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Imputado el exdirector de Vaersa por pagar cenas de 700 euros y hacer extracciones en metálico de la tarjeta pública

Fiscalía ha presentado la denuncia y Vaersa se persona como acusación particular contra el director de la empresa pública durante la última legislatura de Camps

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Sede de Vaersa.

Sede de Vaersa.

Cenas de 700 o 500 euros, o de 360 para dos personas, y reintegros de hasta 500 euros semanales con la tarjeta de Vaersa són los dispendios por los que un juzgado de València investiga a Felipe Espinosa, exdirector de esta empresa pública (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos). La investigación se ha producido tras presentar una denuncia la Fiscalía provincial por uso fraudulento del dinero público, mientras que Vaersa se ha presentado como acusación popular.

Según explican medios como  Valencia Plaza Levante-EMV las investigaciones se centran en la última legislatura de Francisco Camps como president de la Generalitat, entre 2007 y 2011. Las investigaciones indagan extracciones de dinero en efectivo por valor de más de 45.000 euros, en operaciones en cajeros automáticos realizadas en su mayor parte en fines de semana. Además, del total de gastos de esas tarjetas, 138.525 euros, el informe destaca, por ejemplo, que 12.000 euros se abonaron en un mismo restaurante por 89 comidas, 65 de ellas en sábado o domingo.

Otro de los puntos oscuros de estas prácticas, que la defensa de Espinosa afirma que se incluían dentro de sus funciones de trabajo, ha sido la opacidad de los nombres de las personas a las que invitaba el exdirectivo, pese a su obligatoriedad de que quedasen registrados, además de producirse algunas de ellas en fines de semana, presumiblemente fuera de su horario laboral.

Ya inhabilitado

Pero Felipe Espinosa ya está condenado por su gestión al frente de Vaersa por otros asuntos anteriores, por lo que está inhabilitado por 18 años para el desempeño de cargo público. Este inhabilitación se le impuso tras el acuerdo al que llegaron la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat.

Esta condena se separa en dos piezas diferentes. Una inhabilitación de 8 años por comprar irregularmente 67 vehículos todoterreno -algunos de ellos de alta gama, con un precio de 60.000 euros-, dando el visto bueno a una compra que vulneraba la Ley de contratos del Sector Público.

Los otros 10 años de inhabilitación fue por autorizar el pago de 1,8 millones de euros en sobresueldos a directivos de vaersa también en la legislatura 2007-2011, pagos que hizo sin autorización del gobierno valenciano.

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