Rechazan dos proyectos que suman 16 nuevos aerogeneradores a los casi 400 que ya hay en la Manchuela conquense

La Manchuela conquense es una comarca natural e histórica situada en el sureste de la provincia de Cuenca que forma parte de la comarca mayor compartida con Albacete. Incluye unos 35 municipios integrados administrativamente en los partidos judiciales de Motilla del Palancar y San Clemente. En esta zona se tramitan actualmente dos proyectos de generación eólica que incluyen 16 nuevos molinos de casi 200 metros de altura cada uno. Se sumarían así a los casi 400 que ya hay en la comarca.

La voz de alarma la ha dado Ecologistas en Acción, quien ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que emita un informa desfavorable y archive estos dos proyectos.

Según detalla, el primero de los proyectos, denominado ‘Olmedilla’, incorpora ocho aerogeneradores con potencia total de 36 MW que la empresa Desarrollos Renovables FV Olmedilla S.L. quiere levantar en los términos municipales de Alarcón, Pozorrubielos de la Mancha, Valhermoso de la Fuente, Motilla del Palancar y Valverdejo.

A este expediente se suma otro llamado ‘Romeral’, también de ocho aerogeneradores y potencia total de 36 MW, en Olmedilla de Alarcón y Barchín del Hoyo, promovido por la empresa Desarrollos Renovables FV Romeral, S.L. Los ecologistas señalan que tras las dos empresas promotoras se encuentra Energías Renovables Ibermap, una sociedad formada por Iberdrola y Mapfre.

Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto, en información pública desde el 29 de octubre, se sumaría a los 393 aerogeneradores que ya funcionan en la comarca sin que “nadie haya evaluado el impacto conjunto de todos ellos”.

Según el recuento de esta organización, existen ya 88 instalaciones de este tipo en Campillo, 82 en Tébar, 68 en Sisante, 46 en Vara del Rey, 22 en Enguídanos y 87 más repartidos entre las localidades de Motilla, Cañada Juncosa, Atalaya del Cañavate, Honrubia, Iniesta, Paracuellos, Villanueva de la Jara, Barchín del Hoyo, Puebla del Salvador, Torrubia del Castillo y el Peral.

A esta concentración eólica suman también grandes plantas fotovoltaicas, algunas en la misma ubicación. De hecho, subrayan que los dos nuevos proyectos eólicos están concebidos para hibridarse con sus correspondientes plantas fotovoltaicas y sus sistemas de baterías.

Ecologistas en Acción denuncia que todos estos proyectos se han aprobado evaluando sus impactos de uno en uno, sin analizar los “efectos sinérgicos y acumulativos” de todos ellos sobre el territorio, cuya huella “ya es visible a muchos kilómetros de distancia”.

La propia documentación de los dos proyectos eólicos ahora en tramitación sitúa en su entorno la ZEC (Zona Especial de Conservación) ‘Hoces de Alarcón’, de la Red Natura 2000. Para la organización, no basta con proteger espacios concretos como si la fauna “viviera confinada” en ellos: las aves y los murciélagos “se desplazan”, y en las zonas con muchos aerogeneradores “el ruido y las luces intermitentes alteran además la vida de las especies que habitan en las proximidades”.

Colisiones contras las aspas

De hecho, se remiten a la declaración de impacto ambiental de la planta híbrida eólica-solar Gecama, que recoge los informes de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha sobre colisiones contra las aspas registradas en 2022 con milano real, águila calzada, águila imperial ibérica, cernícalo primilla y abejaruco. La misma resolución añade seis nuevos casos de mortalidad de cernícalo en junio y julio de 2023 compatibles con colisión contra las aspas, que llevaron a ordenar paradas de aerogeneradores.

A escala estatal, SEO/BirdLife estimó en 2023 que los parques eólicos causan la muerte de entre 1,2 y 4,6 millones de aves al año en España. Ecologistas en Acción advierte de que las cifras oficiales “se quedan cortas”, porque no existe vigilancia continua de los parques y muchos cadáveres desaparecen por depredación o degradación antes de ser contabilizados.

Según los documentos de impacto ambiental, el promotor de estos parques eólicos solicita la declaración de utilidad pública del proyecto, que incluye una relación de bienes y derechos afectados y “abre la puerta a expropiaciones”.

Los ecologistas consideran que “se confunde la utilidad pública con los intereses de unas pocas empresas”. “¿Dónde queda el interés del territorio y de sus habitantes cuando, en nombre de un supuesto interés general, se invade este por parte de grandes empresas?”, plantea Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Por todo ello, solicitan el informe desfavorable y el archivo del expediente. El plazo de alegaciones es de 30 días desde la publicación del anuncio en el BOE el 29 de octubre.