Doñana y el 23J

A estas alturas pienso que nadie puede tener la menor duda de que la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre el futuro del Parque Nacional de Doñana está tomada. En el momento en que decidió no tramitar como proyecto de ley, sino como proposición de ley, la norma relativa a los regadíos en la corona del Parque Nacional y acordó que fuera tramitada por el procedimiento de urgencia, estaba claro qué es lo que se pretendía.

En la pasada campaña electoral del 28 M, aunque en Andalucía no se celebraban elecciones autonómicas, sino exclusivamente elecciones municipales, la tramitación de la proposición de ley se dejó en suspenso, para reanudarla inmediatamente después de conocidos los resultados electorales. Reanudación en la que ha destacado el veto de los dos grupos parlamentarios firmantes de la proposición, PP y Vox, a las personas con mayor conocimiento del Parque Nacional, entre las que se ha destacado en los medios de comunicación la figura de Miguel Delibes. Tanto que ha obligado a PP y VOX a rectificar y admitir su comparecencia. Ya se pueden imaginar la atención que van a prestar a su opinión ambos partidos.

La alarma por lo que puede ocurrir con el Parque Nacional ha pasado nuestras fronteras. El viaje de diputados alemanes a España para interesarse por la amenaza que la proposición de ley supone para la supervivencia del Parque ha sido noticia destacada de estos últimos días en la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Pero la alarma va mucho más allá de los miembros del Bundestag alemán.

En la prensa de la derecha española se ha empezado a calificar a todo el que no está de acuerdo con la proposición de ley de “lobby antifresa”, reviviendo argumentación de la que hacía uso el general Franco cada vez que España era criticada desde el exterior. “Monedero y Garzón, vinculados a los líderes del boicot a la fresa de Andalucía”, ha sido la portada de ABC este sábado. La “anti-España” conjurada con los enemigos externos. El gen franquista, que tomo prestado del gen convergente de Enric Juliana, atacando de nuevo.

El resultado final de lo que pase con el Parque Nacional dependerá de lo que ocurra el 23 de julio en las elecciones generales.

La proposición de ley, como expliqué el 20 y el 29 de abril en este mismo espacio, no tiene posibilidad alguna de entrar en vigor con un Gobierno como el que actualmente dirige el país. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno, haciendo uso del privilegio procesal del artículo 161.2 de la Constitución, suspende automáticamente la norma impugnada, suspensión que tiene que ser confirmada o levantada por el Tribunal Constitucional en el plazo de seis meses. La ley resultante de la proposición de ley aprobada por el Parlamento andaluz quedaría suspendida hasta que el Tribunal Constitucional decidiera acerca de su constitucionalidad o anticonstitucionalidad. El Tribunal Constitucional podría elevar incluso una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que decidiera sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea.

¿Cabría esperar una reacción similar si Alberto Núñez Feijóo fuera el presidente del Gobierno? ¿Se atrevería Núñez Feijóo a enfrentarse a Moreno Bonilla?

Una ley una vez aprobada, únicamente puede ser suspendida si es recurrida por el presidente del Gobierno. Todos los demás órganos o fracciones de órganos legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad pueden interponerlo, pero su recurso no suspende la aplicación de la norma. Únicamente el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno de la Nación puede hacerlo. El tiempo es un elemento decisivo para la aplicación de esta ley. Si no se frena, se puede llegar a una situación que se convierta en irreversible.

Doñana no es un problema andaluz. Debería estar en primera línea en el debate electoral del 23 J.

Crucemos los dedos.