Los socialistas amagan con desmarcarse del pacto con Compromís y Unides Podem para implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana

La política siempre necesita algo de conflicto y, arrancado el año preelectoral, los socios del Gobierno de coalición acentúan sus diferencias. Aunque sea con el silencio o la ambigüedad. Los socialistas valencianos evitan pronunciarse sobre la propuesta de tasa turística, un acuerdo que suscribieron el pasado año con Compromís y Unides Podem en el marco del debate presupuestario, con el objetivo de que entrara en vigor en 2024.

Los partidos del Pacto del Botánico han acordado este martes que la tramitación de la proposición de ley, uno de los temas más polémicos entre los socios del Gobierno valenciano, se debata el próximo jueves, 14 de julio, en el último pleno ordinario hasta septiembre. PSPV, Compromís y Unides Podem acordaron el pasado diciembre iniciar un diálogo con el sector que se materializaría en una proposición de ley para dejar listas las bases del impuesto a las estancias turísticas, con la idea de que se aplicara en la próxima legislatura en los municipios que así lo decidan.

Con el registro del texto, el pasado abril, los socios del Pacto del Botánico parecían haber cerrado una fisura. Pero este martes la rama socialista dejaba en el aire su voto a la propuesta, apenas unas semana después de que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, dijera por enésima vez que está en contra del gravamen y se fotografiara con la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, con un cartel contra la tasa.

La portavoz del PSPV en las Corts, Ana Barceló, aseguraba este martes que “no hay un compromiso” de su partido para aprobar la propuesta, sino para que se debatiera en el pleno de las Corts. Barceló, preguntada en varias ocasiones tras la Junta de Portavoces, remitía a una reunión solicitada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre el tema, aunque tampoco ha confirmado si su planteamiento resultará determinante en el voto. “No me aventuro” a manifestar el sentido de la votación, concluía la portavoz socialista, que mantendrá la postura de su grupo en secreto hasta el pleno en el que se debata la admisión a trámite.

También guarda silencio la Conselleria de Hacienda, dirigida por Arcadi España, que no ha emitido el habitual criterio del Consell sobre la proposición de ley. Lo habitual suele ser que las propuestas legislativas vengan acompañadas de un informe que manifiesta la opinión del Ejecutivo sobre una norma. El plazo para emitir el criterio concluyó a mediados de mayo y desde Hacienda apuntan que no es la primera vez que sucede, sin darle mayor importancia.

En la misma línea se expresan los representantes de Unides Podem, que quitan hierro al asunto y consideran que los plazos de tramitación son los previstos. El responsable de Hacienda de Unides Podem, el diputado Ferran Martínez, daba carácter de normalidad a la falta de criterio del Consell sobre la propuesta y apuntaba que el plazo venció coincidiendo con el cambio de carteras en Hacienda, cuando Vicent Soler dejó el Ejecutivo autonómico para pasarle el testigo a Arcadi España.

Por su parte, Compromís recuerda que hay unos acuerdos “bien claros” que los socialistas firmaron. La portavoz de los valencianistas, Papi Robles, asegura que “no contempla” que los socialistas tumben la tramitación. “Todos los acuerdos se han firmado y han avanzado. No entenderíamos una alineación del PSPV con las propuestas de la derecha y no ir en favor del turismo valenciano”, ha comentado tras escuchar a Barceló.

Será el primer conflicto al que tendrá que hacer frente la nueva vicepresidenta de de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, que mantendrá esta semana un encuentro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. A la rama socialista del Ejecutivo no le parece que la crisis económica y las consecuencias de la inflación sean el momento de crear la tasa turística, como tampoco lo era la pandemia, ni el año 2019, pero los valencianistas recalcan que los acuerdos están para cumplirse. Si los socialistas se abstienen, los votos en contra de la derecha son suficientes para tumbar la tramitación.