El movimiento feminista valenciano rechaza una reunión con la delegada del Gobierno y la insta a derogar la ley mordaza

La Asamblea Feminista de València rechaza un encuentro con la delegada del Gobierno en Valènica, Gloria Calero, a propósito de las acciones de próximo 8 de marzo. El colectivo feminista valenciano declina la invitación porque todas las concentraciones ya han sido autorizadas y le recuerda a la delegada las multas que arrastra el movimiento de las últimas convocatorias, que ascienden a 11.000 euros y están judicializadas.

El movimiento feminista de València ha respondido a Calero con un duro comunicado en el que la acusan de complicidad con la “represión” al colectivo y sus protestas: “Queremos denunciar que usted como delegada del gobierno avala y perpetúa las consecuencias de la ley mordaza que nos reprime cada vuelta que los movimientos disidentes salimos a la calle, en forma de procedimientos administrativos aleatorios o de cargas policiales. Los cuerpos represivos nos violentan cuando nos manifestamos por la libertad de expresión. Consideramos esta violencia como violencia política, igual que las multas o los desahucios”, critica la Asamblea.

“Su partido criticaba la ley mordaza cuando estaba en la oposición. Ahora usted se aprovecha de ella. Los movimientos populares continuaremos de pie hasta que derogan la ley mordaza. Mientras continuen reprimiendo el pueblo, a nosotras nos tendrán enfrente. Porque el feminismo no es una etiqueta, es la lucha radical para cambiar este sistema patriarcal, capitalista y racista”, incide en colectivo.

Además de las multas al movimiento, las feministas valencianas recuerdan al Gobierno su carácter antirracista y denuncian que el Ejecutivo “ha dejado a más de 600 mil personas en situación administrativa irregular en plena crisis social y sanitaria”, una cuestión a la que se añaden varias denuncias de mujeres migrantes por actuaciones policiales cuestionadas en algunas oficinas de registro. “Es urgente para usted, que se dice feminista, tomar las acciones correspondientes para poner fin a la impunidad frente a los delitos de violencia laboral y sexual denunciados por mujeres trabajadoras migrantes”, añaden.