El Gobierno acuerda derogar la reforma laboral conforme al pacto de coalición

Madrid, 2 nov (EFE).- La crisis del Gobierno sobre el alcance de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo negocia desde hace meses con la patronal y los sindicatos se ha resuelto con la decisión interna de mantener la derogación de la reforma del PP de 2012 conforme a lo ya pactado en el acuerdo de coalición de 2019.

“El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)”, ha dicho Moncloa en un comunicado tras la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes con las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz.

La reunión sobre el contenido de la reforma laboral se ha producido este martes, después de que la semana pasada Sánchez dispusiera una nueva metodología para la negociación con los agentes sociales, que seguirá estando liderada por Trabajo, pero a la que se suman desde esta semana el Ministerio de Asuntos Económicos y la Seguridad Social.

El pacto de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos no especificaba si la derogación iba a ser completa, pero enumeraba con claridad prioridades como la recuperación de la vigencia de los convenios caducados (ultraactividad) o la vuelta a la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa.

Asimismo, se hablaba de limitar la subcontratación, la capacidad de la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y el descuelgue salarial, de simplificar el número de contratos, de favorecer el uso del contrato fijo discontinuo y de revisar las causas del despido, entre otras cosas.

Todo ello está incluido en la componente 23 del plan de recuperación enviado a Bruselas, aunque siempre enunciado como asuntos a modernizar y no como cuestiones a derogar de la reforma anterior.

El objetivo, según consta en esta componente del plan es “reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo”.

Nada nuevo, añade hoy Moncloa, donde “se ha constatado” que “el Gobierno está comprometido” con lo establecido en el pacto de coalición y en el plan de recuperación.

PUESTA EN COMÚN DE OPINIONES SOBRE LA REFORMA LABORAL

En apariencia no se ha acordado nada que no estuviera previamente pactado, pero la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha justificado la reunión en la necesidad de poner en común las opiniones de las dos partes del Ejecutivo de cara “a la recta final” de una negociación que se tiene que cerrar antes de que acabe el año.

Según el Ejecutivo, el encuentro se ha celebrado en un “clima positivo y una actitud constructiva”, y que sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento “el Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado”.

Para el PP que se mantenga el compromiso de derogar la reforma de 2012 es “muy mala noticia para el mercado laboral, trabajadores y parados. No es lo que pide Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción”, según su portavoz de Economía, Elvira Rodríguez.

Bruselas lo que ha pedido en reiteradas ocasiones, a ser posible con consenso social y político, es acabar con la elevada temporalidad del mercado laboral y la alta tasa de paro dando seguridad a los trabajadores y flexibilidad a las empresas, cuestiones que tampoco solucionó la reforma del PP.

LOS AGENTES SOCIALES PIDEN UN ÚNICO INTERLOCUTOR

Y los agentes sociales, asisten perplejos a este cruce de declaraciones reclamando un único interlocutor en el Gobierno que sitúe en el centro de la mesa las cuestiones fundamentales de esta reforma.

Así, los sindicatos esperan a la reunión de la mesa de diálogo social de mañana para ver en qué punto está un acuerdo que, a juicio de CCOO, debería incluir también la limitación en el acceso al despido.

Para UGT, es un acuerdo para conseguir reequilibrar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, la ultractividad y que disminuya la tasa de temporalidad debería ser tripartito, aunque sin dar derecho de veto a la patronal.

En la parte empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado en que no se trata de vetar sino de decir lo que no les gusta y ha rechazado de plano el planteamiento del Ministerio de Trabajo de limitar al 15 % la temporalidad en las empresas.