El Subfluvial de Lamiako: un proyecto que ignora a la ciudadanía y la crisis climática

Conectar Portugalete-Sestao y Leioa-Getxo bajo la ría del Nervión mediante un túnel subfluvial es más que un despilfarro de 543 millones de euros. Es el símbolo de una forma de hacer política que da la espalda a la ciudadanía y a los compromisos climáticos de las Administraciones. Lo que ha ocurrido con este proyecto durante los últimos meses demuestra que la participación ciudadana se ha convertido en una fachada y que los objetivos ambientales son papel mojado cuando hay intereses económicos de por medio.

La participación ciudadana molesta

En el proceso del Subfluvial no se ha respetado ni facilitado la participación ciudadana. Lo que hemos visto ha sido una mera fachada, un simulacro democrático que insulta a la inteligencia. Los hechos hablan por sí solos. A principios de julio, la Agencia Vasca del Agua (URA) abrió un proceso de alegaciones que concluía a finales de mes. Antes de ello, el 17 de julio, semanas antes de que se cerrara el plazo para presentar alegaciones, la Diputación ya había publicado la aprobación definitiva del proyecto. Es decir, se aprobaba el proyecto sin conocer las alegaciones de la ciudadanía. Cabe preguntarse qué sentido tiene esto.

Pero la caricatura de participación es aún peor. Hasta el 22 de julio, la documentación que facilitaba URA para realizar las alegaciones era escasa, obsoleta y contenía errores. Solo a escasos días del cierre del plazo se añadieron más documentos, que seguían conteniendo errores. Y esto no es una “verdad a medias” , como indicó el diputado foral Alzaga, sino un hecho verificable.

Esta secuencia procedimental presenta irregularidades que comprometen gravemente los derechos de participación ciudadana. La documentación escasa, obsoleta y contradictoria limita sustancialmente la capacidad de participación informada de la ciudadanía e impide la incorporación efectiva de las alegaciones.

Ni mitigación de la crisis climática, ni futuro

El Subfluvial es una infraestructura que aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto durante su construcción como en su funcionamiento. Esto va directamente contra los objetivos climáticos de todos los niveles de la Administración, y se intenta llevar a cabo sin un estudio en profundidad de la movilidad y el transporte en el área metropolitana de Bilbao.

Lo anterior no es una opinión. Está reflejado en la propia Declaración de Impacto Ambiental que la Diputación publicó en su boletín oficial. El proyecto contradice frontalmente los compromisos del Pacto Verde Europeo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Cambio Climático 2050 del Gobierno Vasco y los objetivos de descarbonización de la propia Diputación Foral de Bizkaia.

El gasto estimado de 543 millones de euros es una enorme inversión que puede seguir el patrón de sobrecostes ya experimentado en infraestructuras similares, como la autopista SuperSur. Este gasto hipotecaría durante décadas futuras soluciones más acordes con los objetivos climáticos.

Pero hay más. El subfluvial convertiría los entornos cercanos a las bocas de los túneles en auténticas “zonas de sacrificio” tanto durante las obras como una vez en funcionamiento. Durante las obras, los vecinos sufrirían un aumento de la contaminación, el ruido y las vibraciones. Cabe destacar que los niveles de ruido y vibraciones superarían los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa vigente. Recordemos que la contaminación acústica prolongada no constituye solamente una molestia, sino también una violación del derecho fundamental a la vida privada y familiar.

También serían zonas de sacrificio una vez esté en funcionamiento, porque todos los contaminantes generados en los más de tres kilómetros de recorrido subterráneo se liberarían por las bocas. En la margen derecha, éstas están situadas en el parque de Artaza, considerado por la propia Diputación como “pulmón verde de primera magnitud”. Resulta paradójico que se destruya precisamente lo que se supone que hay que proteger. Y no, esto no se compensa con el “estanque” que tienen proyectado.

Faltan también, entre otros, estudios sobre las consecuencias en la salud de las personas de las partículas PM 2.5 y otros contaminantes que se concentrarían en estas zonas. Las emisiones de partículas y contaminantes atmosféricos constituyen factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas. Esto es especialmente preocupante ya que el entorno del parque de Artaza es una zona densamente poblada donde se ubican varios centros escolares, exponiendo a menores de edad a estos impactos ambientales y acústicos.

La incoherencia de las políticas públicas

Lo que estamos viviendo es un divorcio total entre las políticas sectoriales de infraestructuras y las estrategias climáticas integrales. La Diputación por un lado firma compromisos climáticos imprescindibles y por otro aprueba proyectos que van en dirección contraria. Por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima persigue el objetivo de disminuir un uno coma cinco por ciento anual el tráfico interurbano y hasta un treinta y cinco por ciento el tráfico en entornos urbanos para 2030. Sin embargo, la Diputación aprueba infraestructuras que harán exactamente lo contrario: generar más tráfico y más emisiones a través del fenómeno de demanda inducida de movilidad.

Cabe preguntarse cuál es entonces el verdadero objetivo. Como reconoció sin rubor el propio diputado foral Alzaga, parece que las políticas de infraestructuras van más por “dar de comer” a las empresas constructoras. Esta declaración revela una concepción de la inversión pública como instrumento para el mantenimiento del tejido empresarial (¿amigo?) sin tener en cuenta el bienestar ciudadano.

Los datos de la Dirección General de Tráfico muestran que el 85% de los vehículos en situaciones de congestión urbana transportan un único ocupante. Esta proporción evidencia la ineficiencia del modelo de movilidad centrado en el vehículo privado, en contraposición a un enfoque orientado al transporte efectivo de personas y mercancías.

Frente a esta realidad, la alternativa requiere la implementación de un estudio integral que identifique el potencial de movilidad activa, la optimización del transporte público, políticas de ordenación territorial que reduzcan los desplazamientos motorizados y medidas de conciliación trabajo-vida. En definitiva, una política orientada a reducir el uso del vehículo privado. En contraposición, el Subfluvial representa un paradigma obsoleto que perpetúa las dinámicas de insostenibilidad del modelo basado en el automóvil privado.

Una llamada a la movilización

Ante esta situación, solo queda la movilización ciudadana. Por eso es importante acudir a la manifestación que convocamos para el 18 de octubre a las 18:00 en el Arriaga de Bilbao. No se trata solo de protestar contra esta obra concreta. Se trata de exigir un cambio de modelo: que se desarrollen alternativas de movilidad sostenible en lugar de perpetuar la dependencia del vehículo privado.

La urgencia de la mitigación climática requiere una reorientación fundamental de las prioridades de inversión pública hacia soluciones que promuevan la justicia social y la viabilidad ecológica. Los 543 millones de euros de esta infraestructura constituyen un coste de oportunidad que impide el desarrollo de alternativas de movilidad con mayor potencial de reducción de emisiones y mejora de la calidad de vida urbana. Es imperativo que la ciudadanía exijamos a la Diputación de Bizkaia la retirada de este proyecto y que se redirijan los recursos hacia el desarrollo de un sistema de movilidad metropolitano que responda efectivamente a los desafíos ecosociales del siglo XXI.