La Policía eleva a 214 los estudiantes denunciados en las fiestas del colegio mayor que causaron el cierre de la Universidad Politécnica de València

La investigación policial abierta como consecuencia de la fiesta que se celebró en el colegio mayor Galileo Galilei y que causó el mayor brote de coronavirus detectado hasta ahora en la Comunitat Valenciana con 168 positivos, así como la suspensión de las clases presenciales para los 25.000 alumnos del campus de Vera de la Universidad Politécnica hasta este lunes 19 de octubre, está en su recta final.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, informó hace una semana de que los agentes habían identificado a un total de 40 estudiantes que asistieron a las tres fiestas que se celebraron en la residencia, una por la tarde disuelta a las 21.00 horas tras avisar otros residentes al conserje y este a su vez a la Policía Nacional, y otras dos de madrugada en dos habitaciones, en todos los casos sin ningún tipo de medida de seguridad.

Fuentes de Justicia han asegurado este martes de que ya son 214 los estudiantes identificados por los agentes, como consecuencia del visionado de los diferentes vídeos subidos a redes sociales, así como de las declaraciones de los propios alumnos a los agentes.

Tal y como explicó Bravo, la Policía Autonómica propone multas de entre 600 y 30.000 euros por una infracción grave para los asistentes identificados en las fiestas, para los responsables del colegio mayor por no garantizar la seguridad en sus instalaciones, para los recepcionistas por no impedir la celebración de las fiestas y a los miembros del consejo colegial, organizador de la fiesta en la azotea (aunque alegan que la fiesta se desconvocó el mismo día), algunos de los cuales también asistieron.

Una vez finalizado el informe policial, la Conselleria abrirá el procedimiento sancionador en el que se dará audiencia a las partes implicadas y se determinarán las sanciones definitivas.

Las sanciones están fundamentadas en el decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell. Según el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la COVID-19.

El decreto considera infracciones graves, “no respetar los límites de aforo, así como las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas” y “organizar reuniones, o fiestas de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años”.

En las sanciones graves también se contempla la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de seis meses.