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El juez José María Crespo renuncia a la Dirección General de Atención al Ciudadano de la Consejería de Transparencia

José Maria Crespo jurando su cargo en la Junta de Castilla y León.

Laura Cornejo

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El juez José María Crespo ha renunciado a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Transparencia pocos días después de su nombramiento, según ha confirmado él mismo a eldiario.es.

La razón no es otra que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que no garantizaría la reserva de su plaza como juez. Su caso iba a ser el primero que dirimiese el Consejo del Poder Judicial y el riesgo era demasiado alto. El artículo 351.e de la Ley Orgánica del Poder Judicial  especifica que los jueces y magistrados tendrán la situación de servicios especiales cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto, o por Decreto en las Comunidades Autónomas, en cargos que no tengan rango superior a director general.

En Castilla y León sólo cabía el nombramiento por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se consideraba, según los servicios jurídicos de la Junta como equivalente a un decreto. Fue al querer comunicar la situación de servicios especiales al Consejo General del Poder Judicial cuando se le advirtió el que el acuerdo del Consejo de Gobierno no era del todo equivalente a un decreto, por lo que era algo que se tendría que dirimir.

El riesgo de no tener la declaración de servicios especiales y por tanto de perder la reserva de plaza hizo que Crespo renunciase. “Me gustó la propuesta no porque yo sea de Ciudadanos sino porque me gustaba la Atención al Ciudadano y la Calidad de los Servicios, que es de lo que me iba a encargar, o sea la web corporativa, el 112, las quejas, me encantaba ese proyecto pero claro, no a costa de quedarme en excedencia voluntaria y perder mi puesto en Valladolid”, afirmó Crespo

Crespo, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid juró su cargo el pasado 2 de agosto y su renuncia es con efecto a ese mismo día.

El nombramiento del juez fue duramente criticado por el PSOE, que consideró que sus servicios en Justicia habían sido “nefastos” y apuntó que era el autor de la instrucción “más larga de la historia” en el caso del  Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, donde varios acusados se libraron por prescripción de delitos y parte de la causa fue devuelta por la Audiencia Provincial al juzgado.

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