Las sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana se disparan en la Comunitat Valenciana de 16,4 a 25 millones de euros

Las sanciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana por la Ley de Seguridad Ciudadana se han disparada el año de la pandemia, según el anuario estadístico del Ministerio del Interior.

El territorio valenciano ha registrado 25 millones de euros en multas en 2020 frente a los 16,4 millones del año anterior. El número de sanciones ha pasado de 26.596 en 2019 a 37.485 al año siguiente cuando se inició la crisis sanitaria de la Covid-19. En la provincia de Alicante es donde más se ha notado el aumento, doblando las sanciones de los cuatro millones de euros a los 8,3 millones en sanciones. Por debajo se sitúa la provincia de Castellón, que pasa de 3,6 millones de euros en 2019 a los 6,1 millones al año siguiente mientras que en Valencia, con mayor población y más sanciones, el aumento es más moderado (de 8,7 millones a 10,4).

Los datos del anuario estadístico del Ministerio del Interior, provenientes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, no desglosan las sanciones por artículos de le ley sino que agrupa las cifras en tres grandes capítulos: armas y explosivos, drogas y seguridad ciudadana (éste último agrupa las multas previstas en la conocida como ley mordaza, cuya reforma ha sublevado a casi todos los sindicatos policiales, con el apoyo de Ciudadanos, PP y Vox).

El mes de marzo del 2020, coincidiendo con el confinamiento, la Comunitat Valenciana registró un ascenso de las sanciones hasta las 19.583 (el mes anterior apenas fueron 1.960). Aquel mes de marzo se impusieron 13,3 millones de euros en sanciones. En abril aún hubo 5.573 sanciones (cuatro millones de euros) y, a partir de mayo —coincidiendo con la relajación de las medidas del confinamiento— la cifra se estabilizó en 1.975, en la línea de los meses anteriores a la crisis del coronavirus.

Los datos del anuario, según explica el Ministerio del Interior, contabiliza cada una de las infracciones en el caso de que un solo expediente contenga varias (la cuantía de la sanción se ha contabilizado en el artículo considerado como principal) y están referidos a la fecha de los hechos. Han quedado excluidos los expedientes archivados sin imposición de sanción. Los datos obtenidos durante el año de la pandemia “pueden verse alterados” con posterioridad “al tratarse de expedientes que pueden sufrir modificaciones como consecuencia del proceso de consolidación de datos”.

174 millones por desobediencia o la resistencia a la autoridad

Aunque el anuario del Ministerio del Interior no desglosa el tipo de sanción por territorio sí que lo hace en el conjunto de España. Así, las sanciones por el artículo 36 apartado 6 de la ley mordaza (“La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación) registró un espectacular aumento de 7,7 millones de euros en 2019 a 174 millones al año siguiente.

Las sanciones por el tercer apartado del artículo 36 (“Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana”) descendió de los 3,4 millones de euros en 2019 a los 2,2 millones en 2020.

Igualmente las sanciones por “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal” (artículo 37, apartado 4), bajaron levemente de los 2,8 millones en 2019 a los 2,3 en 2020.

En el conjunto de España, las sanciones por seguridad ciudadana se dispararon de 16,2 millones de euros en 2019 a 180,1 millones al año siguiente.