El Gobierno amplía la moratoria tributaria de pymes y autónomos y aprueba créditos de 30.500 millones para paro y pensiones

Los ministros María Jesús Montero y Salvador Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto-ley con medidas económicas en el Consejo de Ministros de este martes, con prórrogas a medidas ya tomadas en la emergencia sanitaria, ampliaciones de otras y la incorporación de nuevas políticas, como el reconocimiento del accidente laboral "a todos los efectos" de las bajas de profesionales sanitarios por la COVID-19. El Ejecutivo ha aprobado además préstamos a la Seguridad Social para garanrizar sus pagos, entre los que se encuentran prestaciones como las pensiones y el desempleo, y ha ampliado la moratoria en el pago de impuestos para autónomos y pymes.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha detallado algunas de las medidas del decreto, que es "transversal, con la participación de muchos ministerios", ha apuntado.

Préstamos de 30.500 millones a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a préstamos por un importe global de 30.502 millones de euros a la Seguridad Social, para afrontar la pérdida de ingresos de la Seguridad Social por los mayores gastos en prestaciones, las exenciones de cuotas y menores cotizaciones.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que se ha aprobado un crédito extraordinario del Estado a la Seguridad Social por importe de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio presupuestario ante los menores ingresos del sistema por las medidas de protección adoptadas (prestación extraordinaria para autónomos, exoneración de cotizaciones en los ERTEs, entre otras). El ministro José Luis Escrivá ya apuntó que serían necesarios más préstamos a la Seguridad Social en el corto plazo para garantizar los pagos que hace frente, como el abono de las pensiones y otras prestaciones.

Asimismo, se ha aprobado otro crédito, por un valor "máximo de 16.500 millones de euros", sin intereses, para atender al pago del mayor número de prestaciones por desempleo que ha causado la pandemia, que ha alcanzado el máximo de 5,2 millones de personas cubiertas por el sistema el pasado abril.

"Es evidente que los ingresos del sistema se van a ver reducidos respecto a lo previsto", ha destacado Montero", que ha incidido en que "estos créditos reflejan el compromiso del Gobierno con el sistema de la Seguridad Social" y la protección de "los más golpeados por la crisis".

Moratoria tributaria para pymes y autónomos

El decreto amplía un mes, de los tres a los cuatro meses, el plazo de carencia (sin intereses) para que autónomos y pequeñas y medianas empresas hagan frente a sus obligaciones tributarias para "mitigar el impacto de la pandemia garantizando la liquidez de las empresas", según Montero.

La ministra de Hacienda ha explicado que hasta el día de ayer se habían realizado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento de las que se han beneficiado 638.652 autónomos y pymes, que han podido aplazar un importe total de 3.031 millones de euros.

Además, el decreto permite que aquellas sociedades que no han podido presentar la declaración del Impuesto de Sociedades por no haber cerrado el ejercicio 2019 puedan hacerlo con las cuentas "que tienen disponibles en ese momento", ha explicado Montero.

Incentivo a moratoria de préstamos

También se ha aprobado un incentivo a las moratorias en préstamos hipotecarios y no hipotecarios que amplían a los beneficiarios de un aplazamiento de deuda, con el fin de agilizar los acuerdos y de reducir costes para limitar el impacto económico causado por la pandemia, a la espera de conocer mayores detalles sobre la medida.

La COVID-19 será accidente laboral para los sanitarios

La norma también reconocer que las prestaciones reconocidas al personal sanitario que presta atención "en los centros sanitarios o sociosanitarios", cuando han contraído la COVID-19, "se considerará accidente de trabajo y lo hará a todos los efectos", ha explicado la ministra portavoz. Será así durante cualquier parte de la fase de la pandemia, ha apuntado Montero.

"En caso de fallecimiento, se considerará también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca dentro de cinco años siguientes" a haber contraído el virus. La consideración del accidente laboral a todos los efectos (no solo para el pago de la baja médica por incapacidad temporal) era una de las reclamaciones del personal sanitario, pero no solo. Los sindicatos también exigen esa consideración para los contagios de otros trabajadores expuestos al virus y que se contagien en su espacio de trabajo.

Prórroga de permiso de trabajo en el campo

El Ejecutivo ha ampliado por tres meses más, hasta el 30 de septiembre, la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario que se facilitó "en el decreto del 7 de abril y cuya vigencia terminaba este próximo 30 de junio", ha explicado la ministra. El pasado 7 de abril el Ejecutivo renovó el permiso de trabajo a los trabajadores extranjeros hasta el del 30 de junio. También concedió el permiso a los jóvenes inmigrantes, de entre 18 y 21 años, que no lo tuvieran.

"Con la aprobación de esta prórroga, el objetivo del Gobierno es facilitar medidas para el garantizar el aprovisionamiento de los mercados y garantizar las rentas de las personas que más lo necesitan", ha mencionado Montero entre otras causas.

Fin a la suspensión de la portabilidad

Este martes se ha eliminado además la suspensión de la portabilidad en las telecomunicaciones que se impuso durante el Estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus, una vez que todas las provincias españolas han entrado ya en la fase 1.

María Jesús Montero ha explicado que la suspensión de la portabilidad obedecía al objetivo de "restringir los movimientos de las personas y también de los técnicos de las empresas, desde el inicio del estado de alarma se limitó la capacidad de los usuarios para cambiar de operador sin cambiar de número, lo que se conoce como portabilidad", de manera que las operadoras podían informar al Gobierno si había movimientos de población. Esta era una decisión solicitada por operadoras y consumidores para facilitar que las familias con menos recursos puedan cambiar de operador en la búsqueda de una factura menos abultada.

La ministra ha añadido que se mantiene la medida por la que "los operadores no podrán que limitar los servicios de telecomunicaciones al tratarse de servicios esenciales hasta que finalice el estado de alarma, incluso aunque los abonados no haya pagado".

Restricción de dividendos hasta el 1 de octubre de 2020

Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno es la adaptación del sector financiero a las recomendaciones del Banco Central Europeo para que las entidades de crédito "se abstengan de repartir dividendo o de contraer compromisos irrevocables de repartir estos dividendos, al menos, hasta el 1 de octubre de 2020", ha explicado la ministra de Hacienda, que ha añadido que "se prolonga un año el plazo de las fundaciones bancarias para dotar el fondo de reserva".

Información realizada por Laura Olías, Antonio M. Velez, Marina Estévez y Rodrigo Ponce de León.

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Publicado el
26 de mayo de 2020 - 14:35 h

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