Berlín insiste en su rechazo a la energía nuclear y “estudia” propuesta CE

Berlín, 2 feb (EFE).- El Gobierno alemán ratificó hoy su rechazo a otorgar una “etiqueta verde” a las inversiones en energía nuclear, aunque no avanzó posibles medidas en contra de la propuesta de la Comisión Europea (CE) referida también al gas hasta haberla “estudiado” en profundidad.

La posición de la coalición del canciller, Olaf Scholz, sobre la energía atómica “es conocida”, afirmó el portavoz gubernamental, Steffen Hebestreit, en una comparecencia de rutina ante los medios.

Tras la presentación hoy de la propuesta de la CE, “disponemos de hasta seis meses para estudiarla en profundidad”, respondió a una pregunta sobre una eventual actuación en contra.

Añadió a continuación que, a los cuatro meses previstos para analizarla, se sumaría una prórroga por otros dos, en caso de que Bruselas o los Estados miembros lo consideren necesario.

Alemania, país que este 2022 completará su “apagón nuclear” con el cierre de sus tres últimas plantas, tiene una postura ambivalente respecto a la llamada taxomanía.

Por un lado, rechaza de plano la etiqueta verde para las inversiones en energía atómica, pero por otro lado considera el gas natural necesario para garantizar el suministro en la transición hacia las renovables.

Esta posición la aparta de su socio preferencial, Francia, que defiende la energía nuclear como puntal para reducir las emisiones de CO2, y cuenta con el apoyo de Finlandia y República Checa, entre otros.

Pero no se ha alineado claramente con el grupo de países que, como España, Austria y Dinamarca, pretenden llevar la norma, de imponerse, al Tribunal de Justicia de la UE.

En la propuesta formulada hoy por la CE, la llamada taxonomía, las inversiones en ambas fuentes de energía se consideran “verdes” por su contribución al objetivo de descarbonización de la economía.

El texto se convertirá en definitivo si en cuatro meses, ampliables a seis, no surge una mayoría de bloqueo, para lo que sería preciso el rechazo del 72 % de los Estados (o 20 países), que representen al menos el 65 % de la población total, o que lo rechace la mayoría de la Eurocámara.