La justicia tumba uno de los trucos de la Administración para evitar hacer indefinidos a los investigadores

La situación de la mayoría de los investigadores y científicos en España es una crónica de precariedad, temporalidad y emigración. En el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) los contratos temporales superan el 43%. La situación es parecida en otros organismos y entidades públicas, en ocasiones cometiendo fraude de ley, como han venido acreditando distintas sentencias.

Así se ha vuelto a poner de manifiesto en un reciente fallo, del pasado 26 de marzo, del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela, a la que ha tenido acceso eldiario.es. El juez concede la categoría de personal indefinido no fijo, equiparado a interino, a dos investigadores que llevan prestando servicios de manera ininterrumpida más de 15 años en el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Esta categoría laboral ha sido creada en los juzgados para reconocer las situaciones de personas contratadas por las administraciones públicas en fraude de ley, pero a las que no les dan la categoría de “fijo”, ya que no han ganado su plaza en oposición. 

La novedad del caso es que estos investigadores eran personal estatutario, no laboral. Precisamente para evitar posibles demandas, las administraciones han procurado contratar a los investigadores en este régimen, ya que de este modo lograban burlar las eventuales demandas. 

Los dos científicos reclamaron el reconocimiento de la condición de personal indefinido en la categoría de investigadores del Servicio Galego de Saude, pero una resolución de la Xunta desestimó esta petición. Fue una posterior demanda judicial dirigida por Fabián Valero, del despacho Zeres Abogados, la que ha dado lugar a la citada sentencia, frente a la que cabe recurso. 

Los recurrentes comenzaron a prestar servicios con un contrato laboral de obra o servicio con funciones de investigadores, y con la categoría de doctores, en virtud de un convenio de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y el Sergas. Posteriormente, firmaron como personal eventual para la cobertura de servicios determinados, contratos que fueron sucesivamente prorrogados. En su demanda ponen de manifiesto que estos contratos no respondían a necesidades de carácter excepcional y urgente “sino a a la necesidad de desarrollar una fundamental en el sistema sanitario, la labor investigadora”. 

Los recurrentes, a los que el juez da la razón, hacen “referencia expresa a la situación de inestabilidad en la que se encuentran, prestando servicios bajo contratos y nombramientos sucesivos fraudulentos de carácter eventual, sujetos a continuas prórrogas, indicando el incumplimiento por el Sergas de los compromisos de contratación estable asumidos con el citado Instituto Carlos III”. 

Por su parte, el Sergas plantea, básicamente, que los dos médicos no impugnaron sus nombramientos ni las sucesivas prórrogas, y que no existen plazas vacantes de personal investigador, por lo que están justificados sus contratos temporales. Distinguen este caso de los de otras sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que han reconocido la existencia de fraude en la concatenación de contratos temporales para la prestación de servicios estructurales.

Al respecto, el tribunal considera que aceptar su nombramiento “no priva ni impide a los recurrentes de la posibilidad de que se esclarezca cuál ha sido y es la realidad efectiva de la necesidad o necesidades cuya cobertura ha motivado los sucesivos nombramientos, contratos y prórrogas”. 

En cuanto al argumento de la Xunta de que el puesto de investigador no existe y por tanto no pueden otorgárselo, el juez responde que “no se trata de la existencia de la existencia de tal categoría en cuanto a tal, sino de verificar si ha habido abuso en la contratación temporal y de sancionar tal abuso en caso de que se produzca”. Tampoco consideran “suficiente” que el Sergas les indique que se está planteando una solución normativa para el personal investigador “que, pese al tiempo transcurrido, no se ha implantado de manera efectiva”. 

“Si bien en el origen se puede discutir si hubo una razón objetiva [para el contrato temporal], la misma desaparece con el paso del tiempo”, razona la sentencia, que añade que “los nombramientos adolecen de la mínima y exigible causalidad”, y que precisamente el convenio entre el Sergas y el Instituto Carlos III “tiene por finalidad la contratación estable de investigadores”.

Tasa de temporalidad entre investigadores 

Precisamente esta semana ha presentado CCOO un estudio sobre temporalidad y estabilización de empleo en el CSIC. Según el mismo, hay en el principal organismo público de investigación científica en España 1.500 personas con contrato temporal cubriendo funciones estructurales, es decir, en una situación similar a la que se describe en la sentencia contra el Sergas. Según el sindicato, hay 1.184 personas que han tenido tres o más contratos consecutivos, y tienen entre tres y diez años de antigüedad.

Si la plantilla del CSIC a finales de 2011 era de 15.983 personas entre personal científico, técnico y gestores, ahora se ha visto reducida en 4.000 personas. En este contexto, se ha incrementado la temporalidad, que pasa del 40,5% en diciembre de 2012 al 42,2% a finales del 2016 y al 43,2% al acabar 2017. 

Mientras tanto, según un informe presentado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) en 2017, la partida dirigida a I+D+i es una de las que menos se termina ejecutando al terminar el año fiscal. En 2017, tan sólo se gastó un 38,3% del presupuesto de 2016 dedicado a investigación y desarrollo. Eso quiere decir que seis de cada diez euros que se anunciaron para este sector nunca llegaron a invertirse en ciencia. De acuerdo con el informe, la partida aprobada para I+D+i se ha convertido en la de menor porcentaje de presupuesto ejecutado desde 2003. 

Así, se ha recibido con escepticismo en el sector científico que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 contemplen una subida del gasto en I+D+i de 8,3%, hasta los 7.044 millones de euros. 

Según un informe de la Comisión Europea, España ha perdido unos 12.000 científicos desde el inicio de esta década, tanto por emigración como por abandono de la carrera por la precariedad vinculada a los recortes.