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El TTIP impondrá una lista cerrada de árbitros para los conflictos entre el sector público y privado

Sesión plenaria del parlamento europeo en Estrasburgo. EFE

Pablo García

A pesar de las vacaciones estivales, en Bruselas se sigue trabajando arduamente en el discutido tratado de libre comercio e inversión que la UE negocia con Estados Unidos, más conocido como TTIP (por las siglas en inglés). La Comisión Europea está preparando estos días una propuesta sobre los igualmente polémicos tribunales de arbitraje para solucionar conflictos entre empresas y estados, comúnmente denominados ISDS (siglas que también proceden del inglés) y esta verá la luz antes de que termine el año, según fuentes comunitarias.

En concreto, la Comisión estudia la que quizás es la pata más controvertida de los tribunales: su composición. En los más de 1.600 ISDS ya existentes -la mayoría firmados de manera bilateral entre un estado desarrollado y otro en vías de desarrollo de tal forma que los tribunales garanticen protección jurídica a las firmas del primero- esta corte la integran expertos que emanan fundamentalmente del sector privado (bufetes de abogados, cámaras comerciales, etcétera). Una cuestión que ha creado una viva polémica en la UE y que Bruselas quiere ahora enmendar creando una lista de árbitros “competentes”.

Bruselas pretende que haya unos tribunales de arbitraje compuestos por una lista cerrada de miembros, una aspiración recogida por primera vez por la comisaria Cecilia Malmström el 18 de marzo y 5 de mayo pasados en sendas intervenciones en el Parlamento Europeo. Esta idea cobró fuerza tras el informe de opinión votado por el Parlamento Europeo a principios de julio en Estrasburgo con el respaldo de populares, socialistas, liberales y conservadores británicos. La izquierda, los ecologistas y los euroescépticos se opusieron. La Eurocámara quiso entonces acotar el alcance de los ISDS y optó por un sistema “no discriminatorio” con las empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y que “no anteponga los intereses privados a los públicos”.

La Comisión ha recogido el testigo de Estrasburgo y pretende establecer “un número limitado de árbitros elegidos por la UE y EEUU”. A la pregunta de si serán jueces de carrera los que compondrán este tribunal (como pedían los socialistas españoles, por ejemplo), las fuentes comunitarias responden que esta cuestión aún no ha sido esclarecida. “Por lo pronto vamos a exigir a los futuros integrantes de los ISDS que tengan una calificación comparable a la de los jueces”.

La propuesta final deberá contar con el visto bueno de los veintiocho estados miembros y será explicada en la Eurocámara antes de ser presentada a las autoridades norteamericanas.

Acuerdo probable

La décima ronda negociadora, celebrada en Bruselas a mediados de julio, confirmó la buena sintonía entre EEUU y Europa en torno a varios capítulos del TTIP a pesar de las serias diferencias en otros apartados. Entre las cuestiones que más separan a ambas partes están las denominaciones de origen o la cooperación reglamentaria (especialmente en el campo financiero). No ocurre lo mismo con los tribunales de arbitraje, donde un acuerdo parece bastante probable. El negociador estadounidense, Dan Mullaney, argumentó que su país había tomado “nota” de los límites decretados por el Parlamento Europeo a la composición del mecanismo de arbitraje entre inversores y estados.

De acuerdo con el propio Mullaney pero también con la comisaria de Comercio Internacional, la liberal sueca Cecilia Malmström, que se ha convertido en la cara más visible de la UE a favor del TTIP, el grueso de la negociación podría culminar antes de que termine el segundo mandato de Obama, esto es, antes de que concluya 2016. Después vendría la aprobación nacional a cada lado del Atlántico, algo que no estaría exento de polémica: no pocos países tienen la potestad de celebrar referendos. Y el Parlamento Europeo tendrá el voto definitivo.

Entre los críticos al TTIP se asegura que el verdadero objetivo del tratado es institucionalizar y normalizar el uso de estos tribunales de arbitraje para solucionar conflictos en áreas donde los ISDS son absolutamente innecesarios.

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