El Ayuntamiento de València reclama a la Generalitat 40 millones por la rebaja de los bonos de transporte y pide un crédito para afrontar pagos

Tensión entre el Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana, ambas del PP, a cuenta de los títulos de transporte bonificados. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València reclama a la Autoridad Metropolitana de Transportes (ATMV) 40 millones de euros por la rebaja de los títulos de transporte bonificados, la llamada tarjeta Suma, que busca la integración tarifaria del área metropolitana.

El consejo de administración de la empresa pública de transporte municipal ha aprobado este miércoles la firma de créditos para hacer frente a gastos de tesorería, entre los que se encuentran las nóminas o el combustible, tras un desencuentro con la ATMV sobre el criterio de compensaciones. Según fuentes municipales, la Agencia autonómica cambió de criterio el pasado año y ha venido rechazando las facturas emitidas por la EMT, con el consiguiente agujero para la empresa municipal. La ATMV considera que la compensación debe calcularse sobre el precio del billete ya rebajado por los descuentos estatales -según un decreto de 2022-, mientras que la EMT sostiene que el cálculo debe hacerse sobre el precio oficial, sin descuentos, como adoptaron en el convenio.

Si no se resuelve el conflicto tarifario, la red de autobuses urbanos del área de València podría quedar fuera de los títulos Suma, rompiendo la integración tarifaria impulsada en el anterior gobierno, que rompía la anomalía del área metropolitana de Valencia. En un comunicado, la EMT ha informado de que va a reclamar el pago “mediante las vías legalmente aplicables”. La primera, “una reclamación administrativa previa a la vía judicial ante ATMV para reclamar las cantidades impagadas, y en caso de que esta reclamación no sea atendida o sea desestimada, deberá plantear un recurso contencioso administrativo ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

“Mala gestión”

La oposición municipal ha cargado contra la “mala gestión” del PP valenciano en ambas administraciones, alertando de que pueden poner en riesgo la viabilidad del transporte público en la capital. El edil de Compromís Giuseppe Grezzi ha denunciado que “lLos vecinos de València asumirán el sobrecoste de los intereses del préstamo que la EMT pedirá en los bancos para cubrir el agujero de 40 millones de euros generado por la gestión de María José Catalá en la entidad. El origen, la mala planificación y la incapacidad del gobierno municipal para conseguir que el gobierno de la Generalitat —a través de la ATMV— salde la deuda que esta va incrementando con la EMT desde hace más de un año por los ingresos correspondientes a los títulos compartidos por ambas entidades y que la Generalitat acumula sin derivar a la EMT la parte que le corresponde”.

La socialista María Pérez ha denunciado que los impagos del Consell de Mazón “ponen en riesgo la viabilidad de la EMT, que hoy se ve obligada a pedir financiación externa para poder pagar las nóminas o incluso el gasoil que permite que los autobuses sigan circulando. Además, si la Generalitat continúa sin abonar lo que debe, la continuidad de la tarjeta Suma, una herramienta clave para garantizar la movilidad en el área metropolitana también podría verse comprometida”. El PSPV presentará una moción en el pleno para garantizar la continuidad de los títulos Suma: “ La posibilidad de que la EMT pudiera salir de la tarjeta Suma sería un fracaso absoluto de las políticas de movilidad del Partido Popular que en tan solo dos años darían un paso atrás de gigante en todos los avances conseguidos”, ha agregado Pérez.