Save the Children detecta 20.000 niños migrantes en situación irregular en la Comunitat Valenciana

En el territorio valenciano vive el 13,6% de los casi 147.000 menores de edad en situación irregular que hay en España. Así, según un informe de Save the Children, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor número de niños y niñas migrantes en situación irregular, sólo por detrás de Catalunya (34.000) y la Comunidad de Madrid (29.300). La ONG advierte de que la pandemia provocada por la COVID-19 puede empeorar aún más la situación de los niños sin papeles, en un contexto en que los trámites administrativos se han ralentizado.

El informe, titulado Crecer sin papeles en España y elaborado al alimón entre la ONG en defensa de los derechos de la infancia y la fundación por Causa, desvela que los niños y adolescentes migrantes cuentan con una tasa de irregularidad muy por encima de la del conjunto de la población migrante sin papeles, situada alrededor del 13%. La tasa de irregularidad total de niños, niñas y adolescentes migrantes en España es de 20,4%, es decir, de cada cinco niños y niñas migrantes que viven en nuestro país, uno está en situación administrativa irregular. En la Comunitat Valenciana, esta tasa alcanza el 22,2%.

Más de un tercio de los niños y niñas migrantes en situación administrativa irregular tiene menos de 5 años. Tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular en España son de América Latina (Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados, seguido de otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú).

La ONG achaca el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 al rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias latinoamericanas. África es el continente de origen del 43% de los niños migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

“En muchas ocasiones a estos niños y niñas se les trata antes por su condición de migrantes que por el hecho de ser niños y niñas, y es algo que no se puede tolerar, ya que son sus derechos más fundamentales los que están en peligro, como su derecho a la Salud o a la Educación”, asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Un 48% de probabilidad de riesgo de pobreza

El informe, elaborado por Gonzalo Fanjul, Ismael Gálvez y Jennifer Zuppiroli, analiza también las consecuencias “a menudo trágicas y de largo alcance” de la situación de irregularidad en la educación y la salud de los pequeños sin papeles. Los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales. La situación se agrava con la llegada de los hijos: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14% pero si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad se dispara al 48%.

Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital aunque en la Comunitat Valenciana sí que se incluye a la población sin papeles en la Renta Valenciana de Inclusión, “pero es necesario garantizar el acceso de estas familias y analizar y eliminar cualquier tipo de traba administrativa que pueda surgir en su tramitación”, puntualiza la ONG.

La pandemia de la COVID-19 ha profundizado la situación de desamparo de los menores sin papeles. “La crisis del coronavirus puede empeorar todavía más esta situación, ya que muchas administraciones han ralentizado algunos procesos que pueden afectar a este colectivo, como es la tramitación de estas ayudas o de los permisos de residencia”, afirma Hernández.

El acceso a la educación también puede verse vulnerado por la ausencia de permiso de residencia y del Número de Identificación de Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas, denuncia la ONG. También puede resultar un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria. “Estas trabas no necesariamente están en la norma, sino que son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas”, señala Save the Children.

Niños 'sin papeles' y salud mental

En el ámbito del derecho de la infancia a la salud, las familias en situación irregular deben hacer frente a numerosas arbitrariedades y dificultades prácticas, según ha detectado el informe. La disparidad de criterio de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una elevada factura médica, con consecuencias financieras catastróficas, o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular.En ocasiones, el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios desvele su situación ante las autoridades policiales aleja de facto a los niños y las niñas de los centros de salud primaria y especializada, lamenta la ONG.

El informe reconoce que el impacto de la situación de irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección y asegura que “dejará una huella más profunda”. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida de un modo que resulta difícil de comprender, aseguran las organizaciones en su informe.

El coste de la regularización

La Fundación por Causa y Save the Children aseguran que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo permitiría “reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social”. Además, la regularización permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos extranjeros.

Save the Children también pide proporcionar un régimen jurídico específico para toda la infancia migrante para evitar que su situación administrativa menoscabe el principio del interés superior del menor y de no discriminación. “Es fundamental modificar la Ley de Extranjería para incluir, entre otras, estas propuestas y garantizar así que se protege siempre el interés superior del niño o niña, independientemente de su situación administrativa”, señala Rodrigo Hernández.

“El número de menores que se encuentran en una situación administrativa irregular en la Comunitat Valenciana sólo representan el 2,2% del total de niños y niñas que viven en nuestra autonomía, por lo que es necesario huir de discursos alarmistas o que inciten al odio contra este colectivo. Lo más importante es que son niños y niñas vulnerables y es nuestro deber como sociedad protegerlos y garantizar que se cumplan sus derechos, como los de cualquier otro niño o niña”, concluye director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.