Una red anterior al ingreso mínimo: el Gobierno valenciano ejecuta el presupuesto para la renta de inclusión por encima del 120%
El Gobierno valenciano ha ejecutado el presupuesto para la renta valenciana de inclusión por encima del 120% desde que el sistema de protección social entró en vigor. La prestación, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía ampliando el mapa de servicios sociales, entró en vigor en el segundo trimestre de 2018, incluyendo además de las ayudas económicas itinerarios para que las personas beneficiarias puedan construir un proyecto vital.
En seis años, las prestaciones sociales destinadas a inclusión han pasado de 20 millones de euros presupuestados a 230 millones anuales, siendo esta última cifra la correspondiente a la última ampliación de crédito autorizada por el Gobierno del Botànic. En 2015, con el presupuesto del último Ejecutivo del PP en vigor, el gobierno progresista aumentó la cuantía destinada a la entonces renta de ciudadanía de 20 a 29 millones de euros. El sistema de ampliaciones de crédito ha sido una constante desde entonces con el objetivo de evitar que el dinero para este fin se acabe. La renta se configura como 'crédito ampliable' para facilitar las transferencias desde otras partidas, limitando los trámites burocráticos.
El pasado 2019 fue el primer ejercicio completo en el que la renta valenciana de inclusión estuvo en vigor. En origen, el departamento de Mónica Oltra reservó para esta medida 100.000 millones de euros. Durante el año se realizaron cuatro ampliaciones de crédito de 8 millones las dos primeras ocasiones, 16 la tercera y 18 la cuarta. Terminó el año, según los datos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con 150,4 millones de euros de dotación, calculados por las prestaciones obtenidas. Según el visor presupuestario de la Generalitat Valenciana, la dirección general de Inclusión, que gestiona esta renta junto a otras ayudas, comenzó el año con 139 millones de euros presupuestados y, con los datos provisionales del mes de diciembre, ejecutó -pagó- 172 millones de euros; un 20% más de lo previsto.
El Ejecutivo autonómico calcula las ampliaciones de crédito en función de las solicitudes aprobadas en enero y de las que va resolviendo - si la conselleria concece la renta en enero debe 'guardar' el importe para los 12 meses del año- y así decide ampliar los créditos.
En 2020, con una dotación presupuestada de 154 millones de euros -el mismo importe con el que se terminó el año anterior sumando las ampliaciones de crédito- la conselleria de Políticas Inclusivas ha realizado otras tres ampliaciones que llegan hasta los 229,2 millones de euros. Las dos ultimas modificaciones se han aprobado durante el estado de alarma como previsión de la crisis provocada por el coronavirus: el 13 de marzo, el pleno del Consell aprobó el primer crédito; el 16 de abril, el segundo y el 30 de abril, que suma 50 millones de euros a la renta valenciana de inclusión, la última transferencia.
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