25 años después

En 1996 José María Aznar pudo ser investido presidente del Gobierno por la confluencia de dos circunstancias: que Felipe González había sido presidente durante cuatro legislaturas consecutivas y que el PP no había ocupado hasta el momento la presidencia del Gobierno y, en consecuencia, no se sabía lo que sería capaz de hacer una vez que la ocupara. Después de los años de gobierno de José María Aznar, el PP no puede llegar en el futuro a la presidencia del Gobierno con una composición del Congreso de los Diputados como la resultante de las elecciones de 1996. José María Aznar achicharró con su ejecutoria como presidente del Gobierno tal posibilidad. 

Aznar pudo ser investido presidente porque a los 156 escaños del PP se sumaron los 21 de CiU y PNV. Sin el concurso de los nacionalismos catalán y vasco, no hubiera sido presidente. Ni en 1996, ni posiblemente nunca. Lo fue en las elecciones de 2000 con mayoría absoluta. Y con su forma de ejercer el poder en esta legislatura acabó con la posibilidad de que cualquier candidato del PP pudiera volver a contar para la investidura con los nacionalismos catalán y vasco. En la legislatura 1996-2000, el PP ocultó cuál era su política “territorial”, porque dependía de los votos nacionalistas. A partir de 2000, ya no tuvo que ocultarla. En los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía vasco y catalán Aznar dejaría clara la posición del PP. No hay nada más que hablar sobre esta cuestión. La estructura del Estado está cerrada y si alguien quiere abrir un debate sobre la misma, que proponga una reforma de la Constitución.  

Dicha posición sostenida sería continuada por Mariano Rajoy en sus años de oposición, entre 2004 y 2011, y en sus años de Gobierno, entre 2011 y 2018. En lo que a la estructura del Estado se refiere, habrá que estar a lo que decida el Tribunal Constitucional. Ni los parlamentos ni los gobiernos del Estado o de las Comunidades Autónomas tienen algo que decir. Y si alguno se atreve a decir algo, ahí está el artículo 155 de la Constitución, la Fiscalía General del Estado y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Ya nadie puede llamarse a engaño. Todo el mundo sabe lo que puede esperar del PP en el Gobierno de la Nación. Todo el mundo sabe qué entiende el PP por “unidad de España” y hasta dónde está dispuesto a llegar para imponerla. Tras la llegada de Vox al Congreso de los Diputados y a los parlamentos de las Comunidades Autónomas, todavía más. 

Aznar fue presidente del Gobierno porque hace 25 años pudo contar con la colaboración de los nacionalismos no solo en la investidura, sino a lo largo de la legislatura. Aznar tuvo, pues,  la oportunidad de sentar las bases para un entendimiento con dichos nacionalismos. Hizo justamente lo contrario. Pagó la “factura” entre 1996 y 2000 porque no tuvo más remedio y se la “cobró” a partir de 2000, cuando dejó de necesitarlos. 

Desde entonces, el PP está condenado a la “mayoría absoluta” para poder llegar al Gobierno. Con una composición del Congreso de los Diputados como la de 1996, el PP sabe que su candidato no será investido presidente. En 1996 le bastaba con superar en escaños al PSOE. La formación de gobierno desde la entrada en vigor de la Constitución descansaba en la norma no escrita, pero no por ello menos vinculante, de que los partidos nacionalistas completaban la mayoría de investidura del partido de gobierno de España, PSOE o PP, que obtuviera mayor número de escaños. Por eso, en 1996, a pesar del mensaje anticatalanista del PP durante la campaña electoral, que los militantes expresaron ante el balcón de Génova 13 la noche electoral con el cántico “Pujol, enano, habla castellano”, José María Aznar acabó recibiendo los votos de CiU en la investidura. Después de la experiencia de Aznar como presidente del Gobierno, prolongada por la de su sucesor Mariano Rajoy, ya no es posible.

Esta “herencia política” es igual de tóxica, por lo menos, que la “herencia de la corrupción”. El PP del País Vasco, en donde no se han acreditado conductas corruptas, ha sufrido un castigo electoral enorme tras la aplicación del 155 en Catalunya. La aplicación se ha sentido electoralmente en el País Vasco exactamente igual que en Catalunya. 

La ejecutoria del PP como “partido de gobierno”, tanto con Aznar como con Rajoy, ha hipotecado las siglas del partido. No es solamente del edificio de la calle Génova del que hay que prescindir. Es necesaria una refundación del partido y arrojar las siglas PP al basurero de la historia.