El Gobierno afirma que estudia un nuevo informe ambiental para la ampliación del Puerto de València y advierte de que debe existir consenso entre administraciones

El Gobierno asegura que estudia si la ampliación del Puerto de Valencia necesita una nueva declaración de impacto ambiental y que se decidirá en base a criterios jurídicos. “La eventual tramitación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no es una decisión que se pueda basar en criterios de oportunidad política o valorativos, sino en criterios estrictamente jurídicos y técnicos, y serán estos criterios, una vez analizado el proyecto definitivo, los que determinen si es necesaria una nueva DIA o no”, explica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de Unidas Podemos por Valencia Rosa Medel.

Según el escrito dirigido a Medel y a los diputados del grupo confederal Juan López de Uralde y Txema Guijarro, el compromiso es trabajar de manera coordinada con la Generalitat Valenciana y garantizar el respeto a la normativa medioambiental.

Para Unidas Podemos, que en su iniciativa parlamentaria solicitaba un nuevo estudio de impacto ambiental ante el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia, ya que “el primer estudio se realizó en 2006, y el nuevo proyecto de ampliación implica cambios sustanciales que no deben pasarse por alto, en ningún caso”, la respuesta del Gobierno no debe dejar de lado que “en el nuevo proyecto del Puerto de Valencia que incluye la ampliación norte, no se exigió un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, pues se dio por válido el realizado en 2006”.

Los diputados explican en un comunicado que “cuando hemos pedido que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental, no hablamos de criterios de oportunidad política o valorativos, sino de criterios puramente jurídicos y técnicos, tal y como señala el Gobierno en su respuesta, ya que han pasado 14 años desde que se realizó una evaluación ambiental para un proyecto que, además es sustancialmente distinto”.

López de Uralde, presidente la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, considera que “es totalmente oportuno reevaluar la DIA, de acuerdo a criterios técnicos y a las actuales circunstancias, que no son las mismas que en 2006. El nuevo proyecto tiene que pasar una nueva evaluación de impacto ambiental, que revise su idoneidad para las circunstancias actuales, teniendo en cuenta la grave crisis climática y ecológica que estamos viviendo”.

Por su parte, la diputada valenciana Rosa Medel señala que “Una nueva ampliación debe tener en cuenta las repercusiones medioambientales sobre la ciudad, las playas y las personas. Nadie entendería una ampliación con una declaración de impacto ambiental de hace 14 años. Debemos garantizar que no habrá un impacto negativo; de lo contrario la APV encontrará oposición legal y vecinal”. Roser Maestro, diputada por Valencia insiste en que: “No se puede pretender que una DIA que se elaboró hace más de una década, con un proyecto que contemplaba un volumen de dragado 14 veces inferior, sea aún vigente para la actuación que impulsa ahora la Autoridad Portuaria. Pero todavía se puede pretender menos que las condiciones climáticas y ambientales actuales sean las mismas que se habían de atender en 2007. El Gobierno ha declarado la emergencia climática y ambiental, y por tanto esta declaración debería traducirse en medidas reales y efectivas para no seguir causando daños en el territorio: en el Puerto de València tenemos una buena oportunidad de demostrar que el gobierno realmente actúa contra el cambio climático”.