El Gobierno valenciano da por superada la pandemia y acelera las inversiones en infraestructuras de salud, servicios sociales y escuelas

El Gobierno valenciano da por superada la emergencia sanitaria en la agenda política y retoma la agenda de las reformas. La retirada de la obligación del pasaporte covid en locales de ocio y hostelería acompaña simbólicamente a los objetivos del seminario de invierno, celebrado el pasado fin de semana en Altea y La Vila Joiosa, que marcan las prioridades políticas para el próximo semestre y que el Ejecutivo plantea como “punto de inflexión” ante la crisis de la pandemia para encarar la recuperación económica y emocional.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguraba que el horizonte político ya no viene condicionado por la Covid-19 e indicaba que “el objetivo de esta fase post-pandemia es poner la política al servicio de la reactivación económica y de la creación de puestos de trabajo”. Para ello, las 11 conselleries y Presidencia se comprometen a invertir 3.270 millones de euros, principalmente en la construcción y reforma de centros educativos, servicios sociales y de salud. Los fondos europeos, que hasta la fecha han adjudicado 1.050 millones de euros a la Comunitat Valenciana, supondrán un impulso para proyectos que se pretenden un polo de empleo de calidad en la autonomía.

El Consell incorpora a sus objetivos de mitad de año la puesta en marcha del plan de salud pública, con la creación de 6.000 nuevas plazas en la plantilla estructural de Sanidad, de las cuales 1.600 serán para Atención Primaria y la puesta en marcha de los tres hospitales infantojuveniles del plan de Salud Mental, anunciado el pasado agosto y proyectado hasta 2027, además de una estrategia de actuaciones con los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a través de la conselleria de Políticas Inclusivas.

La actualización de la normativa de vivienda pública y un reglamento para evitar el acoso residencial se suman a líneas de financiación de pequeñas empresas, ayudas para evitar la despoblación en los municipios de interior y acciones contra la exclusión financiera. “Estamos en todos los indicadores económicos y sociales mejor que en el 2015”, aseguraba Puig, que ha destacado la creación de 81.000 puestos de trabajo, a la espera del impacto a medio plazo de la reforma laboral en la contratación indefinida. Las grandes leyes que quedan por aprobar, la mayoría de ellas en trámite parlamentario, quedan fuera de los objetivos marcados en el seminario.

Los seminarios del Ejecutivo autonómico sirven para la calendarización de los acuerdos del Gobierno, plasmados en el Pacto del Botánico suscrito en el inicio de la legislatura y concretados en los presupuestos autonómicos en cada ejercicio. En estos encuentros el Consell se marca unas prioridades semestrales y una agenda a medio plazo que, en esta última sesión, pretende dar por superada la agenda de la emergencia sanitaria para encargar el desarrollo del resto de políticas públicas.