Del Aquarius al aplauso de Salvini: el Gobierno cambia de criterio sobre los barcos de rescate por “estrategia de seguridad”
La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado la salida del puerto de Barcelona el Open Arms tras concluir que, debido al cierre de los puertos europeos, el barco se acaba “viendo forzado” a recorrer largas distancias con los rescatados a bordo por lo que se incumple la normativa marítima. Se trata de una estrategia coordinada con el aval de Moncloa, que asegura que la constatación de que Italia y Malta han cerrado sus puertos a la ONG española ha conllevado una revisión de la “estrategia de seguridad” a la hora de darle las autorizaciones pertinentes para que salga a navegar.
Pero desde el inicio de la política del cierre de puertos a los barcos de rescate de migrantes, Fomento permitió zarpar al Open Arms hacia el Mediterráneo central hasta en cuatro ocasiones sin entender que incumplía ninguna normativa. Los capitanes marítimos de Barcelona y Palma aprobaron el despacho de salida del buque humanitario después de haber recorrido largas distancias con rescatados a bordo en las mismas circunstancias que, meses después, han provocado su bloqueo en el puerto catalán
“Estaba por confirmar el cierre casi fijo de esos puertos –explican fuentes de Moncloa–. Ahora que lo sabes tienes que revisar tu estrategia de seguridad. Si sabes que va a ir y va a tener que cruzar más distancia, estás incumplimiento todos los convenios del mundo”. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que tras varios de esos viajes ya se tiene la “confirmación” de que Italia y Malta no facilitaran puerto y que el Open Arms tendría que hacer más millas de las estipuladas. “Hay que tomar medidas porque si no eres responsable”, señalan desde el gabinete del presidente.
Para justificar el cambio de criterio, fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante alegan que se ha producido tras estudiar la “forma de operar” del Open Arms en las últimas operaciones. Una vez analizada la información recopilada, aseguran, la institución dependiente de Fomento ha “constatado” que el cierre de los puertos se ha traducido en “una situación que, de facto, acaba contradiciendo la normativa de salvamento marítimo”.
El nuevo giro del Gobierno eleva las trabas impuestas para rescatar vidas en peligro en el Mediterráneo central, la ruta migratoria más mortífera. En 2018, 1.314 personas fallecieron en su intento de llegar a Europa por este punto.
En el Ejecutivo niegan que haya un cambio en su política migratoria y que la decisión se trate de una respuesta política, como denuncia la ONG Proactiva Open Arms. “El Gobierno sigue manteniendo una posición que es motivo de orgullo”, dicen en referencia al primer gran gesto que hizo Sánchez al llegar a Moncloa en junio: la acogida del primer barco bloqueado en el Mediterráneo con rescatados a bordo un día después del cierre de los puertos italianos.
“He dado instrucciones para que España acoja al barco Aquarius en el puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro”, afirmó Sánchez entonces, tras la negativa de Italia a su desembarco. El buque humanitario debía recorrer más de 600 millas hasta llegar a la ciudad española. Esa primera respuesta del recién investido presidente se producía pocos meses después de que el PSOE pidiera al Gobierno de Mariano Rajoy que interviniera en defensa del Open Arms tras su retención por parte de la Justicia italiana.
El gesto del Aquarius no se repitió
Mientras se sucedían los primeros días de símbolos del Ejecutivo de Sánchez para marcar distancias con la política migratoria de Rajoy, las llegadas de migrantes en patera a las costas andaluzas continuaban en aumento. El Gobierno negó en todo momento que se fuera a producir un efecto llamada, pero la reacción en los siguientes casos similares al Aquarius fue distinta, del mismo modo que algunas de sus medidas migratorias comenzaron a contrastar con sus compromisos de “solidaridad” y “defensa de los derechos humanos”. Esa nueva política migratoria con la que el Gobierno quiso lanzar un mensaje a la UE para que se pusiera manos a la obra en la búsqueda de una solución común fue utilizada por la derecha en plena precampaña de las elecciones andaluzas.
A medida que las críticas de la oposición aumentaban, la entrada a Ceuta de 602 personas a través de un salto a la alambrada precipitó el giro del Gobierno en materia migratoria. De prometer acabar con las devoluciones en caliente, pasó a ejecutarlas en las alambradas fronterizas y a defenderlas ante Estrasburgo. De ofrecer un permiso de 45 días de estancia regular en España a los rescatados por el Aquarius, pasó a recibir a las personas rescatadas en el Mediterráneo central bajo el “protocolo habitual”.
El Ministerio del Interior potenció las relaciones diplomáticas con Marruecos hasta conseguir la aplicación del acuerdo de 1992 para devolver de forma exprés a quienes salten las vallas de las ciudades autónomas, un mecanismo de expulsión considerado “poco garantista” por las organizaciones de derechos humanos. El PSOE ha congelado su promesa de prohibir las devoluciones en caliente hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte una sentencia definitiva sobre ellas.
Después de acoger al Aquarius con un recibimiento humanitario sin precedentes y alabado por las ONG, el mismo barco volvió a rescatar en el Mediterráneo, pero el Gobierno español respondió de forma diferente: “España no era el puerto más seguro por no ser el más cercano”. También fue distinto el desenlace: después de tres días, Malta asignó un puerto seguro tras el acuerdo de varios países europeos para reubicar a las personas rescatadas.
Durante este verano, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos aceptó el apoyo del barco Open Arms en las labores de rescate de pateras realizados por Salvamento Marítimo en el Estrecho de Gibraltar, aunque finalmente nunca llegó a formalizarse el acuerdo alcanzado. “Esta ONG ha salvado decenas de miles de personas en el mar. Es encomiable la labor que hacen”, decía entonces el titular del ministerio de la que depende la institución que, cinco meses después, ha decidido el bloqueo del buque de la organización en el puerto de Barcelona.
En noviembre, llegó el caso del pesquero Loreto, de bandera española, el Gobierno defendió el desembarco en Libia de las 12 personas rescatadas a bordo. “Están en aguas internacionales y lo que dice el derecho internacional es que tienen que llevarles al puerto seguro más cercano, que es Libia”, indicaron fuentes de Vicepresidencia.
El mismo puerto que Pedro Sánchez no vio como posibilidad para desembarcar a los auxiliados por el Aquarius se convertía en “seguro” meses después. Mientras, el Ministerio de Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles no viajar a Libia por el “clima de violencia”.
Medida tras medida, Pedro Sánchez se ha ido distanciando de ese primer golpe de efecto frente a la política migratoria del pasado que pretendía ser la acogida del Aquarius en Valencia. La última, el bloqueo del barco Open Arms, ha despertado el aplauso del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. “Stop a los traficantes y a las ONG, también a la izquierda, en España se dan cuenta de que tenemos razón”, ha tuiteado el político ultraderechista.
En Moncloa restan importancia a la respuesta del vicepresidente italiano, a quien Sánchez ha contrapuesto sus políticas: “Lo que ha dicho Salvini son monólogos. ¿Crees que va a marcar el criterio del Gobierno?”. El Gobierno sigue convencido de que es la UE la que tiene que gestionar la política migratoria de forma común, pero sigue a la espera de una solución que no llega, mientras cada vez quedan menos manos para salvar vidas en el Mediterráneo central.
