La Generalitat recurre el bloqueo de una residencia en Paterna porque debe primar “el interés superior de los menores”
El Ayuntamiento de Paterna habría pasado por alto “el carácter restrictivo de la supensión de licencias”, que es una medida que, además, está dirigida a “la parcelación de terrenos, la edificación y la demolición”. Así lo señala el recurso presentado por la Generalitat contra la decisión del Ayuntamiento de Paterna que el pasado 8 de marzo acordó, a propuesta del alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, con el apoyo del PP y Ciudadanos, suspender las licencias de obras y de actividad destinadas a usos asistenciales en todo el término municipal.
Aquella decisión se tomó para bloquear la puesta en marcha de una residencia de menores tutelados por la Generalitat en la urbanización Montecañada, un proyecto contra el que se desató una campaña de oposición alentada por ultras como el dirigente de España 2000 José Luis Roberto, vecino de esa urbanización, en la que por otra parte también reside el alcalde.
Los principales argumentos del recurso de la Generalitat, sin embargo, se centran en dos aspectos. Por un lado, la posible “desviación de poder” en que habría incurrido el Ayuntamiento “dado que la suspensión de licencias está dirigida exclusivamente al uso asistencial, frente a otros similares como los servicios de uso sanitario, docente, etc”. La Abogacía de la Generalitat considera que “no concurre interés general en esta decisión”, lo que podría ser causa de nulidad.
La suspensión impide que puedan instalarse en Paterna también otros recursos de atención a personas mayores o de asistencia a víctimas de violencia de género, por parte de entidades privadas, organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y otras.
Por otro lado, la Abogacía de la Generalitat señala que hay que tener en cuenta el interés superior del menor. Y cita textualmente la Ley de Protección Jurídica del Menor: “... en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas... primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
La Generalitat, por último, defiende la necesidad de recursos para la atención a niños y niñas tutelados. Y aporta un informe de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, en el que se justifica y valora la autorización del centro de Paterna porque “se ajusta al nuevo modelo de atención residencial” que promueve “núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares”. Las reordenación emprendida por Oltra reduce el tamaño de esos centros de 42 plazas a 18, como en el caso de la residencia proyectada en Paterna.
