Las tierras agrícolas en Nicaragua no tienen rostro de mujer

Idania Maricela y sus compañeras de cooperativa tienen que alquilar para poder cultivar. Una ley que crearía un fondo para la compra de tierras con equidad de género en Nicaragua, un país mayoritariamente agrícola, sigue durmiendo en el sueño de los justos, 10 años después de haber sido aprobada.

Las campesinas nicaragüenses siguen esperando a que el Estado asigne una partida presupuestaria, como lo establece la Ley Creadora de un Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género, aprobada hace 10 años, para tener acceso a parcelas propias.

Mientras llega ese día, las mujeres continúan trabajando en tierras alquiladas o prestadas para poder producir al menos para su consumo.

CAMPESINAS RENTAN PARCELAS

Ese es el caso de Idania Maricela Moreno, una mujer productora, de 26 años, involucrada en la lucha por el acceso a la tierra desde hace ocho años.

Ella, que pertenece a una cooperativa, no cuenta con tierra propia para cultivar por lo que echa mano del patio de su casa para producir pipianes, yuca, plátanos, chile, limones y aguacates.

“Somos 19 mujeres (en la cooperativa). Vamos a empezar a cultivar en un huerto porque no tenemos tierra y en nuestras casas solamente cultivamos en el patio en pequeños huertos”, explicó Moreno a Efe.

Esa cooperativa renta propiedades para cultivar en la comunidad “Ojo de Agua”, departamento de Chinandega, 142 kilómetros al noroeste de Managua, que forma parte del “corredor seco”, por lo cual los productores enfrentan dificultades para regar sus cultivos.

Moreno dijo que ese grupo de mujeres logró comprar, con recursos propios, media hectárea de tierra, y la van a comenzar a trabajar.

LA TIERRA EMPODERA A LA MUJER

“Para nosotras las mujeres la tierra es algo que nos da poder, porque lo vemos como un activo (con el) que podemos decidir, y nos puede dar seguridad y con ella (tierra) podemos tener acceso a crédito, a recursos y a un crecimiento económico y, sobre todo, independencia”, argumentó Lisseth Escalante, otra productora.

Escalante, de 30 años, es vicepresidenta de la cooperativa Mujeres en Acción y desde los 13 años se involucró en labores del campo.

Ahora ella trabaja en una hectárea de tierra que le heredó su madre y no tiene que incurrir en gastos de alquiler, pero hasta hace algunos años debía rentar tierras para producir.

Escalante, que también es estudiante de Ingeniería Agronómica, es testigo de cómo el alquiler de una hectárea de tierra ha pasado de 18 dólares hasta 200 dólares por cada ciclo productivo de tres meses.

Una de las razones para el incremento en la renta de la tierra es que los grandes productores ofrecen más dinero por hectárea y saca a las campesinas de competencia, según dijo.

Escalante, una mujer morena tostada por el sol y de vivaces ojos negros, se involucró en la lucha por el acceso a la tierra, la que define como “difícil porque venís rompiendo esquemas y venís tocando temas de derechos y sobretodo temas que reivindican un derecho para las mujeres”.

EL ESTADO GUARDA SILENCIO

El 5 de mayo de 2010, la Asamblea Nacional de Nicaragua, luego de numerosas actividades impulsadas por la Coordinadora de Mujeres Rurales, la Asociación de Trabajadores del Campo y otras expresiones cooperativistas, aprobó la Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales.

En 2011, la Coordinadora de Mujeres Rurales, como parte de una campaña de justicia alimentaria, solicitó al Gobierno que le asignara 50 millones de córdobas (unos 1,47 millones de dólares) del presupuesto para beneficiar a 300 campesinas de los departamentos de León y Chinandega por ser los más afectados por la sequía, explicó la presidenta de esa ONG, María Teresa Fernández.

Entre julio y octubre de 2015, 100 mujeres campesinas, designadas por sus organizaciones, enviaron igual número de cartas a la Presidencia de la República exponiendo su situación de pobreza y demandando el cumplimiento de la ley, sin respuesta alguna, contó Fernández, de 63 años y economista de profesión.

“Vamos a seguir trabajando porque esa ley se implemente. Le ha costado a las mujeres. Es una ley de la República y el Estado nicaragüense tiene que cumplir”, argumentó.

El Estado de Nicaragua ha guardado silencio sobre la demanda de las campesinas y no ha explicado el porqué no asigna los recursos para la compra de tierras agrícolas.

El sector agropecuario representa el 20 % del PIB de Nicaragua.

Martha Delgado García