La derecha batalla para conservar la herencia de Aguirre y que Madrid siga siendo un paraíso fiscal para los ricos

Hay herencias por las que se paga un alto precio. Por ejemplo, la que dejó Esperanza Aguirre a su paso por la comunidad autónoma más rica del país, convirtiendo Madrid en una suerte de “paraíso fiscal” para las rentas más pudientes. Y a la vista de la actual campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, es un legado tributario que las formaciones de derecha quieren conservar e incluso ampliar, a pesar de que la teoría de que a menores impuestos, mayor recaudación (la conocida como “curva de Laffer”) está lejos de haberse demostrado en esta comunidad.

El año pasado la hacienda madrileña dejó de ingresar 240 millones de euros de 40 millonarios que heredaron 875 millones de euros. Solo pagaron 2,5 al fisco, casi cien veces menos que en otras autonomías porque la bonificación que aplica Madrid es del 99%. Mientras tanto, los patrimonios de más de dos millones de euros con domicilio fiscal en Madrid obtuvieron bonificaciones de 815 millones en el último año consultable, 2016.

El ahorro fiscal es aún mayor, aunque no está cuantificado, ya que el mínimo exento es superior en la comunidad autónoma que en el Estado. Así, según la legislación estatal tributan por patrimonio los contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros, excluidos 300.000 euros de la vivienda habitual. En el caso de Madrid, alguien que tiene un patrimonio neto de un millón de euros no tiene ni que presentar la declaración y por lo tanto no aparece esos datos de la Agencia Tributaria.

El cálculo que hizo Podemos de lo que cuesta a la Comunidad de Madrid esa “herencia” de Aguirre (bonificaciones al impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, tres impuestos de competencia autonómica) cada año es de 1.800 millones de euros.

Es la célebre expresidenta autonómica la que inaugura en el año 2005 una competencia fiscal a la baja entre comunidades de régimen común que se ha reproducido con éxito, por ejemplo, en Andalucía, donde el pacto de Susana Díaz con Ciudadanos ya redujo notablemente la carga fiscal a los más adinerados. Una tendencia que se ha visto totalmente asentada, y que ha conllevado la casi desaparición total del impuesto de Sucesiones en el nuevo ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) con apoyo de Ciudadanos y Vox.

El comité de expertos que organizó Cristóbal Montoro para la reforma de la financiación autonómica, que aún sigue pendiente para esta legislatura, recomendaba acabar con este “dumping fiscal” que inaugura Aguirre, introduciendo tipos mínimos y máximos en todas las comunidades.

Entre los impuestos que empezó a reducir la presidenta de Madrid en 2005, estaba uno de los más polémicos y “viscerales” del panorama tributario, el de Sucesiones. Sus detractores lo llaman “doble imposición” e “impuesto a la muerte”, dotando de un carácter emocional al gravamen que se ha de pagar al recibir unos bienes por el mero hecho de la relación de parentesco. Para otros expertos se trata por el contrario de “uno de los impuestos más justos de nuestro sistema tributario, el que de modo más directo ataca la perpetuación de la concentración de riqueza en pocas familias y favorece la igualdad de oportunidades”, como señala el técnico de Hacienda y escritor Ricardo Rodríguez.

Uno de los ejemplos más recientes de ese uso emocional lo daba hace unas semanas el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que esgrimió en un debate televisivo el caso del niño Antonio, “el arruinado más joven de España”, al que Hacienda reclama 60.000 euros (incluidos intereses de demora) tras no pagar sus tutores, inmersos en una disputa por los bienes que dejó el difunto, el impuesto sobre una herencia de 296.000 euros que recibió en 2010.

Ahora Rivera y el líder del PP, Pablo Casado, han prometido bajar “cada euro” que suba en impuestos el Gobierno central en las autonomías que gobiernen utilizando sus competencias al respecto, una guerra fiscal contra el Estado que no parece comparecerse demasiado con la idea de unidad territorial que supuestamente defienden estas formaciones.

Las propuestas de los candidatos a la Comunidad

Este panorama impositivo favorecedor para las rentas altas es el que las formaciones de derecha pretenden conservar o incluso ampliar a partir de los resultados del 26 de mayo en Madrid. En el caso del impuesto de sucesiones, ha entrado con más fuerza en la campaña a raíz de las declaraciones del candidato socialista, Ángel Gabilondo, en el sentido de ampliar el número de pagadores del impuesto.

En concreto, Gabilondo ha planteado recuperar sucesiones en el caso de herencias que superen el millón y medio de euros porque entiende que hay un 2% de la población madrileña, con más recursos, a los que se les puede pedir ese “esfuerzo”.

Además, en cuanto al IRPF, que tiene en estos momentos en Madrid la mayor bonificación en su tramo autonómico, Gabilondo ha explicado que su idea es “pedir un esfuerzo mayor” a partir del tramo de 150.000 euros.

En esta línea, el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, y de Podemos, Isa Serra, coinciden en acabar con las altas bonificaciones y exenciones tantos en Sucesiones como en Donaciones. La respuesta del PP ha sido acusar a la izquierda de “querer llevar a Madrid el impuesto de la muerte”.

Así, la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido “la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid y de todas las autonomías”, tanto con el mantenimiento de las actuales bonificaciones como con la ampliación de rebajas en IRPF, por hijos y por compra de vivienda en determinados supuestos.

Por su parte, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, defendía en 2015 que el impuesto de sucesiones se convirtiera en un gravamen “a las grandes fortunas”, en el que se tributara a partir de herencias individuales superiores a un millón de euros y donde no computasen ni la vivienda habitual ni la empresa familiar. Hablaba también de la necesidad de acabar con las barreras impositivas entre comunidades. Pasados cuatro años, en los que su partido se ha ido haciendo cada vez más partidario de las rebajas fiscales, Aguado asegura ahora que mantendría las actuales bonificaciones al 99% en el pago del impuesto “y si es posible las extendería”.

Vox tacha la propuesta de Gabilondo de recuperar el pago de Sucesiones en herencias de más de millón y medio de “barbaridad” porque es “robar a los muertos”. La formación de ultraderecha es partidaria de suprimir los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones y la famosa plusvalía municipal.

Esta batalla ideológica sobre los impuestos que deben gravar la riqueza se dirimirá con las medidas que adopte el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, bien a favor de los partidarios de las rebajas fiscales que impulsó Aguirre en 2005, o bien del lado de las formaciones partidarias de elevar los ingresos públicos a costa de las rentas más privilegiadas.