la empresa familiar Freixenet, que presidió durante varios años. La primera firma del cava catalán por su trayectoria errática acabó en manos de la multinacional alemana Henkel. Un profesor desprestigiado en su tierra, Catalunya, es el que ha de levantar el vuelo de la Cámara de España, Reducto muy perseguido por ser el único con capacidad empresarial de interlocución– CEOE tiene vetada esa función– con las instituciones europeas para acceder a fondos económicos, subvenciones, programas y convenios, por su naturaleza, teóricamente imparcial, de corporación de derecho público. En la que sorprendentemente dominan las empresas más beligerantes en defensa de la economía privada, con el beneplácito gubernamental, mande quien mande. Los dos grandes ejes de la gestión de José Luís Bonet en los ocho años que ha ocupado la presidencia de Cámara de España y ante los cuatro de su próximo mandato son: la digitalización y el logro de que los fondos para el funcionamiento de esta entidad provengan directamente, cada ejercicio, de los Presupuestos del Estado que aprueba cada año el gobierno de turno. Como los sindicatos y las patronales en un claro exponente de su dependencia de los poderes públicos de carácter político que garantiza la parcialidad de sus decisiones. El otro problema de la Cámara de España es que para representar a todas las Cámaras españolas, tendría que contar con la participación en su seno de las Cámaras catalanas–Barcelona y doce más en Catalunya–, que se mantienen totalmente al margen y de la aquiescencia de las vascas, que contemplan el devenir cameral desde la barrera, sin involucrarse. Realmente es la Cámara de Comercio de España sin Catalunya ni Euskadi. Una España incompleta.

El telegrama

El 11 de febrero de 2000, cuatro años después del 13 de marzo de 1996, recibí el siguiente telegrama:

“En cumplimiento de sentencia 37/2000 de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana le comunico que en el plazo de tres días desde la recepción de este telegrama deberá reincorporarse a su puesto de trabajo en esta Cámara. Saludos”. Antonio Rico Gil, secretario general.

 Serví a la Cámara de Comercio de València durante ocho años como director del Área Comunicación y formé parte del equipo de dirección. Más tarde once años como miembro electo del Pleno, su principal órgano de gobierno.