Gobierno y PSOE negocian prohibir los cortes de luz a hogares en pobreza energética severa
El Gobierno y el PSOE ultiman un acuerdo para prohibir los cortes de luz a hogares en pobreza energética severa, según adelanta la Cadena Ser. La propuesta parte de los socialistas y las ayudas destinadas a este fin se financiarían con cargo al bono social y las pagarían las comercializadoras eléctricas, tal y como propuso el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la semana pasada en el Congreso.
Nadal ha pasado así de ignorar la petición del PSOE de aprobar una “tregua invernal de manera inmediata” a plantearse prohibir los cortes independientemente de la época del año.
Según la SER, a falta de cerrar los últimos flecos para un acuerdo definitivo, el Gobierno estaría dispuesto a incluir un nuevo punto en la Ley del Sector Eléctrico por el que se consideraría servicio esencial -y por tanto no interrumpible- el suministro eléctrico a los consumidores que sean considerados vulnerables severos: familias sin recursos para pagar el recibo de la luz, que estén acogidas a la tarifa que fija el gobierno (no en el mercado libre), y que estén siendo atendidas por los servicios públicos de la administración autonómica o local correspondiente por hallarse en riesgo de exclusión social.
De aprobarse así, la medida, que iría incluida un Real-Decreto Ley, iría más allá de esa tregua invernal que el PSOE ha planteado en repetidas ocasiones en el Congreso (y que el PP rechazó), ya que garantizaría el suministro eléctrico en cualquier estación del año, mientras se esté en situación de pobreza.
El decreto, que se negocia de forma paralela a la reforma del bono social que el Gobierno debe aprobar para acatar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado su sistema de financiación, podría ver la luz en el Consejo de Ministros de esta semana o la siguiente, según la SER.
El ministro Nadal ya ha señalado que quiere ser “muy respetuoso con las competencias autonómicas”, al estar las políticas de protección social en manos de autonomías y ayuntamientos. Para evitar el riesgo de un recurso de algún Gobierno regional, la opción que baraja el Ejecutivo es plantear este asunto en la conferencia de presidentes autonómicos, para poder adoptar unos mínimos de protección de ámbito estatal consensuados con los mandatarios regionales.
El PSOE, a cambio del compromiso del gobierno en relación con la pobreza energética, renuncia a su propuesta inicial de que el bono social lo financiasen también otras empresas eléctricas, además de todas las comercializadoras como las distribuidoras o la transportista Red Eléctrica, cuyo mayor accionista es el Estado.
