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El Gobierno valenciano reclama 102 millones al hospital privatizado que rescatará en dos meses

Ribera Salud no reconoce la deuda al no haberse iniciado el periodo de alegaciones, emplaza a la Conselleria de Sanidad a convocar la comisión mixta para negociar las liquidaciones y denuncia al departamento de Carmen Montón por cambiar "sus propios criterios contables"

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La consellera de Sanidad, Carmen Montón, durante su comparecencia en las Corts

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, durante su comparecencia en las Corts

La Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano reclama a Ribera Salud 102.045.861,89 euros que le habría abonado de más por la concesión del área de salud de la Ribera durante los años 2013, 2014 y 2015. El departamento que dirige Carmen Montón considera que se le habría cobrado a la administración gran parte de la nómina del personal estatuario que trabaja para los hospitales privatizados y que ya paga la Generalitat, las diferencias de facturación intercentros y la revisión de la cápita definitiva, que en los dos últimos casos es favorable a la Generalitat.

Por su parte, desde Ribera Salud han negado la mayor y aseguran que no reconocen ninguna deuda a la administración valenciana porque las liquidaciones entre 2013 y 2015 no están cerradas y se encuentran a punto de entrar en periodo de alegaciones. "Ribera Salud ha reclamado información para validar conceptos y cifras indicados por la Conselleria de Sanidad, pero hasta la fecha no se le ha facilitado", han explicado a preguntas de eldiario.es. Eso sí, desde la concesionaria puntualizan que cuando se aclare la cifra la abonarán como siempre hacen cuando el saldo de la liquidación es favorable a la administración autonómica.

Desde la Conselleria de Sanidad, que recuperará la gestión del departamento de Salud de la Ribera el próximo 1 de abril al caducar la concesión, han explicado que el contrato establece un precio cierto, que se determina en la liquidación en el que se contempla una parte capitativa, otra no capitativa formada por el saldo de la facturación intercentros (resultado de la diferencia entre el importe de las asistencias que presta la concesión a población de fuera de su área de gestión y el importe de las asistencias prestados por departamentos de gestión directa a población de la cápita de la concesionaria), los ajustes de población, el descuento del coste del personal estatuario que presta servicios para la conselleria, así como otros conceptos que corresponde a gastos abonados por la Conselleria de Sanidad por cuenta de la concesión y que se repercuten en la liquidación.

Así, de la diferencia que pagó la Generalitat y los que debía haber pagado según los correctores sale un saldo positivo en favor de la administración de 102 millones de euros en los tres últimos ejercicios de Gobierno del PP. Aún así, Ribera Salud recibió más de 400 millones de euros en tres años solo en la concesión del área de la Ribera -participa en otras cuatro-.

Por su parte, desde Ribera Salud han asegurado que desde enero de 2017 viene reclamando la convocatoria de la Comisión Mixta para dirimir las liquidaciones. "Como siempre hemos dicho, las concesionarias somos los primeros interesados en cerrar las liquidaciones en tiempo y forma, tal y como establece el pliego de condiciones, algo que ha incumplido la Conselleria de Sanidad Universal. La Conselleria lo ha rechazado continuamente aludiendo que no era el órgano adecuado para dirimir estas cuestiones, algo que ha quedado aclarado en la reciente sentencia publicada de la concesión del área de Manises, que ratifica que las comisiones mixtas son el órgano competente para estas cuestiones", ha argumentado. 

Además, han apuntado desde Ribera Salud, "es totalmente erróneo afirmar que Ribera Salud debe devolver dinero a la Conselleria si las liquidaciones salen a favor de ésta". "No hay que confundir la cápita que, como exige el pliego de condiciones se debe pagar mensualmente, con las liquidaciones que deben cerrarse al año siguiente y que incluyen servicios prestados entre la Conselleria y Ribera Salud como flujo de pacientes por libre elección, salarios estatutarios, farmacia hospitalaria y otros conceptos", han alegado. 

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