Crecen casi un 20% las investigaciones de la Fiscalía por corrupción y criminalidad organizada
La petición de una Fiscalía Anticorrupción para Euskadi -apoyada por el fiscal general del Estado y el Consejo Fiscal, se sustenta en datos. La Memoria de la Fiscalía de 2013 revela que las diligencias de investigación abiertas por los fiscales vascos en relación con los delitos contra la Administración Pubica, los delitos económicos y la criminalidad organizada han crecido un 19,49 en 2013, al pasar de 359 en 2012 a las 429 el pasado año.
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, señala que principalmente se refieren a delitos de prevaricación y de malversacion de caudales, aunque también hay investigaciones (hasta 41) por posibles delitos contra el medio ambiente o urbanísticos. ¿Llegan todos ellos a ser investigados por los jueces? Solo algo más de la mitad (el 57%) de ellas llega a ser finalmente judicializadas.
Calparsoro resalta la dificultad y complejidad de investigar estos delitos, que crean una alarma social cada vez más importante entre la ciudadanía, de ahí la petición de que se cree la Fiscalía Anticorrupción en el País Vasco. Pero su creación no va a ser inmediata, dado que el propio fiscal superior de Euskadi reconoce que esa petición “requerirá de un tiempo para su aprobación” que no se atreve a fijar.
La crisis, culpable
Otro de los datos que aflora en la última memoria de la Fiscalía vasca es la influencia de la crisis en el aumento de determinados delitos. Y Calparsoro ha puesto dos ejemplos: el impago de pensiones, que ha experimentado un crecimiento del 44,52% frente a 2012 -pasan de 757 casos a 1.094- o el aumento de los delitos de las personas a las que se les corta la luz por impago y para no morirse de frío o poder seguir cocinando en sus domicilios, tienen que obtener la luz de manera fraudulenta. Estos delitos, tipificados como “defraudación de fluido eléctrico” se han disparado, al pasar de 18 casos en 2012 a los 79 recogidos en la memoria del pasado año (crece un 338,89%). Son datos que “van unidos a la evidente situacióin de crisis economica y cortes de luz producidos por impagos”, señala Calparsoro.
En general, se consolida el descenso de los procedimientos penales ordinarios, con una bajada del 7,50%, tendencia que se mantiene en los últimos años: 2011 (4,40%) y 2012 (1,90%). Los delitos contra el patrimonio Sin embargo, algunos delitos graves que causan una profunda inquietud y alarma entre la ciudadanía, suben. Es el caso de las agresiones sexuales (que suben un 15,14%) o los abusos sexuales (un 13,10%), pese a que los delitos contra la libertad sexual han descendido un 8,32%. O por ejemplo los delitos cometidos por menores de 14 años, personas que por su edad no tienen responsabilidades penales y pasan a ser controlados y supervisados por los servicios sociales de las tres diputaciones. La fiscalía abrió un total de 227 procesos contra menores, fundamentalmente por acoso escolar a otros menores (bien directamente o través de las redes sociales), aunque también por delitos de violencia doméstica. “Es un aspecto preocupante”, reconoció Calparsoro, para quien ese quebranto de la ley a esas edades es ya un “síntoma de peligro”.
