Podemos obliga al Consell a investigar los contratos de la Generalitat con los empresarios de Gürtel
“No están todos los que son”, advertía Francisco Correa en una comisión de investigación en las Corts valencianes. Los cabecillas de la trama Gürtel, ya en prisión, han ido repitiendo esta premisa en los interrogatorios judiciales y políticos. En el juicio de la pieza valenciana de esta macrocausa de corrupción, nueve empresarios confesaron haber financiado de forma contraria a la ley al Partido Popular mientras gobernaba desde el Palau de la Generalitat. Hasta el responsable de los fuegos artificiales ha dicho que le pagaba Orange Market actos del partido.
Las investigaciones, avaladas por las confesiones, revelan una forma de hacer política clientelar y nepotista - el “capitalismo de amiguetes”, como se conoce-, en la que los empresarios financiaban al partido para poder contratar con la administración pública valenciana. Contratos que hoy siguen vigentes o que se han renovado, ya que el crecimiento de estas empresas durante los años de las irregularidades del partido las posiciona como las capaces de prestar el servicio más barato para la Administración. La herencia recibida también es esto.
Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico por ser transparente y fomentar las buenas prácticas (con la Agencia Antifraude, la Consellería de Transparencia, y varias leyes por medio) aún quedan manchas vinculadas a la Administración. Sin condena firme, no se puede rescindir el contrato sin riesgo de prevaricación. Sin embargo, Podemos considera que algo más debe poderse hacer para limpiar las instituciones. La formación morada ha presentado, motivada por las declaraciones en la Audiencia Nacional, una Proposicion No de Ley (PNL) para que el Consell realice una inspección para conocer cuántos empresarios vinculados a la corrupción tienen contratos con la Generalitat y cuántos han sido firmados en esta legislatura. En segundo lugar, demanda un análisis de dichos contratos para buscar posibles irregularidades en el desarrollo de lo encomendado a las empresas e inspeccionar su labor.
Entiende el síndic de Podemos, Antonio Estañ, que la multa que han pactado los empresarios con la Fiscalía (400.000 euros) es ínfima y que esta práctica no se desterró en las urnas en 2015 y así ha defendido su propuesta, que se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo Ciudadanos, que está en contra de crear un organismo que vigile las contrataciones.
