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Laicismo responsable

La intervención del papa Francisco en el Parlamento Europeo supone dotar a una esfera privada como es la religiosa de una legitimidad y autoridad de la que nunca debería gozar en sede parlamentaria.

En este sentido, la decisión de algunos diputados del Grupo de la Izquierda Europea de ausentarse del Parlamento durante la intervención del máximo representante de la Iglesia católica es un acto de reivindicación del lacismo que debería presidir la vida pública.

El pasado 25 de noviembre, el papa Francisco fue invitado a intervenir en la sede del Parlamento Europeo. Se trató de una intervención no falta de polémica, pues algunos de los eurodiputados del Grupo de la Izquierda Europea (GUE/NGL) decidieron ausentarse del mismo por no estar de acuerdo con el hecho de que el cabeza de la Iglesia Católica interviniese en la casa de los representantes de la soberanía popular.

Estos eurodiputados han recibido críticas por parte incluso de otros miembros de posiciones de izquierdas, pues entienden que cualquier persona tiene derecho a expresarse libremente y ser escuchada por los representantes de los ciudadanos. Si bien no pongo en duda este planteamiento, cuestiono que deba ser en el Parlamento Europeo donde se dé voz al máximo representante de una confesión religiosa.

Se da la circunstancia de que en la figura del Papa de Roma, aparte de la representación de la Iglesia Católica, también se concentra la de la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano, último estado teocrático de Europa. Entiendo que la invitación no se efectuó al jefe del Estado, pues, en este caso, se debería dar voz en sede parlamentaria a todos los jefes de Estado absolutistas del mundo, sino al representante de la mayor confesión religiosa de la Unión Europea. Por ello, me centraré únicamente en las razones que me llevan, como persona que aboga por la laicidad del Estado, a no creer conveniente que el representante de una confesión religiosa intervenga en el Parlamento Europeo.

El Estado laico que propugnan la mayoría de las constituciones nacionales del viejo continente no es más que la separación absoluta entre Iglesia y Estado, así como la total protección de la religión en la esfera privada. Es decir, que cada uno pueda profesar la religión que desee libremente, pero que no se mezcle la misma con los espacios públicos.

Esta regla se rompe si el máximo representante de una de las religiones acude al Parlamento para intentar influir en las políticas públicas que se aprueben por los representantes de los ciudadanos. Más aún, el hecho de que las mismas se pudiesen guiar por éticas y valores de alguien que no ha sido votado por los ciudadanos supondría una clara quiebra de los principios democráticos.

No se trata de desterrar los valores católicos de forma absoluta de la esfera pública, sino de respetar los cauces democráticos establecidos para que los mismos puedan ser expresados, debatidos y, llegado el caso, asumidos como parte de los valores europeos, conforme a los mecanismos establecidos.

El Papa habló de la situación económica, del papel del capitalismo en la Europa actual, de lo que él entiende por familia, de la libertad o no de las mujeres para decidir sobre reproducción, etc. Es decir, puso encima de la mesa una serie de temas de gran importancia para la vida de los europeos y que su concreción legal se debe realizar por los representantes de los ciudadanos.

Como comentó Pablo Iglesias, eurodiputado por Podemos, muchos de los planteamientos económicos del sumo pontífice iban en la línea de lo que propugnan los partidos de izquierdas, aquellos que ponen en valor la lucha de oprimidos contra opresores. En la otra cara de la moneda, el Papa también puso de manifiesto la opinión de la Iglesia Católica en temas como las libertades afectivas, sexuales y reproductivas, en este punto totalmente contrarias a la lucha de oprimidos contra opresores.

Lo criticable de esta intervención no es que se puedan tener posiciones a favor o en contra de lo que dijo, algo totalmente natural y sano en el juego democrático, sino que se le dote de una autoridad que no debería tener en sede parlamentaria. El Papa de Roma, como representante de la Iglesia Católica, no tiene ninguna legitimidad para intervenir e intentar influir en las decisiones que se tomen en el Parlamento Europeo. Para ello existen los diferentes partidos políticos, que los ciudadanos han votado, y que en muchas ocasiones llevan por bandera el ser representantes de los valores católicos. En este punto, debemos señalar que el principal grupo político en el Parlamento surgido tras las elecciones del pasado 25 de mayo es el del "Grupo Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)".

Si el Papa, como referente de los católicos, entiende que los partidos políticos que se autodenominan cristianos tienen unas políticas económicas que distan de las que serían acordes a los principios que propugna su doctrina, tiene cauces privados para ponerlo de manifiesto, sin que nadie le limite su libertad de expresión en los mismos; léase cualquier acto religioso o medios de comunicación privados con los que pueda hacer llegar sus reflexiones a los miembros de su religión.

Los católicos, así como los ciudadanos que profesen cualquier otra religión, tienen la libertad de elegir a los representantes políticos que crean más afines a sus valores, y, dentro de los mecanismos democráticos establecidos para ello, intentar guiar las políticas en tal sentido.

Por todo ello, no considero la actuación de los diputados de izquierdas que se levantaron de sus asientos como un acto irrespetuoso para con las opiniones ajenas, sino como un acto de responsabilidad democrática y respeto por las instituciones que deben velar por los derechos de todos los ciudadanos. Si no ponemos en valor la necesidad del laicismo en la sociedad, estaremos corriendo el riesgo de que la esfera privada de unos continúe condicionando la esfera pública de todos.  

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