Los Cotino dieron otro pelotazo con una concesión ajudicada por el PP: 9 millones por el 33% de las residencias concertadas
La familia Cotino a través de su matriz Sedesa ingresó de la venta de sus concesiones en las ITV y el Plan Eólico 85 millones de euros. La Guardia Civil considera que 23 millones de ese pelotazo por vender un negocio que llevaban gestionando solo unos pocos años acabó en manos de sociedades del clan de Eduardo Zaplana, 10,5 millones; Juan Cotino, 11,3 millones, y José Luis Olivas, otros 580.000 euros. Dos expresidentes de la Generalitat y un exdirector de la policía y exconseller.
Pero estas ventas de concesiones públicas con pingües beneficios que se investigan ahora en el Caso Erial no fueron las únicas que garantizaron a la familia Cotino unos ingresos más que considerables. El Grupo Sedesa de los Cotino vendió el 12 de mayo de 2011, en plena campaña electoral por las elecciones autonómicas en las que volvió a arrasar un Francisco Camps acechado por los escándalos de corrupción, un 33% de Savia Gerocentros, su sociedad para gestionar residencias concertadas con la Generalitat y adjudicadas por el PP.
El comprador de esta parte fue el empresario alicantino Enrique Ortiz, condenado -igual que Vicente Cotino- por financiar ilegalmente al PP valenciano. Por esta operación, Sedesa se embolsó 9 millones de euros y la entidad que financió el pago fue Bancaja, en aquel momento presidida por José Luis Olivas. Olivas y Cotino fueron condenados el pasado año por falsedad y delito contra la Hacienda Pública por un pago de 580.000 euros que la Guardia Civil considera que fue un “soborno” por la adjudicación de las ITV y el plan Eólico.
Es llamativo en qué momento de la vida societaria de Sedesa se realizó esta operación. El 21 de junio de 2010, la tecnológica Ezentis se había hecho con el Grupo Sedesa con una ampliación de capital de 30 millones de euros. Tras esa entrada, Vicente Cotino pasaba se ser mayoritario en Sedesa a disponer todavía del 5,24 % de las acciones en Ezentis.
El 12 de mayo de 2011, se produjo la venta por nueve millones de la división de residencias con Ortiz y Olivas como protagonistas. Los medios de comunicación explicaron que era Ezentis la que efectuaba esa venta al Grupo Cívia de Ortiz, pero Cotino todavía mantenía un peso y unas influencias lo suficientemente importantes como para dirigir la operación.
Finalmente, cinco meses después de este ingreso de 9 millones en Ezentis-Sedesa financiado por Bancaja, Vicente Cotino recuperó la totalidad del Grupo Sedesa sin ningún reembolso económico, sino devolviendo el 5,24 % de las acciones que tenía en Ezentis tras la venta hecha un año y cinco meses antes. Una operación societaria bastante extraña y, sobre todo, con un pelotazo de por medio.
El negocio de las residencia ha sido una de los más lucrativos para las empresas que concertaron con el mal llamado “modelo Cotino”, puesto que fue el exconseller preso Rafael Blasco el que lo puso en marcha en 2001 siendo conseller de Bienestar Social. Ese año, Blasco le adjudicó a Sedesa y a otras constructoras valencianas las concesiones de numerosas residencias -21 en el caso de Sedesa- a cambio de construirlas. Una vez puestas en marcha, la administración se encargó de llenarlas -2.000 en total, aunque aumentaron- y de pagar un precio por plaza más alto que la media, unos 1.800 euros al mes.
El contrato de concetación de plazas se amarró de tal manera que, ni la patronal del sector Aerte, ni tampoco los sucesivos gobiernos del PP de Alberto Fabra y el Botànic de izquierdas han conseguido rescindirlos o cambiar las condiciones. Y eso que el sector y la izquierda en la oposición denunciaron el “modelo Cotino” por beneficiar, entre otros, a la empresa de la familia Cotino y Enrique Ortiz, dos financiadores confesos del PP.
