La trampa de los pactos de reconstrucción

A inicios de abril, Pedro Sánchez anunció que pondría en marcha unos nuevos Pactos de la Moncloa para acordar con los partidos y los actores sociales un plan económico de reconstrucción del país después de la pandemia. Hace pocas semanas, se creó en las Cortes Generales la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, presidida por Patxi López.

Los pactos nunca son acuerdos ahistóricos, sino que siempre son la concreción político-jurídica de una determinada situación histórica donde concurren condiciones que los posibilitan.

Independientemente de que la situación de crisis pospandemia amerite un pacto de reconstrucción, no existen hoy en España condiciones para que pueda tener lugar un acuerdo favorable a las mayorías sociales. Ello supone el peligro de que el posible pacto resultante acabe actuando no tanto en un sentido objetivo progresista como en un sentido subjetivo conservador. Es decir, no tanto como una solución material real capaz de aliviar la precarización de amplios sectores sociales, sino como un nuevo tótem social disciplinante que ejerza de categoría anticonflicto, sirviendo para deslegitimar y acusar a los “revoltosos” de contrarios al consenso alcanzado. Me explico.

La ilusión de un Pacto de reconstrucción en favor de las mayorías

La firma de un pacto en este sentido, exigiría de, al menos, tres condiciones que no concurren hoy en el Estado:

En primer lugar, requeriría de los sujetos adecuados para poder propiciarlo. Esto es, de empresarios schumpeterianos con necesidad de trabajadores y de incremento de la demanda, de sindicatos con la fortaleza organizativa suficiente para condicionar decisiones, de la existencia de un sentido de “unidad nacional” compartido, etc.

Sin embargo, los sujetos que deben protagonizar el supuesto pacto de reconstrucción en España son todo lo contrario. Una derecha ubicada en el “acoso y derribo”, la preeminencia de un capital especulativo-financiero que no requiere de asalarización ni consumo, sindicatos mayoritarios en decadencia y la existencia de un conflicto político territorial y de represión sin voluntad de resolverse por parte del Estado que determina los apoyos y posiciones en Madrid de los partidos no nacionalistas españoles.

En segundo lugar, requeriría que viviéramos en una “época del pacto social” como fue la Europa de posguerra caracterizada por la existencia de un conflicto con una correlación de fuerzas concreta entre sus partes, que conducía a que las exigencias de una de las partes pudieran satisfacerse a través de concesiones que estaba en condiciones de ofrecer a la otra. No obstante, la reestructuración de las relaciones de clase en favor del capital que, a partir de los 80 el neoliberalismo supuso, abrió una nueva época. Ya hace años que no vivimos en la época del pacto social sino en la época de su crisis. El desmontaje de las estructuras de conflicto hace que el Trabajo tenga cada vez menos concesiones que negociar.

Y, en tercer lugar, requeriría que la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica fuera un espacio real de decisión y no ficticio como, realmente, es. El principal y verdadero espacio que determinará si la gestión de la crisis se resuelve salvaguardando derechos sociales o destruyéndolos del todo no es el Congreso sino el Consejo europeo, en el que los líderes de la UE tienen dos opciones sobre la mesa: otorgar financiación a España por vía del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que significaría condicionar la ayuda a la firma de un Memorándum de Entendimiento que imponga condiciones de ajuste neoliberal a la economía española. U otorgársela por vía de los llamados eurobonos, esto es a través de la mutualización de la deuda por parte de todos los Estados miembros y sin condiciones a cambio, lo que permitiría una gestión mucho más social de la situación. Entre estas opciones existen otras intermedias que son una de las dos con modificaciones.

De momento, solo existen declaraciones de contenido político pero no compromisos jurídicos. No será hasta la próxima reunión del Consejo europeo que podremos ver que dirección se adopta. Aunque, y ojalá me equivoque, teniendo en cuenta la posición de los países del norte y la difícil mayoría necesaria para aprobar la opción de los eurobonos, todo parece indicar que una vez más la UE se ubicará del lado de los intereses de los grandes capitales que, al fin y al cabo, son su razón de existencia.

La trampa del pacto y en defensa del conflicto.

La imposibilidad, por las razones anteriores, de que el pacto resulte en favor de los intereses de las mayorías, no significa, sin embargo, que el Gobierno no acabe, igualmente, propiciando la adopción de un texto, maquillándolo y presentándolo como un gran acuerdo de reconstrucción. Es evidente que al Gobierno no le gusta ni interesa la pobreza. Pero lo que, sin duda y como a cualquiera que ocupa el Poder, aún le gusta e interesa mucho menos, es el conflicto. Y un pacto, independientemente de su contenido, puede serle útil como instrumento anticonflicto.

Se ha escrito mucho sobre como las elites políticas ubicadas en el Poder, así como sus estructuras burocráticas de partido, acaban generando intereses propios al margen de la ciudadanía y lo último que le interesa al Gobierno es el estallido de conflictos que amenacen con removerlos de su posición.

Las funciones de un pacto de reconstrucción social de esta naturaleza pueden ser dos: por un lado, organizar una redistribución equitativa de los costos de la crisis entre clases y grupos sociales que permita garantizar un mínimo de bienestar económico y social a todos. Y, por otro lado, construir, en el imaginario colectivo, una entificación ideal de consenso, dotada de los rasgos de legitimidad, que actúe como categoría anticonflicto, desplazando a la marginalidad a quien pretendan cuestionarlo bajo acusación de ir en contra del interés general.

Así pues, aunque el texto final del acuerdo no sirva para cumplir la primera función, para los intereses de un Gobierno que intenta asegurar su estabilidad, el mero cumplimiento de la segunda función bien justificaría maquillar su redacción y presentarlo públicamente como un gran acuerdo y consenso de país. No podemos descartar que esto sea lo que acabe sucediendo y ahí estaría la trampa y lo desastroso del pacto: no solo no tendría ninguna utilidad para salvaguardar nuestros derechos sociales, sino que además crearía el marco mental colectivo que nos impediría y criminalizaría por luchar por ellos.

Con todo esto no estoy diciendo que no se requiera ningún gran acuerdo, lo que digo es que la relación entre conflicto y pacto que hace el Gobierno en su planteamiento es perversa. Cuando es el pacto el que condiciona el conflicto, en este caso desactivándolo, el resultado es siempre conservador y regresivo para los sectores populares. Mientras que cuando es el conflicto el que condiciona el pacto éste suele tener un mayor carácter popular y progresista para éstos. Sin conflicto previo no hay pacto posible en favor de las mayorías.

Precisamente por ello, frente a la propuesta del Gobierno de que el escudo social de la crisis vendrá, supuestamente, de un acuerdo en las instituciones que permitirá evitar el “indeseable” conflicto en el país. La ciudadanía en general y los movimientos sociales deben entender y promover la idea de que el conflicto no solo sí es deseable, sino también indispensable si se quiere que el pacto final no acabe por hacernos pagar los costes de la crisis a los de siempre.