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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, también deja el Ministerio de Escrivá

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, en una imagen de archivo. EFE/Chema Moya

Laura Olías / Irene Castro

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Nueva salida, una más, en el Ministerio de la Seguridad Social. Israel Arroyo, secretario de Estado de la Seguridad Social y 'número dos' del ministro José Luis Escrivá, abandona el cargo y regresa de nuevo a su anterior puesto en la AIRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). La marcha, que en el departamento de Escrivá justifican por “motivos personales” debido al “cansancio” de la legislatura, de gran intensidad normativa, tendrá lugar “en las próximas semanas”. Le sustituirá al frente de la Secretaría de Estado Borja Suárez, hasta ahora mano derecha de Arroyo en su puesto y director general de Ordenación de la Seguridad Social.

La salida de Arroyo se confirma un día después de la noticia de otra marcha, adelantada por elDiario.es, la del secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea. Este volverá a la unidad de discurso de Pedro Sánchez, donde ya había ocupado un cargo previamente.

Los dos responsables se prevé que dejen sus puestos en “las próximas semanas”, indican en el departamento de Escrivá, aunque la fecha está por precisar. Desde la Seguridad Social encuadran las salidas en cambios normales, ya previstos en el Ministerio desde “hace mucho tiempo”.

La marcha de Israel Arroyo se suma a las numerosas bajas en el área de Migraciones, con Jesús Perea como la quinta remodelación que se produce en lo que va de legislatura en este departamento. En el caso de Perea, varias fuentes vinculan su salida con una falta de entendimiento con el ministro.

Pendiente el segundo bloque de la reforma de pensiones

Según el departamento de José Luis Escrivá, Israel Arroyo ya había manifestado hace tiempo su voluntad de “cerrar esta etapa” en el Ejecutivo y regresar a su puesto en la AIReF, por “cansancio” y la gran intensidad de trabajo. En lo que va de mandato, se ha aprobado la primera reforma de pensiones y la ley del ingreso mínimo vital (IMV), junto a la reforma laboral, en la que también ha participado el Ministerio de la Seguridad Social.

Además, se sumó todo el esfuerzo legislativo derivado de la pandemia, con los ERTE y las ayudas de paro de los autónomos, entre otras medidas que negoció el Ministerio de José Luis Escrivá con el de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, con los agentes sociales.

La intención de Israel Arroyo era mantenerse en el puesto para cerrar la ley de los fondos públicos de pensiones, que se vota mañana en el Senado, y la reforma de la cotización de los autónomos, explican desde el Ministerio, para dejar ya la segunda pata de la reforma de pensiones a su sucesor, Borja Suárez. Este afrontará la última parte de la reforma, que debe completar el primer paquete de cambios, bajo la atenta mirada de Bruselas y con un contexto más complejo, menos proclive al consenso.

Complejas negociaciones en la Seguridad Social

Las dos últimas legislaciones que pretende cerrar Israel Arroyo se han complicado mucho. La del fondo público de pensiones tuvo una votación caótica de última hora en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, donde el Ministerio de José Luis Escrivá llegó sin los apoyos atados. Varios grupos parlamentarios criticaron la negociación de la Seguridad Social con los partidos, a varias bandas y con enmiendas incluso “contrarias” entre sí.

El mejor reflejo del caos de la negociación fue el error del PSOE, que apoyó por error el 'destope' de las bases máximas de cotización (eliminar el tope de cotización en los salarios más elevados) que propuso Unidas Podemos. Ambos tuvieron que tumbar las enmiendas en el Pleno, a través de un voto particular.

Por otro lado, la reforma de los autónomos para que coticen según sus ingresos reales también está siendo muy compleja y se está demorando, rozando el límite que se pactó con Bruselas para aprobar la norma: el primer semestre del año. En el departamento de Escrivá confían en que el debate con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales ya esté en sus últimos coletazos y pueda cerrarse con un acuerdo con prontitud.

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