Las instituciones sí funcionan para salvar la unidad de España

Poco después de que Artur Mas firmara el sábado el decreto para la consulta, el Gobierno ya estaba reclamando el pronunciamiento del Consejo del Estado, y el susodicho Consejo de los Puestazos del Estado se reunía el domingo, después de la siesta (miedo dan las dietas), y solventaba el asunto en un par de horas. A la mañana siguiente, el Consejo de Ministros, con la bandera nacional bien custodiada por Soraya, aprobaba los recursos y antes de que empezara el telediario de las nueve, el Tribunal Constitucional había mandado las urnas catalanas al trastero.

Pocas veces antes se tuvo tanta prisa en hacer cumplir la ley en España. Qué coordinación. Qué celeridad. Qué ruedas de prensa con preguntas. Madre mía, por un momento España parecía Suecia –ni vuelva usted mañana ni fangos burocráticos– y Rajoy, más acostumbrado a caminar que a correr, se nos transfiguraba en un Usain Bolt, blanco y con barba, lanzado a la defensa de la unidad nacional al alba y con tiempo duro de levante.

Claro que en las prisas se han adivinado las costuras de un sistema en el que los poderes del Estado están menos separados que el huevo cocido de las patatas en una ensaladilla rusa. Al Tribunal Constitucional le debió de dar tanta vergüenza ajena bailar al son del Gobierno, sin siquiera mantener las mínimas apariencias, que a su repentino pleno del lunes le pusieron el adjetivo de ordinario, por si colaba, aunque, como todo el mundo sabía, el pleno ordinario tuviera previsto reunirse unos días después. El Gobierno y el Constitucional más parecían dos tramposos del mus chivándose la jugada con señas falsas que dos instituciones haciendo su trabajo en una democracia adulta y madura como la nuestra (risas).

Tales han sido las prisas que casi impugnan un referéndum anterior y no me extrañaría que en unos días nos enteremos de que, en realidad, han suspendido por error la ordenanza de limpieza de Madrid (perdón, esa ya está suspendida).

Y todo por no regalarle unos días a la campaña de la consulta, aunque el final fuera a ser el mismo: la suspensión de la consulta.

Para otras cosas no hay tanta necesidad de apretar el paso, por supuesto. A los enfermos de hepatitis C se los puede tener en la sala de espera mientras el Gobierno aclara si pagará su tratamiento; los parados tienen cita para su problemilla en 2023, según la OIT; algunos enfermos de cáncer, seis meses de angustia; y, en general, el pago de la deuda le lleva siempre, por imperativo legal, unos años de ventaja a la Sanidad Pública, la Educación y los Servicios Sociales. Hasta Cáritas se da más prisa que el Gobierno en atender a dos millones y medio de personas.

Mientras los juzgados de media España están colapsados –pese a que han intentado quitarse a los pobres de encima con el peaje de las tasas judiciales– en el Constitucional han levantado todas las barreras para que el recurso del Gobierno no tenga que pasar frío en el portal. No se veía a nadie en el universo judicial actuando con tanta presteza desde aquellas espantadas de los miembros del CGPJ para largarse de fin de semana el jueves por la tarde y no volver a la oficina hasta el martes por la mañana.

Llamadme demagogo pero en un país en el que casi nada funciona del todo bien, o al menos no en el tiempo deseado, con unas instituciones esclerotizadas, una justicia injusta por lenta, y unos políticos más pendientes de buscar su destino que de pensar en el destino de su país, es bochornoso el espectáculo de eficiencia institucional que hemos vivido estos días.

Ha quedado claro. En las instituciones hay dos velocidades: una para la sacrosanta unidad de España y otra para el resto de problemas que no les importan tanto y siempre pueden esperar. Antes una España jodida que una España rota, parecen decir, aunque todavía no se han enterado de que, precisamente, España se rompe de tanto que la están jodiendo.