La larga marcha hacia el fin de la “dictadura energética”
El Camino del Sol, una movilización a favor de las energías renovables que recorre las comunidades autónomas desde el 10 de septiembre, recalará en Euskadi el miércoles 23 de septiembre. En concreto, se acercará a la localidad de Oyon, en la comarca de Rioja Alavesa. Esta acción reivindicativa está promovida por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) junto a Greenpeace para denunciar el recorte de primas a las renovables por parte del Gobierno central y concienciar a la gente sobre la importancia de este tipo de energías.
ANPIER ha preparado un autobús didáctico que parará en varias ciudades del país donde se podrá firmar un manifiesto de diez puntos en contra de las grandes empresas energéticas. Según ANPIER, estas empresas “están amparadas por la normativa actual y dañan el medio ambiente. Ya es hora de acabar con la dictadura energética”. En los últimos meses, muchos pequeños productores que invirtieron en la instalación de los paneles solares hace ahora diez años han cerrado. Hace una década, el Gobierno central potenciaba este tipo de energía fotovoltaica, que pronto alcanzó casi el 2 % del total de la energía que se producía en España. Pero desde 2008 se han promulgado varias normativas que han frenado su desarrollo.
Ahora, los pequeños productores se enfrentan al pago de la inversión inicial. Según explican desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, con las condiciones iniciales, para la amortización de la inversión se necesitan entre 12 y 14 años. Ahora más de 20. El hecho es que muchos pequeños inversores han ido a la quiebra, han perdido su instalación y los fondos internacionales están recomprando las instalaciones con una quita. Es decir, cuando el banco se queda con una instalación porque el propietario no ha podido pagar las letras, le rebaja el precio amparándose en la nueva ley y el nuevo comprador la adquiere a un precio más bajo. En algunos casos se llega a pagar hasta un 60 % menos, de manera que a estos fondos sí les resulta rentable el negocio.
“Las tecnologías de generación fósil y nuclear, en manos de las grandes empresas energéticas dañan nuestro medio ambiente, merman la competitividad de las empresas y penalizan un acceso justo a la energía”, denuncian los pequeños productores. “Las energías renovables son ya una solución definitiva, que permite un desarrollo económico sostenible y responsable. Las barreras ya no son tecnológicas; sino empresariales, políticas y normativas”.
Por eso, ANPIER reclama una la política energética que pase a ser una verdadera política de Estado, consensuada con la sociedad civil, el sector y los territorios. También aboga por un “democratizar el acceso a producir energía” y que se reconozca el autoconsumo como un derecho. “Queremos una auditoría de los costes del sistema, para que se conozcan los costes de producción reales de cada una de las tecnologías de generación”.
En total, alrededor de 62.000 familias, animadas por el Gobierno central, para “desarrollar y generar energías limpias y hacer posible un nuevo modelo energético”.
