Vitoria plantea que los jóvenes que logren un alquiler social hagan a cambio trabajos no remunerados

La sociedad pública Ensanche 21 ha puesto en marcha el Programa de Promoción de Vivienda en Alquiler para Jóvenes en Vitoria-Gasteiz 2018-2020. El objetivo: fomentar la emancipación de las personas jóvenes para fomentar el desarrollo de un proyecto personal vital. Sin embargo, algunas bases del borrador han suscitado la crítica de los partidos de la oposición.

En concreto, “el desarrollo comunitario”. Según esta obligación del adjudicatario, Ensanche 21 incluye entre las bases “la dedicación de un mínimo de ocho horas mensuales a trabajos y colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro, colectivos y asociaciones”. El compromiso, además, se firma mediante un impreso obligatorio para las personas beneficiarias del alquiler.

En octubre se inició el plazo para que las formaciones presentasen sus enmiendas e Irabazi ha sumado un total de diez. Ha criticado fuertemente la condición ya mencionada, alegando que “es un hecho grave” porque “hay que garantizar el acceso a la vivienda” y “no tiene sentido exigir una prestación a cambio de facilitar la adquisición de un derecho” según el concejal Óscar Fernández. Al ser una obligación, su incumplimiento podrá suponer la rescisión del contrato de alquiler.

Pero los requisitos no son nuevos. La Convocatoria de Sorteo para la Adjudicación en Alquiler de Viviendas Libres para Jóvenes en el Casco Medieval de Vitoria‐Gasteiz, de abril de 2017, presentaba las mismas bases para acceder a estos alquileres. En ellas se incluían los trabajos comunitarios o los tres años de empadronamiento y esta fue aprobada por mayoría -PP, Bildu, Podemos y el Gobierno municipal- según el acta de aquel consejo de Ensanche 21.

Varios jóvenes se apuntaron al concurso según el Ayuntamiento y las viviendas fueron adjudicadas. Sin embargo, “no pudieron entrar a vivir porque estas fueron ocupadas” según fuentes del Consistorio. Asimismo, aseguran que “la propuesta es una de las acciones del IV Plan Joven trabajado con asociaciones, colectivos, grupos políticos, etc., a la que tampoco ningún grupo opuso rechazo ni planteó propuestas alternativas”.

El consejero de Ensanche 21, Álvaro Iturritxa, ha afirmado que “no es la primera vez que se aplican estas medidas”, refiriéndose a la convocatoria del pasado año. Esta también fue “sometida al criterio de los partidos políticos” y, por ello, el debate que ahora surge “sorprende”.

La reunión para votar esta vez no tiene fecha pero será este mes de noviembre. En ella tendrán lugar las alegaciones y votaciones de los grupos para aprobar un borrador definitivo que, aunque sea igual que el de hace un año, se enfrenta a grandes críticas. Según Irabazi, “el trabajo comunitario debe ser voluntario y, las personas jóvenes, o bien por su dedicación a los estudios o al trabajo, no deben verse en la obligación de realizar un trabajo obligado extra, si no es de forma voluntaria”.

Otros partidos han criticado diversas cuestiones del borrador. Por ejemplo, EH Bildu ha rechazado que solo se ofrezcan diez viviendas. Han recordado que en Olarizu hay varias disponibles que iban a adecuarse, atendiendo al número de jóvenes que solicitan este tipo de alquileres. El Partido Popular, por su parte, afirma que es el Gobierno vasco quien ha de gestionar las condiciones, no el Ayuntamiento.

Fernández defiende también que las viviendas han de adjudicarse según una baremación en función de la renta, no por sorteo: “Puede crear graves injusticias. No tiene sentido que la administración pública reparta 'al azar' un derecho subjetivo como es la vivienda”.

Irabazi considera injusto, a su vez, el requisito de que las personas solicitantes lleven mínimo tres años empadronadas en Vitoria-Gasteiz: “Hay mucha gente que vivía fuera y vuelve, y se encuentran con muchas dificultades por haber perdido el empadronamiento”. Aparte, solicita subir la edad máxima para solicitar estos alquileres de 31 a 35 años.

Otro de los puntos de fricción se da en los contratos eléctricos: se obliga a que las viviendas los firmen con Iberdrola. Según el Ayuntamiento, la razón es que es “más fácil” porque Ensanche 21 tiene todos sus contratos con esta empresa, una medida para agilizar la “gestión administrativa”. En el caso del agua, la empresa suministradora será la municipal AMVISA.