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El decreto de plurilingüismo: Preguntas y respuestas

La norma estrella impulsada por Vicent Marzà ha sido suspendida de forma cautelar por el TSJ tras admitir a trámite tres recursos presentados en su contra

La fiscalía respondió a uno de los escritos asegurando que la norma "ni impide ni obstaculiza ni proscribe la enseñanza en castellano", tal y como denuncian

El decreto desarrollado por Conselleria, que debe entrar en vigor el próximo curso, pretende incrementar la capacitación lingüística en valenciano e inglés de los alumnos

El conseller de Educación, Vicent Marzà

El conseller de Educación, Vicent Marzà Jesús Císcar

El nuevo decreto de plurilingüismo es, sin duda, alguna la norma estrella de la conselleria de Edudación que dirige Vicent Marzà. Desde que el pasado mes de septiembre el propio conseller diera a conocer las líneas maestras de la ley que impulsa el Consell del Botànic, han sido numerosas las opiniones que se han vertido al respecto, desde las mayores alabanzas a las más feroces críticas. Aquí les dejamos algunas cuestiones sobre la controvertida ley del departamento de Marzà.

¿Qué es el decreto de plurilingüismo y cómo funciona?

La norma, aprobada el pasado mes de enero por el pleno del Consell, supone superar el tradicional modelo de líneas en valenciano o castellano y da carpetazo a la ley que el PP puso en marcha en 2012. Entre sus principales características: se vinculan los niveles de aprendizaje de inglés y valenciano y cada centro elige entre seis niveles de competencias distintos, que a su vez se dividen en tres: básico, medio y avanzado. También se incorpora el área de Competencia Comunicativa Oral, que consiste en sesiones de libre configuración para practicar cualquiera de las dos lenguas oficiales o el inglés, con el fin de aumentar la comprensión y la expresión en estos idiomas. El colegio decide -por una mayoría de dos tercios en cada consejo escolar- el itinerario de aprendizaje de lenguas que van a recorrer los alumnos. 

El aprendizaje de las lenguas se adapta al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECR), lo que supone que los alumnos que cursen el nivel avanzado (1 y 2) obtendrán la titulación al acabar el Bachillerato del B1 en inglés y C1 en valenciano -equivalente al 'mitjà' que otorga la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià-, mientras que quienes opten por el intermedio tendrán el A2 en inglés y B2 en valenciano. Así, con el nivel avanzado 2, en el último ciclo de Primaria (5º y 6º), el currículo académico lo formarían dos asignaturas íntegramente en inglés, dos en castellano (lengua y otra) y el resto de áreas en valenciano. 

Su implantación en Infantil está prevista -si la justicia no lo impide- el próximo curso y llegaría en 2023 a Bachillerato, Formación Profesional o Formación de Personas Adultas.

¿Qué se pretende con esta norma?

"Nuestro modelo es Finlandia y el aprendizaje integral de lenguas" y para ello se apuesta por una propuesta "realista pero ambiciosa" a través de un programa dinámico y progresivo, aseguraba el conseller Marzà en una entrevista a eldiario.es, en la que explicaba que se aboga porque los alumnos valencianos tengan un dominio efectivo de las tres lenguas -las dos oficiales y una extranjera-. Se quiere incentivar a las familias para que los niños puedan adquirir más competencias lingüísticas tanto en valenciano como en inglés. La norma recoge la "necesidad de corregir los desequilibrios de competencia y uso del valenciano en el conjunto de la población escolarizada y la falta de dominio efectivo del inglés". 

¿Qué se requiere para su puesta en marcha?

Sin duda, para poder desarrollar con éxito el decreto de plurilingüismo es necesaria una preparación del profesorado que actualmente no es la adecuada. Para facilitar esa formación y adaptación del profesorado -la plantilla actual de docentes no está suficientemente capacitada- se ha optado por la progresividad y se ha creado un centro de formación plurilingüe, con sede en Alzira, y un centro de asesoramiento para toda la comunidad educativa. De igual modo, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha la convocatoria de un millar de plazas para que profesores valencianos puedan realizar durante este verano estancias en el extranjero con el objetivo de mejorar su competencia en inglés.

¿Quién está en contra?

De momento, se han mostrado claramente en contra la derecha valenciana, con el Partido Popular como principal exponente, aunque también se ha mostrado en contra de la norma impulsada por Marzà Ciudadanos. Además, se han presentado tres recursos judiciales que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Se trata de los presentados por la Diputación de Alicante, en manos del popular César Sánchez, el sindicato de funcionarios CSIF y un colectivo de familias agrupadas en el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular. Forman parte de este colectivo la Confederación de asociaciones de padres de la enseñanza concertada, Concapa; la Confederación de asociaciones de padres de la enseñanza pública, Covapa; y la asociación Idiomas y Educación.

¿Por qué?

PP y Ciudadanos alertan de la supuesta intención del Consell de aplicar la inmersión lingüística en la Comunitat Valenciana, al tiempo que advierten que se atenta contra la libertad de elección de los padres, por lo que indican que la ley podría ser inconstitucional. Además, censuran el "chantaje" del Gobierno valenciano a las familias, a las que, en su opinión, "obligan" a estudiar en valenciano para poder acceder a unos mayores conocimientos y la titulación en lengua extranjera.

Entre los argumentos esgrimidos por los padres, éstos aseguran que "se restringe el derecho de elección de lenguas vehiculares en la enseñanza", "se lesionan los derechos del niño ante el impedimento de educarse en la lengua materna" o se provocan "desigualdades" entre los alumnos.

Por último, el sindicato cree que la ley del Ejecutivo valenciano "vulnera" el derecho a la igualdad de los alumnos "que quieran recibir enseñanza en castellano", ya que supone un trato "discriminatorio" para los centros que utilicen el nivel básico, "que no obtendrán certificación en inglés a pesar de cursar un número similar de asignaturas en esa lengua".

¿Qué ha dicho la justicia?

El TSJ valenciano ha admitido a trámite los tres recursos contencioso-administrativos presentados y ha decretado la suspensión cautelar del decreto que debe comenzar a aplicarse a partir del próximo mes de septiembre. 

Sin embargo, la fiscalía ha respondido al escrito de uno de los denunciantes (CSIF) con contundencia. Así, el ministerio fiscal considera que la ley de Marzà es completamente legal porque "ni impide ni obstaculiza ni proscribe la enseñanza en castellano", por lo que no creen que lesione el derecho fundamental a la igualdad ni se viola ningún derecho, sino que es una "opción de política lingüística".

¿Y ahora qué?

Y qué dice el Consell. De momento, el Gobierno valenciano ha encontrado el respaldo de las Corts, que gracias a los votos de los tres partidos firmantes del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) reiteraban esta misma semana su apoyo al decreto impulsado por Marzà frente a las pretensiones de PP y Ciudadanos, que insisten en reclamar su modificación. Además, desde Conselleria insisten en que la norma está avalada por el ministerio de Educación, que aceptó las aclaraciones realizadas por el departamento de Educación en respuesta a las dudas planteadas por el Gobierno, que incluso llegó a amenazar con llevar la ley ante los tribunales -medida que no se ha producido-.

El Ejecutivo valenciano se muestra convencido de que el decreto de plurilingüismo está bien fundamentado y de que no se vulnera ninguna legislación. Así, no dudan que el TSJ aceptará los recursos presentados por Educación y la norma, que "ha pasado todos los trámites preceptivos", se aplicará con total normalidad a partir del próximo curso.

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