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El juez busca en Hong Kong el botín de la depuradora saqueada

El magistrado investiga si el informático de la empresa de pública Emarsa desvió allí parte de los 30 millones robados

Enrique Crespo

Alfonso Rus con Enrique Crespo, ex presidente de Emarsa.

El juez que investiga el saqueo del caso Emarsa, el monumental saqueo de una depuradora pública valenciana, investiga si uno de los supuestos delincuentes que componía la trama ha desviado a Hong Kong parte de los 30 millones robados.

Concretamente, el juez instructor cree que hay indicios de que el exinformático de Emarsa, Sebastián García, alias 'Chanin', su mujer, María Asunción Pestiñez, y su hermana, María Paz García, desviaron dinero de la depuradora de Pinedo a Hong Kong.

Así lo habría revelado El Mundo, que aporta documentos según los cuales gente de confianza de García habría viajado a China para ingresar 400.000 dólares en efectivo en uno de los bancos más grandes de Asia, el HSBC. Este hecho podría ser un delito delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes.

García y su hermana, junto con otros imputados, ya están siendo investigados por un delito continuado de malversación agravada de caudales públicos, un delito continuado de falsedad documental, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un delito contable.

Todos estas supuestas irregularidades se cometieron entre 2006 y 2010 en Emarsa, la empresa del Ayuntamiento de Valencia y los municipios de su área metropolitana que gestionaba las aguas residuales de la zona desde finales de los 80. En 2010, la sociedad fue disuelta y sus responsables, denunciados.

Emarsa estaba quebrada. Sus directivos, directamente miembros del PP o vinculados al partido, habían hecho un negocio redondo con el tratamiento de 300.000 metros cúbicos de lodo por año. Sencillamente, cobraban del ciudadano 48 euros por tonelada de tratada mientras que ellos subcontraban el servicio por 18 euros, un 62% menos.

30 millones en casas, hoteles o prostitutas

El tamaño de la estafa podría estar entre los 25 millones que el juez que investiga el caso puede tener acreditados o los 40 que denuncia la oposición, personada en la causa. Unos 30 millones, según la Fiscalía y la entidad pública que asumió las funciones de Emarsa tras su liquidación.

De lo que ya queda constancia en la investigación es de donde fueron a parar parte de esos fondos. Con ellos se pagaron prostitutas –simuladas en facturas que hablaban de traductoras que se alojaban en hoteles de lujo de Alicante o Benicàssim (Castellón)-, artículos de Loewe, comidas opíparas (300.000 euros de gasto en cinco años), 75.000 euros en joyas o sobresueldos. Ahora, parece que parte podría estar a buen recaudo en Hong Kong.

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