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Los perros guardianes

En recuerdo y homenaje a Salvador Puig Antich, asesinado dos veces por la dictadura y sus sicarios: los policías que lo acribillaron a tiros y luego los jueces militares que lo condenaron y lo ejecutaron.

En los años treinta Paul Nizan[1] denunció a los guardianes ideológicos del “orden establecido”. Mucho antes Goethe había declarado: “prefiero el orden a la justicia”. Mounier[2] denunció el “orden” de nuestras sociedades desiguales y excluyentes, y lo llamó “desorden establecido”. Brecht ensalzó el combate contra este falso orden para construir el “gran orden”: el orden justo, aunque en cambio los conservadores lo califican de desorden. El ministro del Interior del Gobierno español, Fernández Díaz, debe conocer de oídas a Goethe y su desafortunada frase. Seguramente le suena Brecht como un subversivo y poco más. No creo que tenga la más mínima idea de quienes eran Nizan y Mounier. Sin embargo, merece ser citado si se trata de reflexionar sobre el orden y el delito. Y por cierto parece que ha emprendido un camino que le aproxima a otros personajes mucho menos atractivos que Nizan, Mounier o Brecht. Como es el caso de Andréi Vyshinski[3], autor de la Teoría judicial de las pruebas y fiscal de los procesos estalinianos de finales de los años treinta. O Maurice Papon[4], prefecto de policía de París que dirigió la represión post 68, impulsó la ilegalización de las organizaciones de izquierda consideradas antisistema y criminalizó a los jóvenes como perturbadores del “orden público”.

El proyecto de ley de "seguridad ciudadana” perpetrada por el ministro español expresa toda una concepción del “orden público”. El ministro del Interior emerge hoy como un perro guardian del desorden establecido. El poder político en España quiere imponer un falso orden silencioso, que no sea perturbado por  ninguna resistencia a la arbitrariedad, ninguna protesta ante la injusticia, ninguna muestra de indignación ante los privilegios, ningún escándalo ante la corrupción, ningunos gritos ante la desesperación. El espacio público, donde conviven y se expresan las demandas y las aspiraciones de los ciudadanos, debe ser un espacio muerto, regido por el temor y reprimido por las autoridades. “Desconflictivizado” como dice Manuel Delgado; “punitivo y mercantilizado” como escribe Jaume Asens[5] en sus recientes textos críticos sobre la “ley mordaza”. Un buen título para una pésima ley, tanto desde el punto de vista ético como moral o como técnico.

No es objeto de este artículo analizar con detalle dicho proyecto. Es suficiente citar algunos de sus presupuestos, objetivos y ejemplos. El punto de partida es criminalizar la protesta. Se considera el “espacio público” como espacio monopolio del poder, el cual lo cede para usos económicos o funcionales (como el transporte o el ocio), pero no para que la colectividad ciudadana se exprese y en ningún caso para confrontarse con el poder establecido. La protesta debe ser inocua, marginal, invisible… o reprimida duramente. Es decir, se ilegaliza aunque ello sea abiertamente anticonstitucional. Para facilitar esta represión se utiliza una legislación al margen del Código penal para evitar las garantías que ofrece el proceso judicial. Se trata de medidas administrativas gestionadas por parte de la policía a la que se dota de facto de la arbitrariedad, pues las normas son genéricas (“ultrajes a España”, “atentar a la unidad española” o “alteración del orden público”, por ejemplo), de impunidad (se eliminan los controles sobre sus actuaciones como grabaciones, cámaras en las salas de interrogatorio, etc.) y veracidad (el testimonio de los polícias se presume como cierto sin necesidad de otras pruebas y posee más valor que el del acusado o de otros testigos).

El objetivo es proteger a las autoridades políticas y los partidos gobernantes y a los de las empresas, especialmente financieras, que son más susceptibles de rechazo social.  Se reprime duramente, mediante multas exorbitantes (de decenas de miles de euros en muchos casos), cualquier forma de protesta o denuncia públicas que afecten a las oligarquías del poder. Incluso el SUP (principal sindicato de policías) consideró que se pretende “proteger a la casta política”. No solo se trata de manifestaciones o concentraciones, también de dar apoyo o divulgar estas acciones, mediante textos escritos, uso de las redes sociales, instalar infraestructuras en el espacio público, no entregar el DNI (aunque se muestre), escribir grafitos, estar presentes en “zonas de seguridad”  o fuera del ámbito en que la policía ha permitido estar, etc. Se trata de medidas disuasorias para silenciar a la ciudadanía o provocar a los sectores más críticos para que se radicalicen y facilitar así una mayor represión. Ante un malestar creciente esta ley es una provocación propia de pirómanos.

Pero, ¿por qué ahora se propone una ley mordaza que necesariamente debe generar más conflictividad? Es una ley radicalmente antidemocrática, puesto que el marco democrático pretende regular los conflictos y facilitar su resolución pacífica teniendo en cuenta las demandas ciudadanas. Por el contrario, la ley mordaza estimula los conflictos y pretende reprimirlos y radicalizarlos en vez de resolverlos. Se trata de un proyecto de ley que forma parte de la política que podemos calificar de “represión preventiva”, como ya lo hicieron antes a un nivel más modesto “las normas del civismo” en el ámbito local[6]. En este caso se reprime para yugular el creciente pero muy pacífico malestar social y la indignación ciudadana frente a las políticas públicas y los privilegios y la impunidad de las entidades financieras y las grandes empresas de servicios. Se reprime “preventivamente”, como las guerras de Bush que atacaban las zonas donde el imperialismo era más brutal y se expresaban resistencias desesperadas. Y, conscientes de la responsabilidad colectiva y personal de consejos de administración y cúpulas políticas gobernantes, se pretende blindar edificios públicos y residencias privadas para que los culpables no se vean asediados por las reacciones populares. Para lo cual pretenden crear un clima de temor frente a unos supuestos bárbaros o violentos denominados “antisistema”, “violentos”, o “similares[7]; manifiestan una voluntad represiva para actuar agresivamente contra los rebeldes con causa; y tienden a acelerar la deriva autoritaria que cada día se parece más a un proceso de fascistización.[8]

Ante esta ofensiva, la resistencia por ahora es débil en el ámbito institucional debido a la mayoría del Partido Popular, que cuenta además con el apoyo de los grandes poderes económicos, incluidos los mediáticos, y la siniestra Conferencia episcopal y sus redes (Opus, legionarios, kikos, etc.), así como gran parte de la cúpula de la judicatura. Y como el PSOE -la teórica fuerza de la alternancia electoral- es lo que es, cómplice de la derecha reaccionaria en las políticas económicas y el modelo de Estado, no parece que el actual marco institucional sea por ahora susceptible de ser el escenario de cambios positivos que frenen la degradación de la débil democracia formal y cada día más vulnerada.

Sin embargo la reacción social, a pesar de ser diversa, fragmentada, discontinua, es mucho más fuerte de lo que parece; a veces soterrada, otras abiertamente. La deriva autoritaria que ha emprendido explícitamente el Ministerio del Interior puede convertirse en una serie de chispas que acaben provocando un incendio. Ante el desorden establecido, esta reacción social denuncia el marco económico y político-jurídico y pugnará para establecer el orden democrático, en lo político y lo social. La violencia represiva institucional pero ilegítima puede provocar justificadas reacciones violentas. Las movilizaciones sociales han dado muestra de un autocontrol y de una vocación pacífica excepcionales. No solo por parte de organizaciones políticas y sindicales, sino también por movimientos de base más espontáneos o desesperados como los de las  víctimas del desempleo o de las familias sin ingresos o de los desahuciados, los estafados por los bancos o los no atendidos por la sanidad pública. Pero saben muy bien que sus males no proceden de una plaga bíblica o de unos mercados anónimos.

Existen los responsables, con nombres y apellidos, en las instituciones públicas y en los consejos de administración. O en cargos directivos que ejecutan lo que los otros han decidido. Muchos de ellos merecen el nombre de “asesinos”[9]. Si los asesinos no solo no son castigados, sino que además son los beneficiarios de las políticas gubernamentales no deberá sorprender que lo que ahora son manifestaciones políticas deriven en violencia o respalden a colectivos organizados que hagan de ella su forma de resistencia política. Los pirómanos del Gobierno español como Wert, Montoro, Fernández Díaz, Ruiz Gallardón y otros son solo la punta provocadora, son los perros guardianes más visibles. Los responsables son muchos más, no siempre visibles. Son los que están en las cumbres de las pirámides políticas y económicas, en las instituciones y en los consejos de administración. Todos ellos han emprendido una cruzada criminal contra las mayorías sociales. Si la violencia se generaliza, ellos serán los responsables.

Cuando la democracia se pervierte, como es el caso hoy en España, el derecho a la desobediencia civil y la insurrección política no sólo está justificado, es también un deber. La insurrección puede ser pacífica. Es deseable que así sea. Pero si el poder establecido multiplica y acentúa la violencia institucional, como parece ser el camino emprendido, puede que la violencia arraigue y sea incluso aceptada por la sociedad. No creo que la violencia sea ahora en un plano estrictamente político una reacción positiva y eficaz, pero sí legítima, moralmente justificada.

Recordemos a Salvador Puig Antich. Podemos considerar que la acción armada contra los bancos para obtener recursos para los colectivos sociales necesitados -como por ejemplo las cajas de resistencia de los huelguistas- no fuera un método adecuado, pues podía criminalizar a los indefensos beneficiarios. Pero era una acción legítima, bienintencionada, moralmente justa. No mataban a nadie, no se lucraban de su acción, asumían los riesgos. Salvador Puig Antich debe ser recordado con simpatía y afecto por todos aquellos que no aceptamos un sistema político y económico injusto, y unos valores que oprimen a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, a los profesionales especialmente del sector público, a los sectores de la cultura, a los autónomos y pequeños o medianos empresarios, incluso. Como son recordados los que llevaron al cielo al delfín del dictador, el almirante Carrero Blanco[10]. Esperemos que el marco político actual permita un cambio de régimen que suponga otro modelo de Estado y de economía. Es decir, reemprender la tarea democratizadora que a finales de los setenta se inició y luego no solo no se desarrolló, sino que con el tiempo se pervirtió. Hoy España dista de ser una democracia legítima y aceptable para gran parte de la ciudadanía.


[1] Paul Nizan, amigo y colega de Sastre, periodista, autor de algunas novelas y un magnífico libro-reportaje anticolonialista, Aden Arabia, cuya reedición en los años sesenta iba precedida por una extensa introducción de Sartre. Su libro-panfleto, Les chiens de garde, causó escándalo por la virulencia de la crítica a los pensadores académicos legitimadores del “orden establecido”. Escritor brillante, militante comunista resistente ante la ocupación alemana, fue expulsado del partido por criticar la pasividad de la dirección del Partido Comunista francés cuando se anunció el pacto germano-soviético. Murió combatiendo a los ocupantes nazis.

[2] Emmanuel Mounier, fundador de la revista Esprit y principal inspirador de la corriente cristiana progresista a mediados del siglo XX. Esprit es aún hoy una de las publicaciones de izquierda en lengua francesa más interesantes. En España esta corriente la personificó Alfonso Comín, líder del movimiento de Cristianos por el Socialismo, una parte importante del cual convergió hacia el PCE-PSUC.

[3] Vyshinski, ex menchevique, luego estalinista, teorizó que el Estado tiene la presunción de la verdad y que los ciudadanos que sean procesados deben aportar las pruebas de su inocencia. La ley de seguridad ciudadana del ministro español presupone que los ciudadanos detenidos por la policías son presuntamente culpables.

[4] Papon fue más tarde procesado y condenado, ya muy anciano, por haber participado activamente en la detención masiva de judíos durante la ocupación alemana, los cuales fueron enviados a campos de exterminio en Alemania.

[5] Jaume Asens y Gerardo Pisarello: La bestia sin bozal (Los Libros de la Catarata, 2014) y sus artículos en Sin Permiso, Público y el blog Contrapoder/diario.es. Ver también de Pisarello y Asens: No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempo de crisis (Icaria, 2011); y de Pisarello, Procesos constituyentes (Trotta, 2014)

[6] Las normas del civismo fueron promovidas por ayuntamientos en la mayoría de los casos dirigidos por gobiernos socialistas.  Barcelona fue, como otras veces, protagonista de la iniciativa, pero en este caso su “modelo”, aunque fue imitado, no puede considerarse ejemplar. Estas normas, aun vigentes, son propias de la peor extrema derecha.

[7] El término “similar” ya lo usaba la ley de represión de masonería y comunismo que estuvo vigente hasta inicios de los años 60 (sustituida por una ley parecida, la que instituyó el TOP: Tribunal de Orden Público). En la ley se puede encontrar un artículo que definía a los comunistas: “son comunistas los comunistas, los socialistas, los anarquistas y los similares”.

[8] Estos procesos son muy conocidos en la historia del siglo XX. Se trata de generar fracturas sociales y culturales y criminalizar aquellos valores y comportamientos que pugnan por democratizar el sistema político y económico. No es casual que el gobierno español, a la vez que practica políticas socio-económicas muy agresivas contra la mayoría de la ciudadanía, abre nuevos frentes sobre bases propias del viejo reaccionarismo religioso o ultranacionalista como ocurre con la aberrante ley del aborto, la política “educativa” del ministro Wert o la satanización de las revindicaciones de la mayoría del pueblo catalán.

[9] Ada Colau -portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas- acusó al representante de la Banca española de “asesino”, lo que, si bien escandalizó a gran parte de “sus señorías” y de los perros guardianes de muchos medios de comunicación, obtuvo un gran éxito popular. El calificativo puede parecer muy duro, pero es adecuado. Como también se lo merecen los responsables de preferentes, los que se aprovechan de la crisis para pagar salarios que no dan ni para comer, los que han provocado que haya personas han perdido todas las razones para vivir por carecer de ingresos mínimos y sin perspectiva de futuro, etc.

[10] Carrero Blanco murió como resultado de un atentado en el centro de Madrid realizado por ETA.  El auto oficial que le llevaba a misa voló por los aires. No he encontrado a ningún demócrata que por lo menos en privado no se haya alegrado de este acto y de sus resultados. Otra cosa fue la escalada terrorista posterior, ya en plena transición hacia una débil democracia, tan injusticada políticamente como inadmisible moralmente.


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