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Los gestores de vivienda pública piden a Hacienda que los ayuntamientos puedan usar su superávit en inmuebles sociales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Marina Estévez Torreblanca

Los ayuntamientos que en estos momentos disfrutan de superávit no pueden invertirlo en vivienda social si con ello incumplen la denominada regla de gasto. Esta norma es la que impide a las administraciones públicas elevar su inversión por encima de una tasa de crecimiento supuesto de la economía. Una regla que se ha ido flexibilizando desde que fuera aprobada en plena crisis, y que ha afectado sobre todo a las administraciones locales. Apenas pueden reinvertir un superávit que se ha destinado en gran parte al pago de la deuda.

El ex ministro Cristóbal Montoro mantuvo un pulso con Madrid que le costó el puesto al concejal de Hacienda por esta cuestión. Meses después amplió las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), las únicas en las que las corporaciones pueden gastar por no generar, supuestamente, nuevos gastos a futuro.

Estás IFS empezaron siendo saneamiento, alumbrado, comercio o promoción turística. El pasado marzo, en acuerdo con la FEMP, se ampliaron a, entre otras, la ordenación del tráfico y del estacionamiento, servicio de prevención y extinción de incendios, vías públicas, parques y jardines, y creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

“No se entiende la exclusión de la vivienda como objeto de reinversión”, afirma ante este listado el presidente de la AVS, Jerónimo Alberto Escalera, en la carta que ha remitido a Hacienda, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Este ministerio por el momento no se pronuncia sobre la petición que le han trasladado. Por su parte, Fomento sí es partidario del planteamiento de incluir la vivienda social en las IFS.

Incluir la vivienda pública en las IFS

En plena escalada de precios de la vivienda, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) pide a la ministra Montero que la vivienda pública se considere una de estas inversiones financieramente sostenibles. La AVS es una asociación de naturaleza técnica y profesional compuesta de entes públicos territoriales para la promoción y la gestión de vivienda social y asequible, lo que en la Comunidad de Madrid era el IVIMA.

Hasta el momento, el nuevo gobierno socialista se ha comprometido a reformar la regla de gasto, pero según la ministra María Jesús Montero hay que “empezar progresivamente y de forma ordenada”. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos flexibiliza en parte la posibilidad de gastar de los ayuntamientos, pero manteniendo unos límites que por otro lado son exigencia de Bruselas.

La AVS recuerda que el nuevo Gobierno ha prometido que creará 20.000 viviendas sociales en los próximos años y para ello “es necesario que se permita que el superávit presupuestario y el consiguiente remanente de tesorería municipal puedan dirigirse a la financiación de programas de vivienda pública asequible tanto en régimen de alquiler como de venta”.

“Resulta inconcebible que existan ayuntamientos que, con una elevada demanda de vivienda social por parte de los ciudadanos, contando con suelo del Patrimonio Municipal suficiente para ello y fondos provenientes de superávit presupuestario, no lo puedan emplear en satisfacer esta demanda de vivienda tan necesaria y exigida por la sociedad”, mantiene el presidente de la AVS, Alberto Escalera.

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